Luz verde a cambiar la ley de los ‘expresidents’ tras el caso Pujol

El Parlament aprobó ayer tramitar la modificación de la ley de los estatutos de los expresidentes de la Generalitat de 2003 y que fija las prerrogativas y privilegios de quienes han ostentado ese cargo. La proposición de ley fue registrada por Iniciativa per Catalunya cuatro días después de que Jordi Pujol confesara su colosal fraude fiscal y persigue establecer por ley cómo actuar si un expresidente ha sido condenado o bien si no se ajusta a la honorabilidad. La propuesta gozó del apoyo de CiU y fueron rechazadas las modificaciones de PP y Ciutadans.

“Es un deber democrático”, dijo el diputado ecosocialista Jaume Bosch, señalando que existe ahora un vacío y que debía incluirse ese mecanismo en la ley. Pujol ya renunció a todos sus privilegios como la oficina de la presidencia de la Generalitat y a su salario pero los ecosocialistas quieren que los pasos se fijen en la norma. David Bonvehí (CiU) esgrimió su apoyo a la tramitación porque considera que busca perfeccionar la ley la frente a las propuestas de PP y Ciutadans que buscan, dijo, ir contra Pujol o derogar la ley de los expresidentes.

El PP y Ciutadans presentaron sus proposiciones días después de la de ICV —“En el colegio me enseñaron que no se debe copiar”, les afeó Bosch— pero ambas fueron rechazadas. Pere Calbó (PP) defendió que debe ser el Parlament el que retire los privilegios” siempre que haya una condena firme o se hayan reconocido delitos. Albert Rivera, de Ciutadans, consideró que las oficinas de los expresidentes deben desaparecer porque cree que está injustificado que dispongan de una oficina, tres funcionarios, una secretaria y un chófer cuando no se puede garantizar el sueldo de los funcionarios. Iniciativa se desmarcó de las propuestas de PP y Ciutadans. “Con partidos que usurpan funciones a la Fiscalía o quieren procesar a Mas no vamos ni a la vuelta de la esquina”, afirmó Bosch. “Ustedes no quieren dignificar esta institución”.