Mas sortea el boicot de los alcaldes que rechazan la consulta

Son pocos, pero gobiernan municipios muy poblados y representan un peligro potencial para el éxito de la consulta que prepara la Generalitat. Los alcaldes del PP y del PSC que han mostrado su rechazo a colaborar con el Gobierno de Artur Mas en la logística del referéndum han estado en el foco de los técnicos que han preparado el dispositivo electoral para el 9 de noviembre. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, presentó ayer el mecanismo de voto y garantizó que ningún ciudadano se quedará sin depositar su papeleta por falta de colaboración de su Ayuntamiento. El dispositivo que la Generalitat sigue preparando al margen del inminente recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional se ha montado para que nada pueda entorpecer la participación.

De esta forma, será la Generalitat y no los Ayuntamientos quien decida, en última instancia, los locales de votación. Además, el censo electoral no saldrá del padrón de cada Ayuntamiento, sino del Instituto de Estadística de Cataluña. La Generalitat utilizará el Registro de población de Cataluña para delimitar el universo de los participantes. Este registro incluye todas las personas que están empadronadas en Cataluña pero no está gestionado directamente por los Ayuntamientos.

En el caso de los extranjeros deberán inscribirse previamente. Lo podrán hacer los comunitarios con más de un año de residencia en Cataluña y los no comunitarios con más de tres años de residencia legal.

La Generalitat ha previsto 2.718 locales de voto, 8.130 mesas y 10.800 urnas. Los técnicos ya tienen identificados las oficinas de voto en cada población, básicamente escuelas y centros cívicos. Los alcaldes tienen ahora un plazo de diez días para interponer alegaciones. Sin decir cómo lo hará, Ortega aseguró que no habrá problemas ante eventuales vetos. “No será por locales que la gente no podrá ejercer su derecho a voto, la Generalitat lo garantizará”, dijo.

La vicepresidenta aseguró que, pese a las declaraciones públicas de algunos alcaldes, la Generalitat no ha recibido hasta ahora ninguna notificación oficial de Ayuntamientos que estén en desacuerdo con ceder sus espacios para acoger las urnas. Entre los alcaldes que se han mostrado reacios a colaborar están los de Hospitalet de Llobregat, Esplugues o Terrassa, los tres en manos del PSC. También lo han hecho los dos principales municipios gobernados por el PP: Badalona y Castelldefels.

Se utilizará el Registro de Población de Cataluña y  no el padrón

Precisamente ayer, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, calificó de “pachanga” la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre y avisó de que no colaborará si no se hace amparada en la legalidad y el Tribunal Constitucional la suspende.

La configuración de las mesas electorales es otro de los puntos delicados. Serán necesarios 24.390 miembros titulares y 48.780 suplentes. Ortega admitió que no se puede sancionar a quienes incumplan el llamamiento a conformar las mesas y confió en “el deber ciudadano y el compromiso democrático” para conformarlas.

Habrá un sorteo para decidir quién debe acudir a una de estas mesas. Con todo, la Generalitat no descarta que, en caso de que una mesa quede sin responsables se pueda constituir con los primeros ciudadanos que acudan a votar.

Ortega aportó estos detalles técnicos en una conferencia de prensa en la que se negó en todo momento a decir qué ocurrirá con los preparativos cuando el Gobierno impugne hoy ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de la consulta. “No voy a entrar en actitudes preventivas; estamos convencidos de que lo que hacemos es legal, constitucional y estatutario”, aseguró. Tampoco aclaró qué hará para proteger a los funcionarios encargados de preparar la consulta una vez la votación quede suspendida por parte del Constitucional. “Nos limitamos a desarrollar la ley de consultas”, insistió.

La Generalitat está a la espera de una avalancha de recursos y denuncias. Hoy, por ejemplo, la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana tiene previsto presentar ante la Fiscalía de lo contencioso-administrativo de Cataluña un escrito en el que solicitará que se investigue “el posible uso fraudulento de los datos personales de los ciudadanos de Cataluña por parte de la Generalitat”. Según esta entidad los Ayuntamientos cedieron los datos del padrón al Registro de Población de Cataluña por motivos que nada tienen que ver con la consulta.