Un cuarto de millón de andaluces sufre cortes de luz por impagos

Antonio S. se fue a vivir solo a una casa en una parcela que le dejó su padre entre las localidades sevillanas de Coria del Río y Almensilla. Allí se refugió del paro, del que aún no ha salido, y del posterior divorcio. El intento de recuperar su profesión como pintor de coches no prosperó y un día se quedó a oscuras porque no podía pagar el recibo. Antonio, de 54 años, no quiere dar sus apellidos para salvaguardar a sus hijos y porque se avergüenza de la situación en la que se encontró. En invierno recogía todos los restos de madera que podía para calentarse y cocinar. Bebía y se aseaba con el agua del pozo de la finca y se llevó más de un año con un cable enganchado directamente al poste de la luz que pasaba cerca de su casa y puenteó el contador, pero Endesa lo detectó y se lo quitó.

Cada año, un cuarto de millón andaluces sufre cortes de luz por impagos. Para cubrir situaciones como esta se aprobó en Andalucía un decreto que destina fondos para pagar los recibos de aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión y que no pueden afrontar los gastos de un recibo mínimo de la luz, gas o agua. La Junta prepara otro complementario, de inminente aprobación, que retrasará las interrupciones de suministro y dará una tregua a los 877.000 andaluces que no han trabajado ni un solo día en el último año o el medio millón de hogares con todos sus miembros en paro, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero la situación exige un marco normativo de mayor rango e IU, que Gobierna con el PSOE en la Junta, quiere que esta legislatura no acabe sin aprobar una ley de garantía de suministros mínimos vitales.

“Todo andaluz tiene derecho a tener garantizados el mínimo de agua y energía que precisa para vivir. Solo por ser ciudadano. No puede ser un subsidio ni una ayuda, tiene que ser un derecho porque estamos hablando de dignidad”. Así explica el sentido de la ley Manuel Silva, jefe de Relaciones Parlamentarias de la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local.

Silva, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha coordinado un equipo que ha elaborado las bases sobre las que se asentará la ley. También ha dado lugar a un libro que publicará próximamente Aranzadi con el título Pobreza energética; alcance y protección constitucional y donde se detalla que entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, en Andalucía se ejecutaron 510.864 cortes de luz.

El decreto existente tiene un coste de 6,5 millones de euros. La ley, aún no tiene detallado su reflejo presupuestario, pero el texto de Silva anticipa varias “fórmulas posibles”: partidas presupuestarias propias, con el 0,1% de los gastos operativos de las consejerías o con “una figura impositiva sobre instalaciones que incidan en la sostenibilidad”.

Esta última vía, según el estudio, sería “un impuesto directo propio” de la Junta que gravaría la “incidencia en el sistema medioambiental compacto andaluz a través de las instalaciones y demás efectos patrimoniales afectos a la misma con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta”.