El fiscal pide cárcel para Olivas, expresidente del Consell y de Bancaja

La fiscalía ha pedido tres años de cárcel para José Luis Olivas, uno de los protagonistas políticos y económicos de Valencia en la década pasada. Olivas presidió unos meses la Generalitat y varios años Bancaja y Banco de Valencia antes de convertirse en 2011 en el número dos de Bankia. El fiscal mantiene que cometió un delito fiscal y otro de falsedad documental en una operación con el empresario Vicente Cotino, que pagó desde la compañía Sedesa medio millón de euros a Imarol S. L., una sociedad propiedad de Olivas y su esposa, en el año 2008.

Tanto el exdirectivo bancario como el empresario han negado los hechos, pero el fiscal no ha aceptado las explicaciones y ha solicitado al juez que abra juicio contra ellos.

“Actuando ambos de acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública decidieron que una transferencia por importe de 500.000 euros más 80.000 de IVA, que hizo Sedesa Inversiones a Imarol S. L. y cuya causa y finalidad se desconoce, fuera contabilizada y consignada en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008” como “gasto deducible” por el grupo en el que estaba integrado Sedesa, señala el fiscal en la calificación de los hechos conocida este lunes y que ha enviado al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia.

Con el presunto objetivo de avalar la deducción tributaria, prosigue el fiscal, “los acusados crearon un documento que aparentaba ser una factura firmada por José Luis Olivas, la única que emitió Imarol S. L. en 2008”. En ella constaba que el pago de 580.000 euros correspondía “a unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa Inversiones a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos”.

Según la fiscalía, ese trabajo “de gestión y asesoramiento” en realidad “no existió”, ni la empresa de Olivas tuvo “intervención alguna” en la venta. El abono del medio millón de euros habría sido según su punto de vista “una liberalidad” que Vicente Cotino, sobrino del dimitido presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, tuvo hacia el entonces responsable del Grupo Bancaja. Y por ello “en ningún caso puede ser considerada gasto deducible”. Este periódico ha intentado sin conseguirlo recabar la opinión de los imputados, que se han opuesto a las tesis del fiscal desde el inicio del procedimiento. En un comunicado enviado a Efe, Olivas aseguró que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que, asegura, podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.

El escrito de acusación indica que cuando la Agencia Tributaria pidió a Olivas acreditar los servicios prestados a Sedesa, el exdirectivo aportó “un informe de tres páginas firmado por su esposa”. El documento, “cuyo título es Operación Parques Eólicos Valencianos, no respondía a ninguna gestión llevada a cabo para dicha venta ni contenía ninguna información útil para ella”.

Considerar el pago de los 580.000 euros como gasto deducible permitió al grupo Asedes Capital, al que pertenecía Sedesa, abonar en el impuesto de sociedades una cantidad “inferior en 150.000 euros a la debida”, sostiene el fiscal.

El juez decidirá ahora si abre juicio oral contra Cotino y Olivas. No lo hará contra la esposa de este último, que estaba imputada pero para quien la fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional al no haber encontrado “indicios suficientes” de su participación en los hechos.

El fiscal solicita para los acusados dos años de prisión por el supuesto delito fiscal. Y otro año por la presunta falsedad documental. También reclama que se les imponga una multa de 200.000 a cada uno y que indemnicen conjuntamente a Hacienda con 150.000 euros más el interés legal correspondiente.

Olivas, presidente de la Generalitat con los populares durante menos de un año entre 2002 y 2003, tiene abiertos varios frentes judiciales. Se halla imputado en el caso Bankia, en el del Banco de Valencia, y en el que investiga supuestas irregularidades en la venta de acciones del Valencia CF. Vicente Cotino, por su parte, está imputado en el caso Gürtel.

El líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, afirmó tras conocerse la noticia que Olivas era “una mancha para todos los valencianos”. El portavoz de Compromís, Enric Morera, incidió en el “desprestigio” que suponía para el “autogobierno”. Y Marga Sanz, coordinadora de EU, instó al presidente Alberto Fabra a pedir “perdón” por la nueva acusación contra un antiguo dirigente de su partido.