El Tribunal de Cuentas nacional investiga el caso del 'ferry'

El caso de los bonos del ferry Pride of Bilbao tiene muchos visos de acabar finalmente en los juzgados. El Tribunal de Cuentas español ha abierto una investigación para decidir si presenta una denuncia en los tribunales por la supuesta pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros por parte de la Diputación de Vizcaya. El órgano fiscalizador estatal comunicó la pasada semana al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que asumía este caso como "objeto de enjuiciamiento". La normativa impide a los tribunales autónomicos llevar los incumplimientos de la ley a los juzgados, posibilidad que sí tiene el Tribunal de Cuentas central.

Estos datos fueron revelados ayer por el presidente del órgano fiscalizador vasco, José Ignacio Martínez Churiaque, en una larga comparecencia (cuatro horas) en las Juntas Generales vizcaínas en la que detalló la auditoría que desveló la pérdida de los 9,7 millones de euros y ha desencadenado esta polémica. El caso está siendo investigado desde noviembre pasado por la Fiscalía vasca. El próximo lunes ha sido llamado a declarar Carlos Olazabal, portavoz del PP en juntas, que primero denunció el caso.

Confirma en las Juntas la pérdida patrimonial de 9,7 millones de euros

El problema se remonta a 1995, cuando la Diputación vizcaína compró a la empresa P&O (que gestiona el ferry Bilbao-Porsmouth) más de 46.500 billetes como ayuda al servicio marítimo, una operación declarada después ilegal por la CE por ser ayuda de Estado. Tras un fallo judicial, la empresa tuvo que devolver 13 millones a la Diputación y ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.735 bonos canjeados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones por los 35.707 restantes que ya no existían físicamente y cuyo destino se desconoce. Ésta es la cuestión: si hubieran existido los bonos no habría sido necesario pagar los 9,7 millones.

Martínez Churiaque explicó que, con el canje de esos 35.707 bonos, la Diputación había tenido un saldo positivo de 3,9 millones. Pero, al no hacerlo, "se han tenido que pagar 5,8 millones, lo que supone un descenso en la tesorería de 9,7 millones".

Explicó que la sentencia anulaba el convenio y obligó a la empresa a devolver la ayuda pública y a la Diputación, los bonos. Pero, con lo ocurrido, la institución foral "ha pagado dos veces" por éstos. Rechazó también el argumento foral de que no hay pérdida patrimonial porque, tras el fallo en 2007, ha seguido canjeando bonos. "Sólo puede haber restitución; no puede haber uso, porque es lo que la UE ha calificado ayudas del Estado", en la línea de la oposición de que se estaría cometiendo una nueva ilegalidad al utilizarlos.

Martínez Churiaque aseguró que la Diputación -que esta década cambió el sistema de los bonos por documentos de canje- podía haber realizado un acta similar con los 35.707 desaparecidos y así obligar a la naviera a pagarle.