Una red con acceso a ministros, conselleiros y altos cargos

“El presidente me conoce más por mi segundo apellido —Riestra— de Pontevedra”, escribe en enero de 2012 el empresario coruñés Gerardo Crespo a Fátima Báñez, recién estrenada ministra de Trabajo del Gobierno de Mariano Rajoy. Un correo electrónico de presentación, destapado por la investigación policial, en el que Crespo, al pedir ayuda a la ministra para que una de sus asociaciones no pierda voz, voto y subvenciones ante la Administración, la invita a pedir referencias sobre él “a través” de sus compañeros del Gobierno Ana Pastor —”nos conocemos desde hace mucho tiempo”— y Cristóbal Montoro o el ahora titular del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, “o el propio presidente” del Gobierno.

 Ya está abierta por aquel entonces, aunque bajo secreto sumarial, la investigación judicial de la Operación Zeta, una trama para defraudar millones en subvenciones y adjudicaciones públicas de formación y empleo que dirigen Crespo, con una multitud de entidades y empresas incluso ficticias, y los también coruñeses Eliseo Calviño y Francisco Javier Pérez Bello. Son presidentes, respectivamente, de dos organizaciones sin socios ni representación, la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), que solo buscan, acusa la unidad de la policía a cargo de esta exhaustiva investigación, captar ayudas de las Administraciones.

Tres hombres, ahora imputados por varios delitos en el abultado sumario de 25 tomos del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que recurren continuamente a sus relaciones con los más altos dirigentes del PP, tanto en Galicia como en Madrid, para pedir favores, ayuda para seguir recibiendo y malversando cientos de miles de euros del erario público destinado en teoría a cursos para trabajadores o parados. Crespo, Calviño y Pérez Bello actúan juntos para facturar y repartirse cuantiosos beneficios de cursos subvencionados que ni siquiera se organizan, según las pesquisas policiales. Y hacen valer su influencia en el partido de Rajoy y Feijóo hasta que, con los registros policiales en las sedes de sus entidades y sus domicilios, en junio de 2012, se supiera del sumario judicial.

No en vano, como recuerda en mayo de 2010 Pérez Bello en una carta al presidente de la Xunta, Feaga, fundadora de Caype, “nació en Galicia desde el Partido Popular, siendo nuestro fundador y primer presidente el exsenador Alvaro Someso". Pero en ese momento gobierna el PSOE de Rodríguez Zapatero y Caype está a punto de perder “la certificación de suficiente implantación en el ámbito estatal, que viene disfrutando desde el año 2004”. Solo en 2009 le permitió “ejecutar una partida para formación superior a 1,3 millones de euros”, remarca en su misiva Pérez Bello. Reclama de Feijóo “su intercesión urgente” para evitar que “queden como únicas organizaciones certificadas aquellas afines al propio Gobierno y al Partido Socialista”.

“Con las arcas bien llenas y el apoyo mediático del Gobierno”, se llevarán el voto y el dinero para los autónomos. “No será porque no lo hayamos advertido hasta la saciedad a cuantas personas del partido han querido escuchar desde hace más de 10 años, en escritos dirigidos a Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy o José Manuel Romay”, afirma Pérez Bello. Y añade: “Estamos seguros que bastaría una llamada del presidente de la Xunta o de su conselleira de Traballo a las personas indicadas para que esta situación pudiese revertir”.

Tres días antes de esta misiva, es la secretaria general de Feaga, en nombre de su presidente, la que solicita por correo electrónico audiencia urgente con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato. No consta en el sumario la respuesta. Pero tres meses después, hay una nueva solicitud concreta: “Necesitamos hablar contigo, aunque sea tomando un café, para comentarte varias cosas de dentro y fuera de esta casa que están surgiendo”. El sumario sí incorpora el correo confirmando la entrevista solicitada por Pérez Bello con la entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Es otra de los dirigentes de la cúpula del PP que reciben sin problemas a los principales implicados en este fraude.

Crespo también presume de relaciones fluidas con los más poderosos de su partido. Y más con los de la Xunta, en concreto la conselleira de Traballo, cuyo director general, Odilo Martiná, dimitió a finales de septiembre ante su citación a declarar por este caso ante la policía. Cuando su amigo y socio Eliseo Calviño se queja de la complicada situación de Caype para poner pegas al pago de una deuda de 48.000 euros que le reclama la entidad de Crespo, Azetanet, éste le recuerda en un correo electrónico de finales de 2011 todos los contactos que le facilitó: “Cada vez que voy a la Xunta a hablar con Ana o Bea, le recuerdo los temas de Caype”. “Te senté al lado de Andrés Hermida” en unas jornadas en Madrid, dice Crespo en referencia al exdirector de Promoción de Empleo de la consellería de Mato, ahora secretario de Estado de Pesca. “Sabes que organicé encuentros con Carlos para que pudieras exponer tus necesidades” añade en referencia a Negreira, alcalde de A Coruña. Pero no sirve de nada. “Por mi parte he quemado las naves, nadie me escucha cuando intento hablar de Caype”, asevera el empresario coruñés.

Su queja es amarga en otro correo sobre lo mucho que ayudó al regidor del PP cuando estaba en la oposición y lo poco que obtiene desde que logró en mayo de 2011 el bastón de mando. Pero Crespo seguía teniendo comunicación constante con Negreira, “al que le daba cuenta de los concursos a los que se presentaba, así como futuras acciones judiciales o la participación de entidades en las que formaba parte", recopila la policía en su investigación iniciada en 2011.