La caza del topo del Palau acaba con la destitución del jefe de seguridad

El topo del Palau se ha cobrado su primera víctima. El afán por localizar la fuente de las filtraciones —que el año pasado permitió conocer de la contratación de un coachpara el jefe del Consell, de un cocinero en Presidencia, la nómina de Alberto Fabra o diversos gastos en hoteles y alimentos— ha acabado por arrollar al jefe de seguridad del Palau de la Generalitat, el inspector jefe de la Policía Nacional Rafael Piqueras.

El Gobierno valenciano decidió anoche apartar al jefe de seguridad del Palau tras el cierre de una investigación interna en la que se afirma que Piqueras interrogó “por propia iniciativa y sin orden alguna” en un intento de localizar al topo, a Juan Botella, asesor de prensa del vicepresidente del Consell, José Ciscar.

El consejero de Gobernación, Luis Santamaría, de quien depende la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana o Policía Autonómica, trasladará el informe realizado a la Fiscalía provincial para que determine si hubo ilegalidades en el interrogatorio —Santamaría siempre habló de “conversación”—. Mientras tanto, el ya exjefe de seguridad continuará desempeñando sus labores policiales en otro destino.

La investigación interna, ordenada el pasado 6 de octubre tras conocerse que el asesor había sido interrogado en la comisaría de Pont de Fusta, concluye que el consejero de Gobernación nunca tuvo conocimiento de lo sucedido hasta su difusión en medios de comunicación y que “ningún responsable” de la Policía Autonómica “ordenó, autorizó o abrió ninguna investigación en relación con la filtración de documentos de la Generalitat”. Por esa razón se aparta de sus funciones al jefe de seguridad del Palau de la Generalitat y se traslada la investigación interna a la Fiscalía.

Santamaría explicó que durante las pesquisas se ha entrevistado a una decena de personas y se han anexado 13 documentos que revelan que Piqueras acudió el 22 de julio pasado al despacho de Botella y le pidió que le acompañase a la comisaría de Pont de Fusta en Valencia. El interrogatorio, según la investigación duró entre 30 y 40 minutos. El día 23 de julio hubo un segundo encuentro en el despacho del asesor del vicepresidente del Consell. Las declaraciones de ambos discrepan sobre el contenido de las conversaciones.

Para el jefe de seguridad de Fabra la entrevista al asesor de prensa formaba parte de sus atribuciones y se realizó “sin presión” alguna. En cambio, según el asesor de prensa, durante el interrogatorio, se sintió fuertemente presionado para que colaborase en localizar al topo del Palau.

“No se puede corroborar la situación de presión y no hay conocimiento de que exista una denuncia por esa actuación por parte del asesor”, indicó el consejero de Gobernación.

Santamaría negó que se hayan producido interrogatorios a otras personas de Presidencia por parte del jefe de seguridad, que ingresó en la Policía Autonómica el 8 de octubre de 2013 y que fue nombrado responsable de la seguridad del presidente de la Generalitat el 12 de mayo de 2014, dos meses y medio antes de interrogar a Botella.

En el informe se señala que fue el subsecretario de la Consejería de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, un hombre próximo a la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor, quien llevó al jefe de seguridad del Palau hasta el despacho del asesor, donde le pidió que lo acompañase a la comisaría de Pont de Fusta. El informe no aclara por qué hizo Sánchez Pellejero de intermediario. Tampoco aclara por qué el jefe de seguridad decidió reabrir la caza del topo después de que Fiscalía hubiese archivado la denuncia por las filtraciones de la Generalitat y que una investigación administrativa interna, capitaneada por el propio Sánchez Pellejero, se cerrase sin encontrar el origen de las filtraciones.

El escándalo del interrogatorio, casi un año después de que cesasen las filtraciones de documentos —que con la nueva ley de transparencia que prepara el Consell serán públicos—, ha generado un ambiente irrespirable en Presidencia de la Generalitat, donde se ha instalado la desconfianza.

En su comparecencia, Santamaría no explicó si el informe interno incluye la declaración notarial realizada por el asesor de prensa del vicepresidente tras el interrogatorio. Un documento que la Fiscalía podría reclamar para determinar si hubo alguna responsabilidad de tipo penal en la actuación del inspector jefe apartado.

El diputado socialista Rafael Rubió advirtió que la destitución del jefe de seguridad del Palau “no es más que un cierre en falso y un intento de darle carpetazo para que no se sepa la verdad de lo ocurrido”. Para el diputado socialista, “las actuaciones realizadas por Gobernación no cierran el tema porque hay responsabilidades políticas que siguen ahí”.