La naviera P&O recurre la sentencia de 11 millones por los bonos del ferry

La naviera británica P&O, responsable del ferry Pride of Bilbao activo hasta 2011, no pagará tan fácilmente a la Diputación de Bizkaia los 11,2 millones de euros de multa por los que le condenó el Tribunal Supremo. Antes gastará todos sus recursos. La empresa, con sede en Dover, presentó el 17 de octubre, su primera apelación a la causa en el Tribunal Supremo, a la que seguirán —si este no es aceptado— recursos en el Tribunal Constitucional y, posiblemente, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que podría retrasar la devolución del dinero durante años.

La empresa británica explicó hace un par de semanas que su defensa argumentará que es algo ya juzgado (según el principio res iudicata) y que, por tanto, “no se atiene al derecho fundamental de un juicio justo” contemplado en el artículo 24 de la Constitución española. La empresa entiende que se han puesto en cuestión anteriores resoluciones sobre el mismo caso. Pedirá, asimismo, que se suspenda la devolución monetaria durante el tiempo que se estudia el recurso. Algo que, de no cumplirse, podría hacerle tener que pagar la cantidad igualmente durante el tiempo que duren los recursos.

Antes de la sentencia del Supremo favorable a Diputación, tanto un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia de Bizkaia habían rechazado la demanda, que pedía la devolución del valor de unos bonos nunca utilizados comprados por la institución foral. Los juzgados señalaron que no existían dichos billetes, y que la empresa no se había beneficiado.

Las fuentes judiciales consultadas subrayaron en su día, aun así, el “bajo porcentaje” de admisión de este tipo de recurso de amparo. “Son muchas cribas” y requiere un carácter “excepcional” en la “admisión y en la estimación”, apuntan.

Cada escalón que avancen, además, las posibilidades serán más remotas. En 2007 la Comisión Europea consideró ayuda de Estado el acuerdo alcanzado por la Diputación de Bizkaia y la empresa del ferry Santurtzi-Portsmouth para la compra de 46.500 vales para viajar en esta línea, lo que comenzó todo el recorrido de los problemas. Un juzgado de Bilbao obligó a ambas partes a devolver las subvenciones y los billetes, pero la Diputación, sin embargo, no pudo restituir la mayoría dado que ya aparentemente no existían físicamente. Tuvo que adelantar el pago a la empresa por los 9,6 millones en los que estaban valorados. La naviera cerró en 2010, y los bonos nunca se devolvieron.