ELA exige “un cambio radical en la política presupuestaria y fiscal”

El sindicato ELA ha presentado un informe sobre el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2015 que considera "imprescindible un cambio radical en la política presupuestaria y fiscal" y un mayor gasto social. Según han explicado en rueda de prensa el responsable del área social, Mikel Noval, y la miembro del Gabinete de Estudios, Julene Gabiola, "en una coyuntura económica como la actual, una mayor presión fiscal y un mayor gasto social son más necesarios que nunca", por lo que "es imprescindible un cambio radical de la política presupuestaria y de la política fiscal", informa Europa Press.

Han indicado también que el gasto público del proyecto del Gobierno vasco asciende a 10.288,4 millones, lo que supone que el Ejecutivo autonómico gastará 327,8 millones menos de lo que debería para mantener el esfuerzo que hizo en 2009. Asimismo, han manifestado que "el gasto en salud vuelve a descender", dado que el Gobierno vasco proyecta destinar 3.390,5 millones de euros a la salud en 2015, un 4,9% del PIB, frente al 5,3% destinado en 2009 y que también disminuye el gasto en Educación.

Según han recordado, el TAV y el pago de la deuda son la "excepción a los recortes". En ese sentido, han indicado, entre los años 2009 y 2015 el gasto del Gobierno vasco en deuda pública ha crecido en 900 millones y en ese mismo periodo los recortes en salud, educación y vivienda ascienden a 490 millones. A su juicio, la deuda del Gobierno vasco se debe a la caída de los recursos públicos que se ha dado como consecuencia de "la injusta política tributaria aplicada", por lo que han abordado por "una reflexión sobre la legitimidad de esa deuda, así como sobre su devolución".

Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado que "más allá de propaganda, siguen las políticas de ajuste" y que "exactamente igual que las aplica Rajoy en España, Barcina en Navarra, las aplica el Gobierno de Urkullu" en la Comunidad Autónoma Vasca.

A su juicio, los Presupuestos presentados tienen "unos precedentes", al tiempo que le parece "tremendo desde un punto de vista del déficit democrático, que no exista debate político sobre la decisión del Consejo vasco de Finanzas, en la que está incluido "el tipo de Presupuestos que vamos a sufrir en Diputaciones, en Ayuntamientos y en el Gobierno vasco".

Según ha dicho, el acuerdo del Consejo vasco de Finanzas "desaprovecha la política fiscal para luchar contra la desigualdad". "En ese acuerdo -ha dicho- estuvieron el PNV, el PP y Bildu y supone que, por lo menos para el año que viene renunciar a la alternativa fiscal para luchar contra la desigualdad en nuestra sociedad".

A su juicio, el Gobierno está haciendo "mucha propaganda". Muñoz ha afirmado que acordar el déficit con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy supone 200 millones menos de gasto "en una situación de muchas necesidades sociales".

Ha recordado también que el pago de deuda en el proyecto de Cuentas supone casi el 10% del presupuesto, y que el nivel de deuda tiene una "tremenda relación" con la política fiscal que se está llevando a cabo, en la medida en que "si se da por bueno que estamos a la cola en presión fiscal, seguiremos estando a la cola en gasto social y en la aportación que el Gobierno hace a una coyuntura de crisis".

Muñoz ha asegurado que no se puede "sacar pecho siento los últimos de la cola" en gasto. En ese sentido, ha dicho que el Presupuesto del Gobierno vasco tiene un porcentaje alto destinado al gasto social, porque "lo que gestiona es gasto social, no porque el nivel de gasto respecto a la riqueza de la sociedad sea más alto".

En ese sentido, ha afirmado que hay que comparar el gasto en sanidad, el gasto en educación y en prestaciones sociales con el PIB y en Sanidad "somos los cuartos por la cola en la OCDE y en Educación somos los últimos de la cola, por lo que pretender sacar pecho con estos datos es, cuanto menos, muy denunciable".

En relación a prestaciones sociales, ha afirmado que el alcalde de Vitoria, "tiene una campaña montada, pensado que hay réditos electorales usando el componente xenófobo". A juicio de Muñoz, la mejor manera de defender las prestaciones sociales en contra de los componentes xenófobos "no es mandar 66.000 cartas a los perceptores de ayudas sociales porque si hay 66.000 irregularidades, el que tendría que presentar su dimisión es el consejero".