El lío de los bonos del 'ferry'

La Diputación de Vizcaya calificó ayer el informe del Tribunal de Cuentas de "claro error" y negó cualquier "pérdida patrimonial" -que el tribunal ha cifrado en 9,7 millones- en el caso de la desaparición de 35.707 bonos de viaje del ferry Pride of Bilbao. Esta polémica, que ya es investigada por la Fiscalía al haber pedido información a la Diputación, llegó ayer a las Juntas Generales y aportó dos novedades.

La primera, que la institución foral sigue utilizando los billetes tras haber pagado el importe de los mismos por 9,7 millones a la empresa del ferry (la compañía P&O), con lo que se incumpliría la resolución de la Comisión Europea que lo consideró ayudas de Estado. La segunda, que los bonos desaparecieron en 1999, según la diputada foral de Transportes Pilar Ardanza, cuando esta área estaba dirigida por el PSE, partido que lo negó tajantemente. Las explicaciones forales no convencieron a la oposición, que planteó y logró, con el voto unánime de los grupos, que comparezca ante las Juntas el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas para tratar de aclarar el asunto.

El presidente del Tribunal de Cuentas comparecerá en las Juntas por este caso

- Cómo surge el cas0. El asunto se remonta a 1992, cuando la Diputación y el Gobierno vasco acordaron subvencionar la puesta en marcha del ferry que une el Puerto de Bilbao con Portsmouth (Inglaterra). Las ayudas fueron denunciadas ante la UE por Brittany Ferries, que explota el servicio a la misma ciudad inglesa desde Santander, y le dieron la razón. La Diputación persistió en sus subvenciones y en 1995 aprobó otro acuerdo, en solitario, que suponía adquirir 46.500 bonos de viaje por 5,9 millones, lo que también fue calificado de ilegal por la UE.

- La devolución de las ayudas. Bruselas dijo que su resolución debía ejecutarse según la legislación española, por lo que la Diputación llevó a juicio a P&O. En 2007 se condenó a la compañía a devolver 13 millones (intereses incluidos) a la Diputación. La institución foral tuvo que abonar a la empresa 3,2 millones (también con los intereses) por los 10.735 bonos canjeados hasta 2003. De los 35.707 restantes, la Diputación adujo que no existía "depositado ninguno" de ellos, por lo que tuvo que abonar a P&O otros 9,7 millones, el asunto central del caso, ya que si hubieran existido los bonos no habría sido necesario el desembolso del dinero por la institución foral.

- ¿Cómo desaparecieron los bonos? La diputada de Urbanismo dijo ayer que la investigación interna realizada los dos últimos años ha determinado que "hubo destrucción de bonos con anterioridad a 1999", cuando el área de Transportes era dirigida por el PSE. Los socialistas lo negaron. "En 1999 existían y se siguieron utilizando", dijo su portavoz, Alexia Castelo. La diputada foral aseguró que ese año se cambió el sistema (en vez de bonos, el director de Transporte entrega un acta con los billetes a canjear para utilizar el ferry, pero sin una entrega efectiva de los talones, que eran al portador). Pero el informe del Tribunal de Cuentas que constató la perdida patrimonial dice que el Departamento de Transportes les informó de que el cambio de sistema se realiza a partir de 2001. "Respecto a los años anteriores a 2001 no consta la operativa llevada a cabo por la Diputación", dice el tribunal.

- Pérdida patrimonial o nuevo incumplimiento de la resolución de la UE. La Diputación adujo ayer que no ha habido pérdida patrimonial, ya que los 9,7 millones abonados por los 35.707 bonos destruidos se están recuperando. Se basa en que, en un párrafo del fallo, se dice que los bonos pueden ser convertidos en billetes, aunque acto seguido el juzgado habla de restituirlos, y si no existen, que se debe pagar por ellos. Pilar Ardanza apuntó que en estos años "se han producido canjes de viajes-bonos aceptados sin discusión por P&O". Carlos Olazabal, portavoz del PP, partido que ha llevado el caso a la Fiscalía, advirtió a Ardanza de "las consecuencias jurídicas" de sus declaraciones, porque si se siguen facilitando billetes "se incumple la decisión de la Comisión Europea" y persistirían las ayudas ilegales.

- El recelo de la oposición. La diputada de Urbanismo valoró que la existencia "física" de los bonos es "intrascendente" al cambiarse el sistema por las actas y valoró que el Tribunal de Cuentas cometió un "claro error al apreciar presunto perjuicio patrimonial, que no existe como hemos demostrado". El PP insistió en el contundente informe del tribunal y resaltó que, a diferencia de la práctica habitual de la Diputación con otras auditorías, no se había realizado ninguna alegación. Olazabal, que al igual que el PSE censuró que no acudiera a las Juntas el diputado general José Luis Bilbao en un asunto de "tal entidad", preguntó por qué se abrió un expediente interno si la existencia física de los bonos era "intrascendente". Inquirió sobre las razones de que desde julio "se ha negado información" sobre el asunto y por qué no se aportó información del nuevo sistema al Tribunal de Cuentas. El PSE calificó de "falsedad" que los bonos se destruyeran en 1999.