Un juez cuestiona la investigación policial de los cursos de formación

La política de ayudas de la Junta a los cursos de formación durante una década está bajo la lupa judicial. Hasta 12 juzgados de siete provincias investigan en paralelo estas subvenciones, aprovechadas en ocasiones por empresarios pícaros a la caza de estos fondos millonarios que han hecho aflorar fraudes a la Administración. Sin embargo, la completa revisión de tantos expedientes concedidos por la Consejería de Empleo desde 2001 encierra una clave judicial insalvable: para peinar las subvenciones de 12 años la policía o la Guardia Civil necesitan un indicio de fraude que fundamente una revisión de tal calado.

Es la tesis que expone el magistrado Javier Romero, titular del Juzgado 5 de Instrucción de Huelva, para archivar este verano una investigación de la policía que pretendía revisar todas las ayudas en esa provincia amparándose en que las pesquisas similares en Málaga habían dado sus frutos. El juez se sitúa en el extremo opuesto a la instructora Mercedes Alaya, que el pasado diciembre dio vía libre a la Guardia Civil para exigir a la Junta todos los expedientes de cursos de formación entre 2008 y 2011.

Los agentes explicaron a la magistrada que necesitaban todos los expedientes –luego ampliados al periodo entre 2001 y 2012-, “para poder concretar de manera más detallada un modus operandi delictivo, si lo hubiere, pudiendo extrapolar esta forma de actuar a fechas anteriores como hipótesis investigativa pendiente de ser corroborada”. Alaya explicó en autos sucesivos que la Guardia Civil deducía “graves irregularidades” tras haberle tomado declaración a dos altos cargos de la Formación Profesional de la Junta, y el 7 de marzo abrió su nueva macrocausa sobre la formación –que estima ocupará dos millones de folios ahora en proceso de escaneo-.

En el extremo opuesto a Alaya se sitúan los argumentos de Romero, en el papel de juez garantista: “No se aportan indicios algunos de irregularidades en la concesión de las subvenciones a los beneficiarios de la provincia de Huelva, no siendo dable extrapolar automáticamente las posibles irregularidades cometidas en otras provincias”, expone el magistrado. El juez rechaza reclamar a la Junta todos los expedientes, tal y como pedían los agentes, para encontrar irregularidades basándose en que otras indagaciones similares ya han dado frutos. “Que se presente sin más un atestado solicitando mandamientos a distintas Administraciones Públicas para averiguar si se ha cometido algún delito, práctica no autorizada por una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, aclara en un auto el magistrado. A continuación, remarca cómo debe tutelarse una investigación policial que debe mantenerse siempre ajena a meras intuiciones o indicios ajenos: “El juzgado tan solo debe actuar ante la aparición de indicios de infracciones penales, y no a priori, para sin tener una base de infracción penal iniciar una investigación por si existe algún delito, por el solo hecho que en otra provincia se han cometido irregularidades en las subvenciones”.

La policía presentó al juez de Huelva un informe de 19 páginas con sus conclusiones previas en el que ya apuntaba delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental, malversación, prevaricación, y un anexo con el BOJA en el que se relacionaba el listado de ayudas concedidas en la provincia de Huelva. El informe, que destaca que 129 empresas onubenses recibieron 12 millones, abusa de las formas condicionales (“podríamos encontrarnos” “probables delitos”) y avanza la aparición de “intrusos” en los expedientes, pero sin dar nombres. “Se han detectado la existencia de ciertos intrusos y caza subvenciones (…) que crean exprofeso entidades jurídicas, sin actividad real, en provincias diferentes”. Además, los agentes avanzan prevaricación y malversación por parte de los responsables políticos de la Junta debido al escaso control sobre las ayudas: “Si muchas de las empresas se crean justo antes de percibir la subvención, no les consta empleados o el número es mínimo (…) No cabe más que plantearse que la propia Administración o no ha realizado o no ha querido realizar control alguno sobre las solicitudes presentadas”.

Estas valoraciones de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) son tumbadas por el juez, que responde con un auto de archivo que la fiscalía, en consonancia con los investigadores, ha recurrido en reforma ante el propio juez y este ha vuelto a archivar en un segundo auto: “La investigación policial no es que no esté concluida, sino que no está iniciada, al menos en la provincia de Huelva, ya que no se aportan datos de posibles irregularidades, haciendo referencia en todo momento a lo ocurrido en la provincia de Málaga”. De este modo, el juez emplaza a la policía a que investigue a las empresas de Huelva a través de los registros públicos, recabando datos de las distintas Administraciones, para detectar “anomalías importantes que excedan de la mera irregularidad administrativa y presenten apariencia de conductas penalmente relevantes”, y entonces se las presenten en su despacho.

El contraste con la manera de instruir de Alaya es total. La primera pista de la nueva causa de formación la dio el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que sugirió a la Guardia Civil que miraran en formación si iban tras la pista de subvenciones sin control. Basándose en irregularidades en ciertas ayudas obtenidas por empresas relacionadas al conseguidor Juan Lanzas, y en las declaraciones del funcionario Teodoro Montes y el director general de Formación Profesional Carlos Cañavate, la Guardia Civil solicitó a la juez permiso para reclamar todas las ayudas de la Junta concedidas desde 2001 basándose en las impresiones de estos dos cargos, pero sin indicios concretos de delitos, que los agentes infirieron por un aparente descontrol. Es decir, buscar a ver qué aparece.

La cuestión es si esas impresiones personales justifican o no la revisión de ayudas a empresas, fundaciones, sindicatos y patronal que superan los 3.000 millones. Los agentes plasmaron su objetivo en un atestado: “Comprobar si todos los fondos públicos destinados a Formación han sido aplicados, precisamente a ese fin (acciones formativas)”. A pesar de que la opinión pública se decanta por investigar tan pronto surjan indicios, la frontera entre la investigación policial y la judicial está bien delimitada por la ley. “El proceso penal no puede tener como objeto la investigación con carácter prospectivo, es una doctrina consolidada. El matiz fundamental es establecer cuándo hablamos de un indicio”, ilustran fuentes jurídicas.