Veinte millones en ayudas para cursillos, bajo sospecha de fraude

Siete imputados, en libertad con cargos tras su detención a finales de septiembre, y un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas para cursos de formación de empleo que nunca se realizaron o recayeron en entidades ficticias creadas para captar ese dinero. Es, a grandes rasgos, la Operación Zeta, un nuevo caso de corrupción en Galicia que suma casi tres años de investigación judicial y 12.000 folios, según confirmaron ayer el Tribunal Superior y la policía nacional tras levantarse el secreto sumarial. Las ayudas bajo sospecha suman 20 millones de euros.

 Están en el meollo de esta trama, investigada desde diciembre de 2011 por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, dos empresarios de la ciudad que, además de su fuerte afinidad con el PP, comparten su habilitad para captar de las administraciones estatal y gallega fondos y contratos millonarios para formación y empleo: Gerardo Crespo Riestra, exdirigente vecinal y al frente de un entramado de sociedades y entidades oficialmente sin fines lucrativos, así como Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y durante décadas responsable de la asociación de hosteleros coruñeses. El completo registro policial de sus empresas y domicilios, en junio de 2012, con incautación de abundante documentación, desveló la extensa investigación judicial.

Fraude o estafa de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos que se indagan en un sumario por el que, hasta el momento, fueron interrogadas 61 de personas. Figura, entre ellas, el hasta hace poco director general de Traballo de la Xunta, Odilo Martiñá. Dimitió por sorpresa el 25 de septiembre, un día antes de ser citado ante la policía judicial. El exalto cargo, que llevaba más de una década en puestos de responsabilidad del área de Traballo en la Xunta, se acogió a su derecho a no declarar. Y al igual que un jefe de servicio de la misma consellería, también bajo sospecha, está a la espera de que la juez decida su situación procesal.

De momento, están imputadas las siete personas detenidas en septiembre, a la espera de declarar ante la juez en febrero de 2015. Además de los dos empresarios coruñeses, figuran tres empleadas de una de las empresas de Crespo, Azetanet, y dos dirigentes de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), su presidente, Javier Pérez Bello, y otro que responde a las siglas J.L.F.A. “Tengo la conciencia muy tranquila”, se defendió ayer Pérez Bello, quien atribuye su implicación a su etapa de secretario, hasta enero de 2011, de Caype. Este organismo de autónomos, fundado y presidido por Calviño, con sede en A Coruña, organiza cursos de formación en toda España, gracias a la captación de millones de euros tanto del Ministerio de Trabajo como de la Xunta. Una veintena de los interrogados por la policía reside, de hecho, fuera de Galicia.

Caype es el principal cliente de la consultoría de Crespo, Azetanet, a la que encarga gestionar los cursos subvencionados. Ambas entidades llevan tiempo bajo sospecha. El ministerio denunció a la confederación de Calviño por cientos de miles de euros de subvenciones sin justificar. Y la Consellería de Traballo acudió a la fiscalía en febrero de 2012, cuando ya estaba abierta la investigación judicial, tras comprobar que la consultoría de Crespo nunca realizó cursos por los que había recibido medio millón de euros. Azetanet también fue contratada por la Federación de Autónomos y el sindicato USO para actividades que no se hicieron, por lo que estas entidades devolvieron las ayudas públicas tras la inspección de Traballo.

En el entramado de Crespo figura la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), que tuvo de patrono a Jaime López Cossío, director de Empleo en la Xunta de Fraga, y de secretario a Lluis Galvadà, exalto cargo de la Generalitat condenado en el caso Pallerols, una trama de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de subvenciones de la Consejería de Trabajo.