Navantia alcanza el fin del veto con una factoría obsoleta y sin inversiones

Los astilleros públicos de la ría de Ferrol han vuelto a tropezar estos días con la misma piedra: los políticos, que tienen la competencia para marcar la pauta en el confuso baile que rodea cualquier anuncio para el sector naval. Esta semana ha tenido su réplica en dos frentes: la confirmación del fin del veto civil que castigaba a la antigua Astano desde 1987 y la viabilidad (o no) del dique flotante para Navantia Ferrol que ni Bruselas ni el Gobierno terminan de clarificar para desesperación de una plantilla que fía su futuro a esta infraestructura porque les abriría el mercado de las grandes reparaciones navales como alternativa a la sequía de contratos. En ambos casos, las informaciones tuvieron un mismo origen, la Comisión Europea de la Competencia, y distintas lecturas en función del color del partido que les dio difusión.

El PP celebró como un éxito político el final previsto de la restricción mientras oposición y sindicatos le reprochan al partido en el poder que no exista un plan para poner cascos de acero en las gradas de Fene después de tres décadas en blanco con unas instalaciones bien equipadas, de enorme potencial pero obsoletas en innovación .

La confirmación del fin del veto a Astano llegó a Galicia el martes desde el departamento que dirige Joaquín Almunia en respuesta a la pregunta que le formuló la eurodiputada de AGE, Lidia Senra. Bruselas ratifica que el veto expira el 31 de diciembre del 2014, algo que los políticos se apresuraron a aplaudir con entusiasmo pero que los sindicatos ya daban por hecho después de 30 años de castigo. Sobre el papel, reabre la puerta a la construcción de buques convencionales a partir del 1 de enero. En la práctica la cosa es más compleja, matiza un veterano sindicalista de Fene. Los talleres, explica, requieren una inversión en tecnología y material que no se ha hecho ni se ha previsto, además del reciclaje profesional para poner al día a una plantilla exigua —200 operarios en Navantia Fene— después de 30 años.

El veto a Astano era doble. El primero llegó tras la brutal reconversión naval de 1984 y fue el peaje que España pagó para ingresar en la CEE, que vetó a un astillero en plena forma. En vigor desde 1987, tuvo una segunda parte en 2004. Las autoridades comunitarias volvieron a castigar al naval español, esta vez, por inyectar 1.200 millones de euros que la UE consideró ayudas de Estado ilegales. Supuso la quiebra del grupo Izar, que se deshizo de varios astilleros y se refundó como Navantia, centrada en el mercado militar donde se integraron las factorías de Fene y Ferrol.

La compañía nació lastrada por una limitación del 20% en la parte civil, el tope máximo que podía facturar en ese nicho de mercado. La crisis global y la sequía aguda de contratos militares han terminado de engordar el déficit de un grupo que se mueve entre número rojos. Para los sindicatos, el fin de la restricción civil no despeja el futuro. “Ni mucho menos”, lamentan desde CC OO, central mayoritaria, mucho más preocupada por el “inexplicable traspaso” de las competencias industriales de Navantia desde Hacienda a Defensa por decisión del Consejo de Ministros del 25 de julio. La CIG carga contra la “ceremonia de la confusión” que rodea cualquier anuncio para el naval gallego, con contratos que se publicitan en vísperas electorales sin haberse firmado, como el flotel de Pemex en 2012 o la contratación del Buque de Acción Marítima (BAM), junto antes de las europeas de mayo y pendiente de la orden de ejecución.

El segundo escollo, la polémica en torno al dique flotante. Gobierno y Xunta, ambos del PP, se remiten a una comunicación de la UE del 31 de julio para dar por perdida una obra comprometida en campaña para la que reservaron cinco millones en los presupuestos autonómicos de 2013. El PP se excusa en Bruselas para argumentar que financiarlo con dinero público contravendría la normativa comunitaria y descargan la responsabilidad de la decisión en el socialista Joaquín Almunia. La última vuelta de tuerca al asunto se la dio el jueves el eurodiputado del PSOE, José Blanco, que aireó una respuesta del comisario en la que éste explica que la consulta sobre el dique que planteó en Bruselas el Gobierno central fue “informal”. “La Comisión no está en condiciones de aceptar o rechazar el proyecto”, expone Almunia, que viene a decir que no dispone de la información necesaria para pronunciarse sobre el proyecto.

El matiz reaviva las expectativas de los trabajadores. Los comités de Ferrol y Fene están convencidos de que la construcción del dique es viable y apelan al propio Tratado de la UE que prevé, apuntan, ayudas directas a comarcas “en situaciones excepcionales de paro excesivo” como Ferrolterra, que cerró agosto con 17.663 desempleados. “El dique depende de la decisión política de hacerlo y todo lo demás son excusas”, resume la CIG. Los comités buscan fechas para más movilizaciones con los mismos objetivos: carga de trabajo dual, civil y militar para toda la plantilla y auxiliares, dique flotante y un plan industrial urgente.