El ruinoso negocio de Oleguer

Las Islas Canarias no han sido las afortunadas para los negocios de Oleguer Pujol. La fulgurante irrupción del hijo menor del expresidente catalán en el sector turístico del archipiélago, en el que invirtió más de 50 millones de euros en 2006 y 2007, ha acabado en un fracaso que acumula perdidas estimadas en casi 20 millones. Los fallidos negocios han llevado además al fondo de inversión holandés Drago —para el que trabajaba Pujol hasta inicios de 2013— a enfrentarse en los tribunales con uno de sus antiguos socios, el Royal Bank of Scotland (RBS), al que ahora trata de endosarle parte de sus números rojos.

Oleguer Pujol —interrogado el pasado jueves tras ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública tras una querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona— aterrizó en Gran Canaria en septiembre de 2006 a través de la sociedad Servifonia Plus. Fue entonces cuando el hoy puso en marcha una inversión de 36 millones de euros para comprar el hotel Costa Canaria, situado en la playa de San Agustín. La operación fue financiada con un crédito de RBS de 22 millones y el resto lo asumió el fondo Drago Mediterranean Holdings Coöperatief, dueña del 100% de Servifonia, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y fuentes conocedoras de la inversión. Drago Capital, propiedad entonces de Pujol y su socio Luis Iglesias, gestionaba en España las inversiones del fondo holandés, que maneja recursos de grandes compañías internacionales.

El proyecto, sin embargo, empezó a generar pérdidas casi desde el primer momento. “El hotel notó el principio de la crisis”, explica una persona que participó en el negocio. “Esto, las condiciones de financiación y el duro contrato firmado con la cadena Iberostar para gestionar el hotel acabaron por hacer el negocio inviable”, añade esta fuente.

Un hotel comprado por 36 millones acabó subastado por solo 21

Drago Capital trató de renegociar durante más de un año la financiación de su matriz con RBS, pero el fracaso de las conversaciones llevó a Servifonia a presentar concurso de acreedores el 27 de mayo de 2010. El hotel acabó siendo subastado y adquirido por la cadena Bull Hotels por cerca de 21,5 millones de euros, lo que dio “dinero suficiente para pagar a RBS, principal acreedor y al que se debían aún casi 20 millones de euros, y al resto de proveedores”, explica uno de los participantes en el proceso.

Drago Mediterranean Holdings Coöperatief, sin embargo, quedó atrapada sin posibilidad de recuperar los 14,1 millones aportados vía créditos participativos, además de otros conceptos. Esto llevó al fondo a tratar de recuperar parte del dinero intentando que el juzgado modificara la situación de RBS como acreedor. “Drago argumentaba que el banco era su socio y que controlaba indirectamente el 17% del fondo”, explican fuentes del caso. El objetivo era que RBS pasara a ser acreedor subordinado, lo que le hubiera obligado a asumir parte de las pérdidas, reduciendo así las de Drago. El juez, sin embargo, desestimó la petición y el fondo holandés ha recurrido ahora al Tribunal Supremo.

Las otras dos inversiones de Pujol en Gran Canaria fueron hechas a través de sendas sociedades instrumentales, cuyo único accionista era Drago Mediterranean. Bahoruco Park “adquirió un complejo de apartamentos turísticos” con 64 unidades y 14 dúplex, según el Registro Mercantil. La inversión ascendía a casi 10 millones de euros, de los que algo más de siete fueron pedidos a una entidad financiera (en este caso no RBS) y el resto asumidos por Drago. Arquillo Resort, por su parte, adquirió “un complejo de apartamentos turísticos con 76 estudios” por cerca de siete millones de euros, casi cinco de ellos aportados por un banco y el resto por Drago.

La inversora holandesa llevó al Supremo al Royal Bank of Scotland

Oleguer Pujol —administrador único de ambas sociedades— puso la explotación de los dos complejos turísticos en manos del grupo de empresas Liberty Grupo Hotelero. Esta sociedad, sin embargo, empezó pronto a tener problemas —acabó presentando concurso de acreedores— y dejó de pagar las rentas comprometidas, más de un millón de euros. Drago puso entonces el complejo de Arquillo en manos de otra empresa local, Los Porches, con la que tuvo el mismo problema y que también acabó suspendiendo pagos.

Ante la delicada situación de sus inversiones, Drago vendió el año pasado 39 de los 64 apartamentos de Bahoruco con pérdidas muy importantes. “El mercado ha castigado mucho estas inversiones”, explica una fuente conocedora del caso. “Los precios estaban en 2006 por las nubes y ahora se han desplomado”, añade. Bahoruco obtuvo por los 39 apartamentos 975.740 euros —28.000 euros de media por cada uno—, menos de una cuarta parte de lo pagado por ellos.