El Parlament da luz verde al 9-N

El rechazo de Escocia a la independencia no varía ni un ápice la agenda política catalana. La Generalitat y los partidos soberanistas de Cataluña lanzaron este viernes este mensaje aprobando en el Parlament la ley de consultas que Artur Mas utilizará para convocar el referéndum soberanista del 9 de noviembre. La norma fue aprobada en un pleno extraordinario convocado con un único punto en el orden del día. Votaron a favor 106 de los 135 diputados de la Cámara, afiliados a CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa, la CUP y el parlamentario no adscrito Joan Ignasi Elena, ex dirigente socialista. Los 28 diputados del PP y de Ciutadans lo hicieron en contra. Una diputada nacionalista se ausentó por enfermedad.

El resultado de la votación, con el 78,5% de los diputados que apoyaron la ley, supone un espaldarazo al plan soberanista, aunque el PSC se esforzó en repetir que esa norma no puede amparar el referéndum secesionista. A través de unos potentes altavoces, el pleno fue seguido a las puertas del Parlament por más de 500 personas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana que, estelada en mano, quisieron mostrar su apoyo a la ley y lanzaron lemas como “Votaremos” o “No aflojéis”. También se exhibieron tres banderas españolas entre las decenas de independentistas.

Mas fue aclamado con gritos de “president, president” a su llegada y salida de la Cámara. Antes de entrar, se acercó a los concentrados tocándose el pecho con cuatro dedos (escondiendo el pulgar), simbolizando las cuatro barras de la senyera. Al término de la sesión, les dio las gracias. Los manifestantes abuchearon a Albert Rivera, líder de Ciutadans, y a la líder popular Alicia Sánchez-Camacho, y a su portavoz, Enric Millo, quienes, antes de cruzar el umbral del Parlament, se dieron la vuelta para mirar a los cientos de independentistas. “Es un día triste para la democracia”, dijo la popular. “El Gobierno de España garantizará el Estado de derecho”.

CiU y Esquerra piden a Mariano Rajoy que no recurra la norma y facilite el referéndum

Su mensaje contrastó con el de Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno catalán, quien calificó la sesión de “histórica” y subrayó el consenso mayoritario alcanzado en el Parlament. La aprobación de la ley culmina un año de trabajo de una comisión parlamentaria en la que no ha participado Ciutadans. El dictamen fue aprobado el 16 de julio y avalado por cinco votos a cuatro por el Consejo de Garantías Estatutarias. No hubo sorpresas y todas las enmiendas fueron rechazadas. Josep Rull, de CiU, relator de la ley, alegó que “no es solo una ley para el 9-N; es también la ley para el 9-N”, y arremetió contra el PP: “Los que combatieron la Constitución, ahora pretenden destruirla y no nos dejan votar”, dijo. En su opinión, el texto “encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto”. Pidió al Gobierno de Rajoy que “escuche al pueblo catalán”, y citó a Iñaki Gabilondo: “Los problemas no se prohíben, los problemas se resuelven”.

En el mismo sentido, Gemma Calvet (ERC) defendió la “plena” constitucionalidad de la ley e invocó el dictamen de Consejo de Garantías Estatutarias, aunque obvió los cuatro votos particulares. En su opinión, la Ley Fundamental permite el pluralismo político, incluida la independencia, y reclamó al Gobierno que no recurra el texto ante el Tribunal Constitucional. “Queremos que respeten nuestra consulta”, añadió.

El socialista Ferran Pedret avisó de que la ley es un elemento de profundización de la democracia, pero que no puede amparar el referéndum. “Servirá para consultar a la ciudadanía muchas cuestiones, pero no para el referéndum, porque nos habremos pegado un tiro en el pie”, dijo. El diputado socialista arremetió contra el inmovilismo del PP, al que reprochó ser muy útil a la “causa independentista” al obstinarse en no ofrecer una salida al conflicto. Pedret insistió en que el PSC defiende la consulta legal y pactada, como la celebrada en Escocia o los dos referéndums del Quebec.

El PP reiteró que la ley aprobada no se puede utilizar porque la Generalitat carece de competencias. “No somos siete millones; somos 47”, exclamó con vehemencia Santi Rodríguez en alusión a que la soberanía, de acuerdo con la Constitución, recae en todos los españoles. El popular citó que el 86% de los diputados del Congreso rechazó el 8 de abril transferir a la Generalitat la competencia, y preguntó al hemiciclo: “¿Se atreven a decir que fue una respuesta no democrática?”. El PP ha llegado a la conclusión de que CiU y ERC no quieren consultar nada y que ya han decidido el desenlace. “En democracia las leyes se cambian votando y no desobedeciendo”, espetó.

Albert Rivera, de Ciutadans, sostuvo que el conflicto es político y no exclusivamente jurídico. Pero no por las razones que esgrimen los soberanistas, sino porque se está disertando sobre valores constitucionales y europeos, como los de la solidaridad o la igualdad. “Pido al PP y al PSC que se pongan las pilas”, afirmó en clave electoral, instándoles a moldear un país atractivo. Rivera da por hecho que no habrá consulta y sí elecciones; vaticinó que los referéndums crean de por sí traumas y que la principal misión del futuro Gobierno será rehacer los puentes rotos entre catalanes.

Los socialistas reiteran que la norma no puede amparar la consulta catalana

Frente a esta visión, Dolors Camats, de Iniciativa, defendió que el Parlament ha querido impulsar una consulta porque no se le ha permitido hacer un referéndum. Los ecosocialistas consideran vital escuchar a la ciudadanía y creen que la ley profundizará la democracia. “Escocia nos ha dado una lección. No han sido independientes porque no han querido. Y eso es democracia”, remachó, ignorando el ejemplo que puso el PSC sobre la ley de consultas que se está tramitando en Andalucía. Camats presagió dos recorridos muy distintos para cada una de esas dos normas, al temer que la catalana acabe en el Constitucional. “Ya pasó con el Estatuto. Con los mismos artículos, el catalán fue recurrido y el andaluz, no”, dijo. Quim Arrufat, de la CUP, proclamó que la ley es “propiedad del pueblo de Cataluña, y que permite dar voz a la gente”, y pidió perdón porque los catalanes que viven en el resto de España no podrán votar. Joan Ignasi Elena, ex diputado del PSC y ahora no adscrito, apoyó la ley y, a diferencia de sus excompañeros, cree que puede amparar el 9-N.