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OPINIÓN

Entre presente y futuro

CiU lleva demasiado plomo en las alas para volar a Ítaca

La consulta del 9-N es una hoja en blanco en la que cada uno dibuja y colorea a su gusto el futuro de Cataluña. Buena parte de los ciudadanos han puesto sus esperanzas en un horizonte azul en el que nada será como en la actualidad. La ruptura con España dará paso a una sociedad en la que la se combatirá la pobreza y la precariedad, los ciudadanos pagarán sus impuestos y la corrupción será cosa del pasado. Esos son colores básicos de los independentistas que el Gobierno catalán trata de hacer suyos para dibujar la Arcadia del bienestar. Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales —7.715 millones de euros entre 2009 y 2013— habrán pasado a la historia y nadie se acordará de los 6.698 millones de euros que, según cálculos de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, han supuesto los intereses de la deuda pública en esos mismos cinco años.

En la nueva Cataluña dejarán de hacerse decretos de pobreza energética sin partida presupuestaria —factura que ahora pagan entidades sociales y ayuntamientos—, con formularios pensados para que Josef K. se estrelle una y otra vez al hacer la petición: solo unas 800 personas han burlado al Guardián kafkiano y han logrado beneficiarse del decreto, que para rizar el rizo de la trama ha sido recurrido ante Tribunal Constitucional por el Gobierno español. Pero huyamos de las contingencias del presente, coloreemos el futuro. Las medidas para luchar contra el riesgo de exclusión social —que afecta al 20% de la población en Cataluña— serán una realidad, porque ya se habrá firmado el pacto contra la pobreza (que lleva más de seis meses esperando rúbrica). El Instituto Catalán de la Salud dejará de tener como bandera los recortes y la precariedad laboral de sus empleados. Se acabará con episodios como las 47.807 contrataciones súper-temporales -desde unas horas a un mes- de personal sanitario que ha hecho el ICS entre enero y agosto de este año en concepto de refuerzo o sustitución, desde celadores hasta cirujanos.

Y todo esto sucederá porque el déficit fiscal ya será historia. Los ingresos de la Administración catalana aumentarán en 16.500 millones de euros al año. Y aunque las estructuras Estado se coman unos 4.000 millones, quedarán casi 12.000 millones de euros para aplicar en políticas de la nueva Arcadia.

En ese prometedor futuro se consagrará la división de poderes. Montesquieu estará más vivo que nunca, no como en España donde hace años el mismísimo Alfonso Guerra le extendió sin pudor y en público el certificado de defunción. Se supone que ya no habrá lugar para lo que sucede hoy día incluso en Cataluña. La nueva Convergència no actuará como la vieja actual. Se acabarán los regímenes abiertos para los delincuentes que han sido obligados por los tribunales a cumplir la sentencia entre rejas.

Los virus procedentes de España no lo contaminarán todo como ahora sucede. Porque el contagio es la única explicación para entender que el Departamento de Justicia de la Generalitat haya dado régimen abierto a Vicenç Gavaldà, ex secretario de organización de Unió condenado por el caso Pallerols de financiación ilegal del partido democristiano. Gavaldà debía cumplir siete meses en prisión, pero a los 45 ya estaba fuera. Precisamente la Sala Segunda de la Audiencia de Barcelona rechazó la suspensión de pena con el argumento de que se debe “intimidar a todos aquellos ciudadanos / políticos que pudieran sentirse tentados por la corrupción” para que “interioricen la necesidad de ajustar su actuación a los criterios de la ética política”. “Lo contrario”, según la sentencia equivaldría a “una cuasi unanimidad de políticos y poderosos que sucumbieron a las ventajas que proporciona el ejercicio del poder”. Pues bien, ahora mismo Gavaldà goza de régimen abierto y sólo duerme en prisión de lunes a jueves. Para facilitarle el desplazamiento, el departamento ha cambiado la cárcel de Brians 1 por la céntrica Modelo.

El caso tiene precedentes. Hace dos años, el Departamento de Justicia hizo exactamente lo mismo con dos directivos de Ferrocarriles de la Generalitat que malversaron 2,7 millones de euros. El presidente Artur Mas lo consideró “enmarcado dentro de la lógica de la legalidad”. Unas semanas más tarde, la Audiencia de Barcelona dio la razón a los jueces de vigilancia penitenciaria y la “lógica de la legalidad” se fue al traste: anularon el tercer grado y obligaron a Enric Roig y Antoni Herce a volver a la prisión.

El pasivo político de Convergència pesa mucho. Con un fundador defraudador confeso --Jordi Pujol-- y la sede embargada judicialmente --caso Palau-- no es fácil levantar el vuelo hacia Ítaca. CiU lleva demasiado plomo en las alas y sus promesas de futuro resultan desmentidas por su acción de gobierno. La llista de país que CDC defiende para las próximas elecciones que quiere plebiscitarias es un buen intento de pasar página y borrar huellas. Pero la historia y los hechos hablan por sí solos.