El Tribunal Superior impone el 25% en castellano en otros tres colegios

La medida afecta a centros públicos de Tarragona, Cunit y Salou

El conflicto lingüístico por las resoluciones judiciales que obligan a impartir el 25% de clases en castellano en aquellas aulas en las que un alumno lo solicite marcará un inicio de un curso escolar afectado también por el decreto de la LOMCE que blinda la escolarización en esta lengua. Tres nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que imponen más horas de castellano en tres nuevas escuelas atizaron ayer la polémica justo un día antes de la Diada.

Las nuevas resoluciones, con fecha del pasado mes de julio, afectan a las clases de los tres alumnos que lo han solicitado en otras tantas escuelas públicas de la provincia de Tarragona. Se trata del Voramar de Salou, Cèsar August de Tarragona y Els Cossetans de Cunit, según avanzó el Diari de Tarragona. El TSJC había requerido a la Generalitat meses atrás que fijara en estos centros las materias que debían impartirse en castellano en el aula del alumno demandante “en la proporción que estime procedente”. En el caso de que el Departamento de Enseñanza hiciera caso omiso, como así ha ocurrido, el tribunal advertía que “procederá a su determinación”.

Los autos se suman a los cinco que el mismo TSJC emitió en enero, afectando a cinco centros más, cuatro escuelas concertadas y un instituto público. De todos ellos, cuando empiecen las clases el próximo lunes, solo aplicarán el porcentaje del 25% dos de ellos, ya que en los tres casos restantes o el alumno ha acabado su etapa escolar o ha cambiado el colegio.

También a principio de curso deberán aplicarlo los centros de Tarragona. Como en los casos anteriores, el tribunal responsabilizaba directamente a los directores de ello, bajo riesgo de ser inhabilitados. Pero los efectos de los nuevos autos tardarán a notarse en las tres aulas de primaria afectadas, ya que el Departamento de Enseñanza ya ha anunciado que recurrirá. “Hay una serie de estrategias para que las direcciones de los centros no corran ningún peligro de ser inhabilitados, pero agotando todos los plazos”, explicó Àngels González, delegada de Enseñanza en Tarragona.

La estrategia judicial de la Generalitat —presentar todos los recursos posibles- y de los centros concertados —que se personaron como parte en la causa— permitió dilatar la medida durante cuatro meses. Finalmente se aplicó, pero de forma diluida, ya que solo faltaban dos semanas para finalizar el curso. Enseñanza sugirió a los centros hacer trabajos o actividades en castellano. Todavía no se conoce cómo se aplicarán los autos este curso, ya que Enseñanza ultima las instrucciones. El TSJC indicó que este 25% se traducía en al menos una asignatura troncal no lingüística.

La consejera Irene Rigau declinó valorar ayer los nuevos casos aparecidos. Enseñanza apuntó que estas reclamaciones forman parte del paquete de 24 denuncias interpuestas hace años, pero gran parte de ellas no han prosperado. Fuentes de las familias demandantes aseguran que hay 80 casos abiertos.

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