Trias investiga si 1.211 pisos de la Barceloneta son de uso turístico

El Ayuntamiento de Barcelona no ha podido determinar, por ahora, si el 14% de las viviendas de la Barceloneta se utiliza como apartamento turístico ilegal. Los tres equipos —formados, cada uno, por un inspector y un agente de la Guardia Urbana— han terminado de peinar el barrio esta semana. Pero su labor no ha acabado. Siguen sin poder descartar que 1.211 de los 8.686 pisos que hay en la zona se destinen a esta actividad, según los datos presentados el pasado jueves por la concejal del distrito, Mercè Homs, en su reunión con la comisión vecinal y a los que ha accedido EL PAÍS. El consistorio dirigido por Xavier Trias seguirá investigando el uso de esos inmuebles.

El plan de inspección que el Ayuntamiento activó el pasado 25 de agosto como respuesta a las protestas de los residentes del barrio —que acusaban de actos incívicos a los huéspedes de estos alojamientos— ha detectado 170 apartamentos turísticos ilegales. Esas actuaciones dieron pie a 155 expedientes (se abren por cada propietario y no por cada inmueble).

Aún quedan, sin embargo, más de un millar de locales sospechosos. Los inspectores no pudieron verificar que se ejerza esta actividad ilegal en 995 pisos porque no había nadie cuando los visitaron o estaban en obras. Tampoco consiguieron pruebas suficientes en el caso de 216 viviendas pese a que otros habitantes de la misma finca las señalaron como apartamentos turísticos.

Los residentes de la Barceloneta están convencidos de que la mayoría son pisos turísticos sin licencia. “Muchos de los que reforman los pisos lo hacen para alquilárselos a turistas”, asegura un portavoz de los vecinos. A esto se suma el hecho de que las inspecciones comenzaron a finales de verano y algunos de estos apartamentos solo se alquilan en temporada. “Algunos se han asustado con todo el jaleo y tememos que esperen a que se calme para volver”, afirma Manuel Polay, otro vecino del barrio.

Antes del conflicto, eran 113 los expedientes abiertos a apartamentos turísticos en el barrio, algunos desde 2011, según fuentes municipales. Las inspecciones aceleraron el cierre de unos y añadieron otros a la lista, dejando un saldo de nueve locales precintados y 178 expedientes que pueden acabar en sanciones de entre 9.000 y 90.000 euros. De estos, 155 surgieron a partir de las protestas, según informó Homs.

La concejal también afirmó que la Administración local envió una amonestación por escrito a 17 portales de internet que ofrecen este tipo de alojamientos. Entre ellos está Airbnb, al que la Generalitat ya puso una multa de 30.000 euros el pasado mes de julio. Según la normativa, cualquier publicidad de apartamentos turísticos debe mostrar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña, por lo que solo aquellos que cuentan con licencia pueden anunciarse en estas páginas. De momento, ni el Gobierno autonómico ni el local están investigando a los propietarios por estos anuncios y más bien han puesto el foco en los portales. Pero de hacerlo, los dueños podrían recibir sanciones de hasta 3.000 euros.

Los vecinos creen que los resultados son insuficientes. “Vienen los inspectores, pero ¿qué van a hacer si nadie les abre la puerta? El Ayuntamiento debe citar a los dueños y obligarlos a comparecer en un día y una hora determinada”, opina Carlos Álvarez, un vecino de 64 años.