Hacienda constata que las donaciones al Sant Pau no se destinan al hospital

Ha sido una de las quejas más recurrentes de los trabajadores del hospital de Sant Pau en los últimos años y, pese a haber sido negada por la dirección repetidamente, ahora la Agencia Tributaria les ha dado la razón. Un informe de la Agencias Tributaria —que ayer adelantó EL PAÍS y que revela la existencia de costes hinchados un 3,8% en las obras del nuevo hospital— constata que Sant Pau no destina a la actividad asistencial los ingresos obtenidos por el ingente patrimonio que atesora. Estos bienes incluyen el edificio del nuevo hospital, los pabellones del recinto histórico y un millar de propiedades —viviendas, edificios, garajes, naves industriales y fincas rústicas repartidas por todo Cataluña— recibidas por la institución a lo largo de sus cinco siglos de historia como donaciones. El objetivo de estos legados, que aportan cinco millones al año en rentas, ha sido precisamente financiar la labor asistencial del hospital.

Los inspectores han analizado, por encargo del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, las cuentas de la Fundación Privada Sant Pau entre los años 2009 y 2012. En las conclusiones de su informe destacan que “se puede concluir que no se aprecia que entre los destinos de los cobros de los alquileres esté la Fundación Gestión Sanitaria”.

El hospital ha tenido que cerrar camas, alargar sus listas de espera y recortar las condiciones laborales de los trabajadores

La Fundación de Gestión es una de las dos en las que fue dividido el histórico Sant Pau en 1991. Controlada por la Generalitat, que tiene mayoría en su patronato, su misión es prestar la asistencia médica que reciben los pacientes del hospital. Mientras, la Fundación Privada —controlada de facto por la Iglesia aunque en su patronato también están la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— es la encargada de sacar rendimiento al patrimonio. Un año más tarde, en 1992, fue creada una tercera fundación dedicada a la investigación.

Los inspectores han constatado que, aunque las tres fundaciones sean vistas como un todo conocido como el Hospital de Sant Pau, en realidad funcionan como tres entidades con cuentas separadas que persiguen objetivos distintos. Esto es lo que denunciaban los trabajadores que llevaron a los tribunales la gestión del Sant Pau, al que acusaban de estar aplicando durísimos recortes en el hospital mientras que la Fundación Privada actuaba como una empresa inmobiliaria que acumulaba beneficios.

“El hospital ha tenido que cerrar camas, alargar sus listas de espera y recortar las condiciones laborales de los trabajadores sin que los ingresos obtenidos por las donaciones se dediquen a los fines para los cuales fueron entregados a Sant Pau”, denunciaron hace dos años los trabajadores. En palabras de los inspectores, “existe una tendencia a que los fondos obtenidos de los alquileres se remansen en la Fundación Privada” lo que le permite tener “un resultado contable positivo”. La situación se hizo aún más acuciante en marzo de 2012, cuando la Fundación de Gestión tuvo que ser intervenida por su mala situación económica, agravada por los recortes aplicados por la Generalitat.

Los trabajadores denunciaron entonces que con ello “son los presupuestos públicos, todos los contribuyentes, los que financian el agujero del hospital mientras la Iglesia se queda con el patrimonio y sus beneficios”.

Las conclusiones de los inspectores tienen importantes consecuencias fiscales, ya que si la actividad de la Fundación Privada es meramente de gestión inmobiliaria, esta debería hacer frente al pago de mayores cuotas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según recoge el informe, la Ley 49/2002 —de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos— están exentas del IAE las entidades “que persigan un interés general”, que este fin sea hecho “de forma directa por la propia entidad” y que a ellos destine “al menos el 70%” de sus ingresos.

El juez que investiga el caso denunciado por los trabajadores remite el informe  de Hacienda a la Abogacía del Estado

Tras analizar las cuentas de la Fundación Privada, los inspectores concluyen que no cumple estas condiciones y calculan que —teniendo en cuenta donaciones sí hechas a la Fundación de Gestión, lo que le permite algunas desgravaciones— debería haber pagado a la hacienda pública 1,32 millones entre los años 2009 y 2012.

No es esta la única irregularidad fiscal encontrada por la Agencia Tributaria. La segunda tiene que ver con el IVA del alquiler del nuevo edificio del hospital. Según los convenios firmados entre Sant Pau y la Generalitat en la última década, el Departamento de Salud se comprometía a pagar las obras y dejar que la Fundación Privada se quedara el edificio del hospital en propiedad siempre que cediera su uso a la Fundación de Gestión sin coste.

La dirección de Sant Pau decidió organizar contablemente esta cesión de la siguiente manera: la Fundación de Gestión paga un alquiler anual a la Privada —2,96 millones en 2012— y esta le retorna el dinero como una donación. El problema surge al fijar el importe del alquiler, ya que sobre él debe aplicarse el IVA que ingresa la Agencia Tributaria. Los inspectores censuran que, tras la inauguración del nuevo hospital, la Fundación Privada cambiara el cálculo para fijar la renta anual y recuerdan que la ley establece que esta debe corresponder al menos a las amortizaciones anuales del edificio, mucho más elevadas —11,4 millones en 2012—.

Con el nuevo cálculo, Sant Pau debería haber pagado un IVA mucho más elevado. Los inspectores estiman que de esta forma Sant Pau ha defraudado a la Agencia Tributaria un total de 6,01 millones de euros entre 2008 y 2012, ya que consideran que pagar menos impuestos era precisamente el único objetivo del cambio contable adoptado: “Al alterar el cálculo del alquiler a partir de 2008, las partes no pueden ignorar que el único efecto práctico es que van a reducir las cuotas de IVA a ingresar a la Hacienda Pública”, sostiene el informe.

La Agencia Tributaria concluye así que Sant Pau habría pagado 7,33 millones de euros de menos entre 2008 y 2012 por el IVA y el IAE. El juez del caso ya ha remitido el informe a la Abogacía del Estado, primer paso para que esta pueda personarse como perjudicada ante los presuntos delitos de fraude fiscal.