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Más de 50 alcaldes de Huelva amenazan a Aqualia

La empresa pública advierte de posibles sanciones administrativas y penales

Instalaciones de Giahsa en Huelva. Ampliar foto
Instalaciones de Giahsa en Huelva.

Se acabó la tregua. Los más de 50 alcaldes integrados en Giahsa, la entidad de agua de la mancomunidad de municipios onubense Mas, han apercibido a Aqualia, la empresa adjudicataria de la mayoría de servicios privatizados en Huelva, de que han observado indicios “de conductas desleales que pudieran ser sancionables en vía administrativa o penal”. Es el paso previo a convertir el expediente en denuncia por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia y posibles “prácticas corruptas”.

Con un solo voto en contra y una abstención, el pleno de Giahsa aprobó una resolución en la que se considera que la separación de los Ayuntamientos de Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto de la entidad supramunicipal podría “venir propiciada” por actuaciones de Aqualia “desleales, tipificadas y sancionadas por la Ley de Defensa de la Competencia”.

Respuesta de Aqualia

"Tras el conocimiento de la resolución que al parecer han aprobado los alcaldes de los Ayuntamientos de Huelva integrados en Giahsa, Aqualia desea aclarar lo siguiente:

1.- Los procesos de adjudicación en los que Aqualia ha participado en la provincia de Huelva, aunque se hayan denominado en algunos casos como “contratos de emergencia”, realmente no se han tramitado como tales, es decir, no se han tramitado sin expediente y con adjudicación directa, sino que se han tramitado utilizando realmente el procedimiento negociado, invitándose a las empresas más importantes del sector, que han presentado o han podido presentar ofertas, en absoluta igualdad de condiciones que aqualia.

2.- De hecho, prueba de esto es que en algunos de estos procedimientos concurrieron otras empresas, como por ejemplo en Moguer, donde también se presentaron Aquagest Sur, S.A. y Acciona Agua, S.A., o en Gibraleón, donde también se presentó Aguas de Huelva.

3.- Por tanto, Aqualia considera que el informe emitido por el catedrático de Derecho Administrativo D. Javier Barnés en que se basa esta resolución, se realizó sin tener en cuenta las aclaraciones aquí reflejadas, dando por hecho que no hubo ni expediente de contratación ni concurrencia alguna.

4.- La Empresa se ha presentado a todas las licitaciones convocadas públicamente o a las que ha sido invitado en Andalucía, por lo que su concurrencia a las de Huelva no es un caso extraordinario.

Por todo ello, Aqualia considera tendenciosa la resolución y niega rotundamente que se le pueda acusar en ningún caso de falsear la competencia por actos desleales ni que haya sido adjudicataria de ningún contrato en cuya licitación no hayan podido participar en igualdad de condiciones otras empresas del sector".

El procedimiento de desvinculación de Giahsa cuestionado por el informe también se ejecutó en otros ayuntamientos como el de Valverde del Camino, cuya alcaldesa, Dolores López, es la secretaria general del PP andaluz, o el de Lepe cuando estaba gobernado por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

Giahsa se ampara en el informe del catedrático de Derecho Administrativo Javier Barnés en el que advierte del “falseamiento de la competencia por actos desleales”. “Si el falseamiento de la competencia a secas constituye ya una quiebra del mercado y de la competencia con perjuicios para todos, más grave aún resulta si en ese falseamiento participa o interviene la propia Administración, otorgando contratos sin observar las más elementales reglas que garantizan la competencia”, advierte el informe jurídico.

"Fin ilegal y, en su consecución, medios ilegales"

Este mismo texto pone en evidencia cómo los ayuntamientos que se escindieron han podido seguir una estrategia predeterminada. “Las actuaciones encadenadas, con variaciones en cada caso según los municipios”, advierte el jurista, “implican liquidar todo un sistema de prestación del servicio mancomunado para otorgar un contrato a una empresa privada, que resulta ser siempre la misma adjudicataria, tanto en la situación de emergencia, como ordinaria”. “Fin ilegal y, en su consecución, medios ilegales”, concluye el texto en el análisis de la sucesión de acontecimientos.

Estos argumentos llevan al jurista y a los integrantes de Giahsa a considerar que se trata de un “ilícito administrativo por falseamiento de la competencia por actos desleales, de los que puede conocer la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y ante actuaciones incursas en prácticas corruptas”.

El estudio detalla cómo las supuestas emergencias para justificar las contrataciones, “con los matices que se quieran”, han “estado programadas, cuando no anunciadas por algunos municipios”. También resalta el texto que “la adjudicataria ha sido la misma empresa en todos los casos”, “Es claro que se trata de una práctica concertada contraria a la competencia”, insiste.

El objetivo es la “ruptura de un esquema público y su sustitución por otro privado, de un lado, y, de otro, la ocupación de ese espacio por una única empresa –que podría haber participado incluso en la misma gestación de la estrategia-, con todo lo que ello supone, sin competencia real”, afirma Barnés para concluir: “Los indicios que obran en el expediente ofrecen sustento para una denuncia ante la CNC y el órgano competente de la Comunidad Autónoma”.

Un pacto como solución

El gerente de la asociación de operadores públicos, Aeopas, Luis Babiano, respaldó el informe y advirtió de que la fórmula de privatización en Huelva, además de presentar serias dudas sobre su legalidad, supone una fórmula “costosa para el ciudadano y letal para la economía local”. Añadió que se están registrando intentos de “vender el patrimonio público” por parte de alcaldes que están a menos de 250 días de someterse al refrendo de los ciudadanos. “Cogen el dinero en forma de canon que utilizan para sus fines, pero que después pagan los ciudadanos y limitan la capacidad de actuación del próximo gobierno”, advirtió. Babiano defendió el pacto por el agua pública promovido en Andalucía por decenas de colectivos como un arma fundamental para evitar estas situaciones.