Cultura valenciana

En la Comunidad Valenciana vivimos rodeados de dirigentes políticos que, decididamente, quieren hacernos la vida imposible. Lejos de ayudarnos a sobrellevar con menos cargas esta crisis, lejos de apoyarnos en la medida de sus limitadas posibilidades, se dedican a complicarnos aún más la existencia, a generarnos más incomodidades y preocupaciones de las que ya tenemos.

Permítanme que les hable de Valterna, una zona residencial habitada mayoritariamente por familias jóvenes de clase media, una zona llena de niños y de gente con ganas de salir adelante. Valterna es un barrio de Paterna, localidad gobernada desde 2007 por el Partido Popular y cuyos responsables políticos, como no podía ser menos, tienen asuntos pendientes con la justicia.

Lorenzo Agustí Pons, alcalde de Paterna hasta fecha reciente, ha sido imputado y está siendo investigado por gastar 628.000 € en “marketing”. Un marketing destinado supuestamente a promover la creación de una “zona franca” de la que poco más se sabe. Esta promoción ha llevado a Agustí, regidor de un ayuntamiento con poco más de 65.000 habitantes, a viajar media docena de veces a China, al más puro estilo Francisco Camps. Algo se le debió pegar mientras lo asesoraba. También está siendo investigado por la adjudicación del auditorio municipal, una obra presupuestada en 456.000 €. Lo hizo sin los obligados mecanismos de concurrencia y publicidad, ignorando, además, los informes negativos de los funcionarios. Lorenzo dimitió finalmente el pasado 30 de junio, poniendo así fin, según dijo, a su carrera política. Fue sustituido por Elena Martínez, imputada por los mismos delitos. Al final todo queda en casa.

Mientras nuestros dirigentes locales se esfuerzan, como vemos, por gastar con responsabilidad, ecuanimidad y justicia, y mientras los contribuyentes pagamos religiosamente nuestros impuestos, que no son pocos, las calles de Valterna están sucias y apestan a orines y a excrementos de perro, el transporte público es deficiente y caro, los árboles se mueren por la ausencia de riego y un parque en el que juegan los niños, situado junto al colegio público, se encuentra en un estado lamentable. Las protestas de los vecinos, con sus periódicas recogidas de firmas, algo de mella hacen, pero lo que resulta intolerable es tener que ir constantemente detrás del Ayuntamiento para que se ocupen de asuntos tan básicos.

Un colegio público, por cierto, rodeado de polémicas, retrasos e impagos a la empresa constructora, edificado a golpe de elecciones; un colegio público pésimamente orientado y planificado, completamente expuesto al calor, la lluvia y el frío. Poca cosa, dirán algunos, y no les faltará razón: otros centros escolares se caen a pedazos sin que la Generalitat Valenciana mueva un dedo para impedirlo. En cualquier caso se trata de un colegio público relegado a favor de la educación concertada --vaya novedad--, y que pese a todos los impedimentos funciona con eficacia y eficiencia gracias a la labor del profesorado y demás personal administrativo.

Si a esta situación local –común a otros municipios, me temo—le sumamos el adelanto de las clases al día 3 de septiembre por parte de la Consellera de Educación María José Catalá, y la implantación a todo meter de la nueva Ley de Educación promovida por el ministro José Ignacio Wert, el resultado no puede ser más calamitoso. El sistema educativo valenciano está masificado. Alumnos y profesores están teniendo que soportar temperaturas excesivas y los horarios lectivos a los que obliga la nueva Ley de Educación, lejos de idearse para facilitar la conciliación laboral y familiar, lo que hacen es dificultarla.

De este modo, las medidas locales, autonómicas y nacionales tomadas por los distintos gobiernos del Partido Popular no hacen más que ponernos más y más piedras en el camino. La educación de nuestros hijos se resiente y nuestras vidas se complican cada vez más. Estamos en crisis, nos dicen, faltan recursos. Sin embargo, esa supuesta falta de recursos es producto de la sinvergonzonería de una larga lista de dirigentes que, aprovechándose de las instituciones, se han lucrado a nuestra costa mientras que con la boca grande y una sonrisa llevan años reivindicando las Fallas, la paella y els bous al carrer.

Eso es, precisamente, lo que desde el PP quieren que estudien ahora nuestros hijos en las aulas, la “cultura valenciana”. Más nos valdría, sin embargo, que nuestros jóvenes aprendieran cómo los líderes del Partido Popular han acabado con gran parte de nuestro patrimonio material, cultural y humano. Eso ya forma parte de nuestra historia, de la “cultura valenciana”, y nuestros hijos tienen todo el derecho a saberlo.