Más de 50 alcaldes de Huelva amenazan a Aqualia

Se acabó la tregua. Los más de 50 alcaldes integrados en Giahsa, la entidad de agua de la mancomunidad de municipios onubense Mas, han apercibido a Aqualia, la empresa adjudicataria de la mayoría de servicios privatizados en Huelva, de que han observado indicios “de conductas desleales que pudieran ser sancionables en vía administrativa o penal”. Es el paso previo a convertir el expediente en denuncia por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia y posibles “prácticas corruptas”.

Con un solo voto en contra y una abstención, el pleno de Giahsa aprobó una resolución en la que se considera que la separación de los Ayuntamientos de Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto de la entidad supramunicipal podría “venir propiciada” por actuaciones de Aqualia “desleales, tipificadas y sancionadas por la Ley de Defensa de la Competencia”.

El procedimiento de desvinculación de Giahsa cuestionado por el informe también se ejecutó en otros ayuntamientos como el de Valverde del Camino, cuya alcaldesa, Dolores López, es la secretaria general del PP andaluz, o el de Lepe cuando estaba gobernado por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

Giahsa se ampara en el informe del catedrático de Derecho Administrativo Javier Barnés en el que advierte del “falseamiento de la competencia por actos desleales”. “Si el falseamiento de la competencia a secas constituye ya una quiebra del mercado y de la competencia con perjuicios para todos, más grave aún resulta si en ese falseamiento participa o interviene la propia Administración, otorgando contratos sin observar las más elementales reglas que garantizan la competencia”, advierte el informe jurídico.

"Fin ilegal y, en su consecución, medios ilegales"

Este mismo texto pone en evidencia cómo los ayuntamientos que se escindieron han podido seguir una estrategia predeterminada. “Las actuaciones encadenadas, con variaciones en cada caso según los municipios”, advierte el jurista, “implican liquidar todo un sistema de prestación del servicio mancomunado para otorgar un contrato a una empresa privada, que resulta ser siempre la misma adjudicataria, tanto en la situación de emergencia, como ordinaria”. “Fin ilegal y, en su consecución, medios ilegales”, concluye el texto en el análisis de la sucesión de acontecimientos.

Estos argumentos llevan al jurista y a los integrantes de Giahsa a considerar que se trata de un “ilícito administrativo por falseamiento de la competencia por actos desleales, de los que puede conocer la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y ante actuaciones incursas en prácticas corruptas”.

El estudio detalla cómo las supuestas emergencias para justificar las contrataciones, “con los matices que se quieran”, han “estado programadas, cuando no anunciadas por algunos municipios”. También resalta el texto que “la adjudicataria ha sido la misma empresa en todos los casos”, “Es claro que se trata de una práctica concertada contraria a la competencia”, insiste.

El objetivo es la “ruptura de un esquema público y su sustitución por otro privado, de un lado, y, de otro, la ocupación de ese espacio por una única empresa –que podría haber participado incluso en la misma gestación de la estrategia-, con todo lo que ello supone, sin competencia real”, afirma Barnés para concluir: “Los indicios que obran en el expediente ofrecen sustento para una denuncia ante la CNC y el órgano competente de la Comunidad Autónoma”.