Una feria a subasta judicial

El juzgado ferrolano ha puesto fecha y hora a la subasta de Fimo, el recinto ferial de la ciudad. El 11 de noviembre a las 13.00 horas un espacio público de 47.000 metros cuadrados en Punta Arnela, junto al estadio municipal de A Malata, pasará a manos de algún comprador privado salvo que un acuerdo entre las Administraciones y la banca lo impida a última hora.

El edicto de ejecución hipotecaria se colgó en el tablón de anuncios del Juzgado de Primera Instancia número tres de Ferrol y fija la tasación en tres millones de euros. Es el colofón a la deriva agónica de un recinto mal gestionado que ha pasado de albergar la primera feria de Galicia, con medio siglo de historia, a caer en picado de la mano de las dos entidades que lo tutelaban: el Ayuntamiento de Ferrol (45%) y la Cámara de Comercio (55%) enterrando por el camino muchos millones de euros públicos. Hasta ocho en inversiones y subvenciones a proyectos de distinta índole reconoció esta semana el portavoz del PP, Miguel Tellado, solo los últimos años. Los trabajadores de la feria aventuran que es muchísimo más. Una cifra que no alcanzan a calcular a base de sumar los aportes públicos a lo largo de cinco décadas. “Es una pila de pasta criminal que ahora será un regalo para cualquiera que lo compre”, dice Juan Bello, uno de los cuatro empleados que resisten en Fimo sin cobrar desde el verano de 2013.

“La gestión dejaba mucho que desear desde hacía años y todos somos culpables”, admitió el alcalde, José Manuel Rey Varela. El mea culpa que ahora entonan los gobernantes no consuela a los 12 empleados despedidos de una plantilla de 16. Tampoco cubre el pozo de deudas que acumula el recinto ferial y al que nadie se atreve a poner una cifra final. “Pasa de los dos millones de euros”, estima el Ejecutivo popular, que todavía no tiene muy claro cuánto debe Fimo ni a quién a la espera de que se examinen los libros de unas cuentas sin auditar que amontonan impagos de créditos, salarios y recibos en la fila de los números rojos.

Lo que queda de Fimo es un gran continente sin contenido: cinco pabellones vacíos, un auditorio, las oficinas, un aparcamiento y muchos metros de suelo público desaprovechado que sepultan millones de euros en inversiones que ahora parecen inútiles al igual que las incontables subvenciones malgastadas que aportaron el Gobierno, la Xunta, la Diputación y el propio Ayuntamiento. De 2012 en adelante se han sucedido las situaciones rocambolescas como los cortes de luz por impago que dejaron a oscuras a los clientes de una cafetería arrendada. La primera vez fue en diciembre de ese año y la última, el mes pasado. Su antigua plantilla, cuenta con hartazgo un exempleado, se ha cansado de denunciar las prácticas “mafiosas” en la gestión “irregular” del recinto que encargaba carteles para ferias inexistentes por 1.480 euros y compraba los materiales a empresarios afines con facturas abultadas. Toda una serie de denuncias documentadas con nombres y apellidos por delitos como tráfico de influencias y malversación de caudales públicos que amagaron con remitir a la Fiscalía y se guardaron en la recámara por miedo a represalias laborales.

Los cuatro empleados de la feria —dos de mantenimiento y dos en oficinas— han llamado a la puerta de muchos despachos para exigir la nómina. Colgaron una pancarta en la puerta del recinto cuando les debían cinco mensualidades y, con octubre, ya van 16 salarios que no ingresan. “El Ayuntamiento le echaba la culpa a la Cámara y viceversa, con nosotros por el medio. Cada vez peor, psicológica y económicamente”, se lamenta Bello, delegado sindical de la plantilla. “Están engordando al enfermo para enterrarlo”, sentencia a propósito de una deuda con la banca pero también con Hacienda, la Seguridad Social y los proveedores.

El embargo de Fimo se empezó a tramitar judicialmente en junio a partir de una demanda por impago de Abanca, que reclamaba un crédito de 442.747 euros suscrito en abril de 2009 por la anterior corporación socialista a los que hay que sumar otros 130.000 más en intereses de demora. No es la única deuda potente que arrastra un recinto ferial que ya no sirve a su propósito. Este verano, por primera vez en 50 años, no se ha celebrado la Feria de Muestras del Noroeste, la decana de Galicia y una inyección de fondos para una comarca lastrada por el paro que hacía de esta exposición su gran escaparate comercial para el noroeste peninsular.

El segundo capítulo de la debacle financiera deriva de una segunda inyección de fondos —500.000 euros en 2013— que aportó la actual corporación popular como parche de liquidez. Se vendió como un plan de viabilidad para Fimo que la oposición local tacha de “ficticio y negligente”. “Se embarga una propiedad pública pagada por todos para malvenderla a un empresario privado”, le reprocha IU al Ejecutivo de Rey Varela. Todas las siglas han tenido críticas para una gestión “calamitosa” que ni ésta ni otras corporaciones anteriores han sabido atajar.

“Trabajamos con toda la intensidad y toda la seriedad para salvaguardar el carácter público de Fimo”, dijo Rey Varela, regidor popular al frente de la Fegamp, consciente de que el plazo hasta la subasta se estrecha. Contrarreloj, el Ayuntamiento negocia con las entidades bancarias y con otras administraciones en busca de la fórmula para mantener a Fimo bajo el paraguas público, pero se tropieza, admite, con múltiples problemas legales y jurídicos que agravan los económicos.

El Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones de Ferrol se registró ante notario el 16 de noviembre de 1964 con la vocación de crear “un recinto ferial con carácter permanente” cuando la ciudad aún se llamaba Ferrol del Caudillo —así figura en los estatutos fundacionales— con Rogelio Cenalmor como alcalde y Benito Alvariño como vicepresidente de la Cámara. El recinto ferial era parte de un plan que las dos entidades ambicionaban desde 1958 y que tardaron ocho años en gestar con un capital inicial de 2.500.000 pesetas (15.025 euros). Fimo se subastará cinco días antes de llegar a los 50 años como recinto público.