El Gobierno estudia que los empleados de Delphi devuelvan las cotizaciones
Los inspectores de Trabajo alertaron de la “simulación” en sus contratos
Los ex trabajadores de Delphi, cuya fábrica de Puerto Real (Cádiz) cerró en 2007, temen perder las cotizaciones percibidas después del duro informe del Ministerio de Empleo en el que este acusaba a la Junta de fraude por la fórmula legal utilizada para darles cobertura. Los extrabajadores han solicitado formalmente una reunión con la dirección general de la Inspección de Trabajo tras conocer a través de la delegación gaditana que hay una investigación abierta para determinar si deben perder los meses cotizados durante los años que recibieron tras la clausura de su factoría de automoción.
Este organismo ha alertado en un informe reciente, tras la investigación abierta por la juez Mercedes Alaya, que las ayudas que percibieron entonces simularon ser contratos laborales cuando, en realidad, no lo eran. Si se confirma este fraude, el colectivo podría perder los derechos adquiridos durante estos años y también podría tener que devolver cantidades ya cobradas por los extrabajadores a través de las ayudas para la formación, que sumaron un total de 105 millones dentro de la cuantía total del expediente, que supera los 300 millones.
El informe de la Inspección de Trabajo, adelantado la pasada semana por EL PAÍS, lo dejaba claro. Las subvenciones de más de 140 millones que la Junta habilitó para ayudar a este colectivo recién despedido pudieron derivar en un fraude a la Seguridad Social. Según los inspectores, el plan de formación consistió en ofrecer a los que habían perdido puestos de trabajo unos cursos de formación que, en realidad, tuvieron la forma de contratos de trabajo cuando, en realidad, no lo eran. “El sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, el presupuesto del servicio público de Empleo estatal y el de la propia comunidad autónoma”, reza el documento. Para este organismo, la Junta creó subvenciones excepcionales por concesión directa que, en realidad, eran “proyectos subvencionados puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral”, añade el informe. “La simulación de relaciones laborales dio a los exempleados prestaciones “indebidas”.
Calendario de protestas
La noticia de que las ayudas que recibieron pueden ser fraudulentas, con las consecuencias que ello conlleva, ha pillado al colectivo de Delphi en el inicio de un nuevo calendario de protestas. Y es que la novedad ha desenfocado el motivo de sus reivindicaciones originales. Los ex trabajadores demandan a la Junta que retome las ayudas al colectivo y cumpla con el compromiso de recolocarlos a todos. “Queremos que se vea que seguimos en la lucha y que recuerden que estamos pidiendo empleo para la bahía de Cádiz”, explicó el portavoz de UGT, Antonio Montoro.
El colectivo reclama de la Junta que contribuya a reindustrializar los terrenos todavía en desuso de la fábrica. “Es algo que reclamamos no sólo para nosotros sino para toda esta comarca, que lo necesita mucho”, añadió Montoro. El diálogo con el Gobierno andaluz está roto desde hace varios meses cuando algunas protestas de Delphi derivaron en incidentes violentos contra dirigentes del PSOE y de IU. La virulencia de estas reivindicaciones se ha reducido pero las conversaciones entre unos y otros no se han retomado.
De momento, aunque con grandes sombras de dudas, sólo una empresa se ha instalado en una pequeña parte de los terrenos de Delphi. Se trata de Ecogades, que ha invertido 2,5 millones de euros en comprar los suelos para montar una fábrica dedicada al reciclaje de combustible de barcos. Sus responsables anunciaron que cuando funcione a pleno rendimiento podrá generar un centenar de puestos de trabajo.
La censura del Gobierno central supone de momento el principal soporte de la tesis incriminatoria de la juez Alaya contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el empresario y exconsejero Ángel Ojeda, ambos imputados en la nueva causa que instruye la magistrada, cifrada de momento en más de dos millones de folios y que afectará a miles de empresas.
El informe de la Inspección de Trabajo exculpa al colectivo de ex trabajadores, pero las conclusiones de esta investigación pueden tener consecuencias para todos ellos porque esos meses cotizados por contratos laborales que no lo eran pueden desaparecer. Es lo que estudia ahora el Ministerio de Empleo. La Seguridad Social debe determinar si, como ya ha advertido al colectivo la inspección gaditana, a pesar de que los trabajadores ignoraban el fraude sí se beneficiaron de él y todos estos meses cotizados, con los que han adquirido derechos para recibir posteriores prestaciones por desempleo o méritos para sumar pensiones, deben ser anulados y, por tanto, algunos tengan que devolver cantidades cobradas indebidamente.
Para los extrabajadores de Delphi, de los que más de 500 no ha encontrado empleo en estos siete años, esta posibilidad supone un nuevo mazazo a sus ya golpeadas esperanzas. Este martes, durante la primera protesta de un nuevo calendario de movilizaciones ante la sede de la Junta en Cádiz, mostraron su indignación. “Muchos de nosotros estamos desahuciados, casi en la indigencia. No pueden venir ahora a reclamarnos más cosas”, lamentó el portavoz de USO, Miguel Paramio. El gabinete jurídico de este sindicato ya está analizando qué posibilidades tiene el colectivo de mantener todos los derechos ganados estos años. “Hemos pedido una reunión con la dirección general de la Inspección de Trabajo y escucharemos al PP para saber cuánto de verdad hay en todo esto”, añadió.
Paramio recordó que durante años muchos llamaron a los extrabajadores de Delphi “privilegiados” por haber conseguido ayudas de la Junta tras el cierre de la fábrica. “No podemos pasar de ser privilegiados a unos delincuentes”, aseguró mientras recelaba de qué consecuencias tendrá para sus vidas laborales el informe de la Inspección de Trabajo. Muchos de los asistentes a la protesta recordaron que, aunque la Seguridad Social les termine reclamando dinero, no podrán entregarlo. Simplemente porque no lo tienen. A la mayoría del medio millar de extrabajadores que no obtuvieron nunca un empleo se les ha acabado la ayuda de 426 euros, tras haber agotado todas las prestaciones que merecían por unos contratos cuya legalidad está ahora puesta en duda.
