El fiscal pide enjuiciar al anterior gobierno de Los Santos de la Humosa

El desaguisado en las cuentas de Los Santos de la Humosa (2.300 habitantes) acabará en manos de la Justicia. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que las graves irregularidades encontradas el año pasado por la Cámara de Cuentas (órgano fiscalizador de los entes públicos madrileños) en la gestión municipal entre 2009 y 2010 bastan para enjuiciar al anterior equipo de gobierno, liderado por el exalcalde Francisco Javier López (del PP). El ministerio público solicita que se nombre ya a un juez instructor.

Tras un primer informe de la Cámara de Cuentas publicado en 2013, el fiscal da fe en un escrito del pasado 24 de septiembre de contratos sin justificar, ingresos en cuentas cuya existencia se desconoce, gastos sin registro y fallos graves en la recaudación de impuestos, lo que ha convertido las cuentas del Consistorio en un galimatías por ahora indescifrable.

López estuvo al frente del Ayuntamiento de este pueblo del este de la región entre 1999 y 2011. Luego, llegaron las elecciones municipales y ganó el socialista José Ignacio Fernández, que sigue al frente del Consistorio. Nada más acceder al cargo, Fernández descubrió que las tres legislaturas del popular habían dejado 1,8 millones de euros de deuda a bancos y proveedores “escondidas en cajones” que ni siquiera estaban contabilizadas. Esto situación provocó que, por ejemplo, se pagase el suministro de gas con grandes dificultades.

“Nosotros ya llevábamos en el programa electoral realizar una auditoría externa”, cuenta el actual alcalde. “Cuando llegamos al Ayuntamiento y nos ponemos a revisar la contabilidad, descubrimos que está todo mal. Vemos que ni siquiera se adoptaban acuerdos para realizar los gastos habituales. Simplemente se pagaban sobre la marcha”, añade. Ante esta situación, el equipo de gobierno pidió a la Asamblea de Madrid que la Cámara de Cuentas fiscalice todos los ejercicios desde 2005. Sin embargo, el Parlamento regional solo dio su visto bueno para los ejercicios de 2009 y 2010.

En este espacio de tiempo, los desajustes más escandalosos, según la Cámara de Cuentas, atañen a la empresa EGTRM, que se hizo cargo de la gestión de los ingresos tributarios del pueblo entre 2004 y 2013. El resultado es que se desconoce exactamente quién y en concepto de qué dejó a deber cientos de miles de euros a las arcas municipales. La fiscalía sostiene que esto se produjo como consecuencia “de la falta total de control interno”. De los más de 787.000 euros que se deben al Consistorio, casi la mitad (314.000 euros) provienen de deudores desconocidos. De estos, 223.000 euros son de “ingresos no gestionados” por EGTRM entre 1999 y 2007.

Además, la Fiscalía señala que entre mayo y septiembre de 2009 no se pueden acreditar los ingresos tributarios gestionados por esta empresa, ya que se ingresaron en una cuenta que aún no ha sido identificada. EGTRM indicaba que estos ingresos se realizaban en la cuenta de una determinada entidad bancaria, sin especificar el número. El problema es que el Ayuntamiento no tenía ninguna cuenta abierta en ese banco. “Esto es muy grave. Hay mucho dinero público en cuentas de vete tú a saber quién”, dice el regidor actual. El nuevo equipo de gobierno abrió en 2012 un proceso de licitación para contratar a otra empresa que realizara este servicio, y comenzó un proceso contra EGTRM que aún sigue en marcha.

Ante este caos en las cuentas, en 2012 el actual gobierno decidió hacer tabla rasa y firmó la prescripción de los derechos de cobro de más de cuatro años de antigüedad, por valor de más de 230.000 euros (gran parte de esta cantidad se corresponde con lo mal gestionado por EGTRM). En esta partida se incluía un derecho pendiente de cobro de casi 200.000 euros, fechado en 2003 como “venta de solares”, sin señalar cuáles. La Cámara de Cuentas advierte de que “se duda sobre la veracidad” de estos datos aportados. José Ignacio Fernández justifica la decisión de firmar la prescripción: “Cuando llegamos, nos encontramos con varias partidas en las que no sabíamos en concepto de qué se nos debía dinero. Era la única manera, junto a la auditoría, de empezar de cero”.

El informe de la Fiscalía advierte también de irregularidades en los gastos de personal. En 2009 se abonaron 89.628 euros de esta partida en conceptos que no tenían nada que ver con ella: actividades extraescolares, gasolina, teléfono y hasta novillos y toreros. En 2010, un trabajador (no se explica cuál) recibió un sueldo superior al fijado en la Ley de Presupuestos. Además, el Consistorio declaró el pago (subvencionado por la Comunidad) de 64.166 euros a una empresa para la gestión del acceso público a Internet, pero no consta el contrato que justifique esta tarea. Tampoco se ha encontrado el de mantenimiento de electricidad, por el que el Ayuntamiento abonó más de 27.000 euros.

El Tribunal de Cuentas debe ahora confirmar el comienzo de la instrucción del caso. El actual gobierno municipal de Los Santos, por su parte, se enfrenta al siguiente paso: esperar.