Navantia tensa la cuerda con la Xunta por el contrato de Pemex

Navantia es un punto de fricción entre el PP gallego y el nacional. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya no disimula su aparente enfado con la cúpula de una empresa pública nombrada por su partido en Madrid. La decisión de la compañía de derivar a Cádiz una parte del flotel —ocho de los 86 bloques— asignado al astillero ferrolano ha sentado muy mal a la plantilla gallega de Navantia, con 2.300 operarios entre Fene y Ferrol, y también ha irritado a todas las formaciones políticas, populares incluidos. Las declaraciones del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, que ayer restó importancia al trasvase de Galicia a Andalucía de una parte “insignificante” de la producción del buque para la petrolera mexicana Pemex han vuelto a caldear los ánimos.

 Aguirre compareció en el Congreso de los Diputados y pintó un futuro mucho más radiante para el grupo naval del que reflejan sus números rojos y una larga sequía de contratos, ya sean militares o civiles. Limitó “al 2,3%” el porcentaje de obra desviado de Ferrol a Puerto Real y echó balones fuera al asegurar que el retraso en la construcción del buque hotel de Pemex “no es imputable a Navantia”. Anticipó que en 2015 la compañía estará construyendo “tres grandes realidades”: un flotel, un gasero y los dos BAM (Buques de Acción Marítima) anunciados en mayo, pero que no tienen su reflejo en el borrador de los Presupuestos del Estado para 2015. Tampoco figura ni un euro para un dique flotante que la SEPI descarta financiar con ayudas públicas, excusándose en la negativa de la Comisión Europea, y que sólo tendría cabida a través de “fondos privados y recursos propios de la empresa en condiciones de mercado”.

La posición de Aguirre, que no argumentó el desvío al sur de una parte del flotel ferrolano, molesta a la Xunta y echa por tierra los esfuerzos del Ejecutivo gallego por publicitar el contrato con Pemex —que se anunció en septiembre de 2012 aunque no se adjudicó hasta enero de 2014— como el fruto de las gestiones de Feijóo para sacar al naval gallego de una larga hambruna de pedidos que destruyó miles de empleos en las rías de Ferrol y Vigo. El presidente autonómico volvió a dejar patente ayer ese malestar con la dirección de Navantia y de la SEPI. Afirmó que “no comparte” la decisión del grupo naval de llevarse de Galicia “siquiera el 2%” de la producción y le achaca directamente la responsabilidad del retraso en la ejecución del buque hotel que “efectivamente se estaba produciendo”, algo que, según Aguirre, no es culpa de la compañía. “Nadie puede usar una responsabilidad para justificar otra irresponsabilidad”, le espetó Feijóo.

Los ocho bloques del flotel asignados a Puerto Real suponen, en horas de trabajo, 25.000 sobre un total de 1,1 millones y representam el 0,7% de la facturación, señaló la SEPI para tratar de minimizar el asunto. Aguirre insistió en la necesidad de cumplir con los plazos marcados por el contrato con Pemex. “Es la oportunidad para demostrar que estamos preparados para ese mercado”, declaró.

Con respecto al final de veto europeo a la construcción de buques civiles que pesa como una losa sobre los astilleros ferrolanos desde hace tres décadas y expira, técnicamente, el próximo 31 de diciembre, Aguirre dejó otro recado. En un comunicado, la SEPI pidió “prudencia” hasta que el nuevo comisario europeo de la Competencia lo ratifique. El traspaso de las competencias industriales de Navantia desde el Ministerio de Hacienda al de Defensa también quedó colgado en la indefinición. Ramón Aguirre se limitó a decir que es una “mera reasignación de tutela” entre ministerios y destacó la apuesta del grupo por las reparaciones con “el 95%” ya ocupado para el año próximo.

A la plantilla de Navantia en Galicia no le satisfacen las explicaciones y responderá al desvío de la carga con más protestas: seis en total, ya fijadas para octubre. Cuatro serán de carácter interno, dentro de los muros del astillero, y otras dos, externas.