La Generalitat reclama a las familias devolver ayudas a la dependencia

Fran tiene 28 años y una discapacidad intelectual del 83%. Su madre Trinidad es su cuidadora no profesional, una prestación estipulada en la ley de Dependencia. “Nunca lo podemos dejar solo”, explica su padre, Braulio Gil. Por ejemplo, lo llevan de su casa, en el Eixample Esquerra de Barcelona, a Bogatell, donde asiste a un centro ocupacional. Este servicio de rehabilitación busca su máxima integración social. La plaza allí se la otorgó el Departamento de Bienestar en 2009. Ahora, la misma Generalitat le dice que adeuda 8.000 euros por dicho servicio, pues su madre ya le cuida. Y, para cobrárselo, a Fran le descuentan el 30% del dinero de la prestación de cada mes.

“Le están recortando la pensión a mi hijo y al mismo tiempo nos dicen que somos morosos”, se queja Gil. Su caso, como el de muchas otras familias —la Generalitat no ha proporcionado una cifra de afectados—, se debe a la llamada incompatibilidad de prestaciones. En 2012, un Real Decreto recortó el alcance de la Ley de Dependencia. Entre otras cosas, acabó con el descuento de los cuidadores familiares en la Seguridad Social y establecía que algunas ayudas no podían compatibilizarse.

Los servicios jurídicos de la Generalitat interpretaron que recibir la prestación de un cuidador no profesional no puede simultanearse con el hecho de tener la plaza del centro ocupacional. Desde el punto de vista de la Administración, es como si se pagara a la vez canguro y guardería para un niño durante las mañanas. Se determinó entonces que se debía reducir el monto de la prestación de cuidador no profesional y, de manera retroactiva, reclamar lo equivalente a los servicios prestados en el pasado por el centro ocupacional.

Bienestar aplica recortes en las ayudas para cobrar las deudas

La Ley de Dependencia establecía que Fran tiene derecho a recibir 354 euros al mes debido a su grado de dependencia severa. Él cobraba el dinero desde 2009. En septiembre de este mismo año, Bienestar le dio una plaza en el centro ocupacional. Hasta que a finales del año pasado le llegó una carta diciéndole que era un deudor de la Generalitat. La factura era de 12.000 euros. Como ya tenía la plaza, se le redujo a la mitad el dinero de la prestación.

“Presentamos un escrito a la Generalitat en diciembre y solo nos respondieron en julio pasado. Nos dijeron que se habían equivocado en los cálculos y que en realidad debíamos 8.500 euros. Y como nos negamos a pagarlo de golpe nos impusieron cuotas cada mes, que descuentan de la prestación por dependencia”, explica Braulio Gil. “Antes recibíamos 354 euros al mes y ahora apenas nos ingresan 124”, añade.

Desde Bienestar aseguran que está obligada a cobrar la deuda pues se trata de dinero público. “Se evalúa la capacidad de la familia antes de decidir cuánto es la cuota”, asegura una portavoz, que niega que se esté haciendo revisiones indiscriminadas de los expedientes para identificar casos de incompatibilidades. Algunos casos comenzaron incluso durante la pasada legislatura y respondían a ayudas concedidas durante el tripartito. El protocolo del departamento establece que cuando se identifica un caso se comunica al afectado y se inicia el proceso.

Antes recibía 354 euros al mes y ahora 124”

“Un centro ocupacional no puede equipararse a un centro de día, que es de lo que habla la ley de incompatibilidades. Son servicios completamente diferentes", explica Rosa Cadenas, presidenta de la Federación Catalana de las Entidades de la Discapacidad Intelectual, Dincat. El padre de Franc recuerda que hay fallos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que avalan esta tesis. El 2263/2012, establece que “persiguen una finalidad distinta” ya que los ocupacionales buscan “la rehabilitación, no el cuidado, asistencia o supervisión”.

Cadenas critica que los servicios jurídicos “hilen tan fino” en la interpretación de la ley. Y lo achaca a la falta de fondos públicos, especialmente por los recortes en la Ley de Dependencia que se imponen desde Madrid. Pero también pide a la Generalitat que haga lo propio. Según Dincat, en Cataluña hay 655 personas que no tienen acceso a un servicio de atención diurna y a servicios de acogida residencial. “Una inversión de cinco millones de euros [equivalente al 0,016% del presupuesto de la Generalitat] podría solucionar esta situación”, explica Cadena.