Andalucía busca el apoyo de la UE contra el gasoducto en Doñana

El Gobierno andaluz busca el respaldo de la Comisión Europea a su decisión de bloquear un proyecto de extracción y almacenamiento de gas en las entrañas de Doñana, que lleva varado en los despachos de esta Administración desde abril de 2013. La Consejería de Medio Ambiente quiere que así continúe, a pesar de que esta actuación cuenta con el respaldo del Gobierno central.

Para la tramitación ambiental, este proyecto —que contempla una red de 13 gasoductos y 16 pozos de extracción— se dividió en cuatro. Entre septiembre de 2010 y enero de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente fue concediendo las declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables a la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural. Después de cumplir con ese paso, la compañía se dirigió a la Junta para que le diera la Autorización Ambiental Unificada y comenzar las obras, cuyo presupuesto ronda los 200 millones de euros. Pero el Gobierno de PSOE e IU se niega a conceder esos permisos porque entiende que el ministerio no ha evaluado bien los riesgos que el proyecto puede tener sobre el parque de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Entre otras pegas, la Junta cree que se ha podido incumplir la normativa europea al haber troceado el proyecto para su tramitación ambiental. Tampoco se han emitido los informes de no afección a la Red Natura 2000, el sistema europeo de protección de las áreas con altos valores ecológicos.

Pero esta interpretación no la comparte el ministerio. Primero, Miguel Arias Cañete y, luego, su sucesora Isabel García Tejerina, han reiterado a la Junta que la tramitación ha sido correcta.

Ante esta discrepancia, el Ejecutivo autónomo ha enviado un escrito a la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea para que se pronuncie sobre este conflicto. “Hemos pedido a la UE que nos diga qué hacer y cómo actuar, que dirima si hay que hacer una nueva DIA”, detalla la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano.

En el escrito enviado a Bruselas se pregunta a la dirección general de Medio Ambiente “de qué margen” de actuación dispone Andalucía en este caso. “A pesar de la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Estado, entendemos que existen dudas razonables de que la ejecución de los proyectos asegure el respeto a la integridad del lugar”, se añade en la carta.

La Comisión Europea —que mantiene un foco de vigilancia permanente sobre Doñana— ya abrió un expediente de infracción por este caso a España tras las quejas de IU, UPyD y los ecologistas de WWF. El expediente se cerró ante la negativa de la Junta a autorizar las obras. Pero la consejería andaluza pide ahora que se reabra y que Bruselas se pronuncie sobre el bloqueo.

El movimiento del Gobierno autónomo busca lograr un respaldo importante a su veto por lo que pueda pasar en el futuro. La empresa ya ha comunicado a la consejería que si no se le dan los permisos, se reserva la opción de acudir a los tribunales para reclamar una indemnización, según fuentes de la Junta. Y el aval de Bruselas sería una baza para el Ejecutivo andaluz.

Esta compañía lleva tres décadas extrayendo gas del subsuelo de Doñana. Pero lo que pretende ahora —además de construir 20 nuevos kilómetros de gasoductos y más sondeos— es utilizar las cavidades subterráneas como almacén cuando el gas se agote.