Hacienda detecta costes “hinchados” un 3,8% en las obras del Sant Pau

La investigación de las irregularidades denunciadas por trabajadores del hospital de Sant Pau ha dado un salto cualitativo con un informe de la Agencia Tributaria que ha detectado costes “hinchados” por 11,3 millones de euros, un 3,8% del precio total del equipamiento (293,4 millones para obras y equipamiento). El informe analiza las cuentas de 2009 a 2012 —aunque hace un repaso a la inversión en el centro desde 2003— de la Fundación Privada Hospital de Sant Pau, una de las tres que forma el complejo sanitario y que es la encargada de gestionar el patrimonio de la institución. La Agencia Tributaria ya ha entregado el informe al Juzgado de Instrucción 22, que investiga el caso. Pese a que el contenido es contundente, aún es más relevante el escenario que dibuja: unas prácticas “para las que no resulta explicación contable” y salidas de dinero “cuyo destino no ha podido determinarse”.

La que sigue es una primera síntesis del informe, de 71 páginas y varios anexos, y datos que complementan la historia de un proyecto que arrancó en 2000 con el último Gobierno de Jordi Pujol (CiU) y fue inaugurado en 2010 por el segundo Gobierno tripartito de José Montilla (PSC).

Subvenciones “hinchadas”. La Agencia Tributaria destaca que un crédito para la construcción del nuevo hospital, solicitado por la Fundación y financiado por la Generalitat, “está hinchado” en 11,3 millones de euros. El informe resume la financiación pública de la obra, que arranca el 18 de noviembre de 2003, un mes antes que Jordi Pujol abandonara la presidencia de la Generalitat. El consejero de Salud era Xavier Pomès y el director del CatSalut, Josep Prat, hoy imputado por el caso Innova. El gerente de Sant Pau en 2003 era Josep Anton Grau i Reinés, hoy director de la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM). El primer crédito concedido para el nuevo hospital fue de 216,4 millones de euros.

La adjudicación a dedo. La historia del nuevo Sant Pau empieza el 4 de octubre de 2000 y es el hospital quien avanza un dinero que luego recuperará con el crédito de la Generalitat. En esa fecha se adjudica por concurso público la primera de las cuatro fases de la obra por 10,6 millones a una UTE formada por las empresas OHL, Guinovart y Emte. La UTE consigue la segunda fase de las obras en febrero de 2012 por 16,4 millones de euros y la tercera en noviembre de ese año por 56,5 millones. Ambas adjudicaciones se hacen a dedo. El juzgado que investiga el caso admitió que las dos fases “no se adjudicaron según la normativa”, pero no vio responsabilidad en los directivos de Sant Pau porque tomaron la decisión tras un asesoramiento que resultó “incorrecto”.

Sobrecostes desbocados. Un informe interno del hospital, hecho en 2005 por el nuevo gerente Jordi Colomer constata que el coste de las obras lleva una inercia de crecimiento imparable. El informe define “situaciones poco claras en las obras”. Colomer a saca a concurso la cuarta fase, que gana otra UTE formada por Axima y Dragados por 57,5 millones. Al final, el hospital costará un 35% más de lo previsto inicialmente.

El segundo crédito. La Agencia Tributaria recoge como en 2008 el segundo Gobierno Tripartito, con Marina Geli de consejera de Salud, accede a firmar un nuevo crédito porque “los incrementos en el presupuesto” hacen insuficiente el primero. El convenio se firma el 1 de marzo de 2008 y asciende a 267,2 millones de euros a pagar hasta 2032, parte del cual servirá para amortizar el primer préstamo. Sant Pau ingresará los 26,2 millones que faltan hasta el presupuesto final vía devoluciones del IVA.

El cobro del IVA. Las grandes costes de las obras llevan al Sant Pau a pagar 37,5 millones en IVA a sus proveedores. Pero el hospital recuperará ese dinero: “Al tener más cuotas soportadas que repercutidas, la Fundación Privada solicita y obtiene la devolución de las cuotas”.

El desfase. Lo que descubren los técnicos de la Agencia Tributaria es que cuando se firma el segundo préstamo, la “Fundación Privada ya había obtenido la devolución de parte del IVA soportado, por lo que la cifra a financiar está hinchada” en 11,3 millones. Un desfase “que no era necesario que la Generalitat financiase”. La Agencia Tributaria descarta que ello se deba a un error de cálculo: “Dicha circunstancia no podía ser ignorada por la Fundación Privada, que precisamente ya había cobrado las devoluciones de IVA”.

El destino del dinero. El préstamo suscrito “opera como una línea de crédito, de modo que la Fundación Privada va disponiendo del capital que necesite en cada momento”. En este caso, Sant Pau debería haber dispuesto del dinero hasta que al acabar las obras le sobraran 11,3 millones. “Sin embargo, a pesar de ello se dispone de todo el préstamo”, destaca la Agencia Tributaria, que a continuación se hace una pregunta: “Qué destino han tenido esas disposiciones que se han producido pero que no se tendrían que haber producido”. La respuesta es: “Aquí es cuando se revela un elemento peculiar de la gestión del préstamo: hay disposiciones del préstamo que se destinan a pagar el propio préstamo” y no las obras. “Esto afecta a pagos identificados por 10,97 millones en el año 2008”, sigue el informe. Esta práctica es definida por la Agencia Tributaria, al tratarse de un hospital financiado con fondos públicos, como una “para la que no resulta explicación contable”.

Consecuencias de la amortización. Aunque el informe no hace proyecciones de futuro, sí insiste en que “no se encuentra explicación a este fenómeno”, en relación a la amortización anticipada del préstamo. Lo que es evidente, es que si se ha amortizado parte del crédito, las cuotas a pagar a partir de entonces serán menores (o si son iguales, el préstamo se acabará de pagar antes). En cambio, el dinero que recibirá Sant Pau de la Generalitat para pagar el préstamo seguirá siendo el mismo, según el convenio de 2008. Esto creará un excedente de dinero para la Fundación Privada hasta el final de los pagos, en 2032.

Los límites del informe. Los inspectores de la Agencia Tributaria reiteran que su informe no abarca toda la actividad de la Fundación. Hacerlo “excede de las posibles conclusiones que se puedan realizar con la documentación analizada”. Lo que sí han podido hacer es hacer un seguimiento de los pagos realizados con el dinero recibido de la devolución del IVA. Esto “ha permitido detectar una salida de dinero por 314.450 euros cuyo destino no ha podido determinarse”, suscribe el informe.

La investigación. El origen de la investigación sobre el Sant Pau está en una denuncia presentada en mayo de 2012 por asociaciones de médicos y enfermeras del hospital. Ahora, tras recibir el informe de la Agencia Tributaria, la acusación estudia qué hacer. “El informe revela un exceso de financiación desde la Generalitat a la Fundación, cuyos patronos son representantes de la Iglesia, de la propia Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona”, explicó ayer un portavoz de los denunciantes. “También pone de manifiesto lo que podría ser una manera de sacar dinero de la Fundación. Mover 11 millones de golpe es imposible, pero con la amortización del crédito es posible hacerlo de forma escalonada en cantidades menores. De hecho, los inspectores ya han encontrado una salida de dinero de una cantidad cercana a lo que saldría de dividir por 30 años de crédito los 11,3 millones hinchados”, sostiene este portavoz. “Hay que aclarar todos estos puntos, porque por ahora la investigación no nos permite ir más allá. Eso es lo que solicitaremos al juez”, concluyó.

El final. Pese a haber sido financiado en su totalidad por la Generalitat, el hospital de Sant Pau no pertenece al Gobierno catalán, sino a la propia Fundación Privada, controlada por la Iglesia. Este hecho, acordado por el último Gobierno de Jordi Pujol, supone la mayor donación recibida por el hospital en sus más de cinco siglos de historia.