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Anticorrupción denuncia toda la carrera política de Rafael Blasco

La fiscalía también traslada al juez también indicios de delito contra su sobrino, Sergio Blasco

Ignacio Zafra
El exconsejero Rafael Blasco en mayo tras conocer su condena.
El exconsejero Rafael Blasco en mayo tras conocer su condena.mònica torres

La Fiscalía Anticorrupción, que logró hace tres meses condenar a ocho años de prisión al exconsejero Rafael Blasco, mantiene la ofensiva contra el histórico dirigente popular valenciano. La fiscalía ha denunciado ante los jueces a Blasco por el periodo anterior a su llegada, en 2007, a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, desde donde según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia dirigió una trama que se apropió de las ayudas al desarrollo de la Generalitat. El nuevo frente judicial tiene su origen en una denuncia que presentó la ahora eurodiputada de Esquerra Unida Marina Albiol, y que abarcaba prácticamente toda la carrera política de Blasco desde que Eduardo Zaplana lo recuperó para el Gobierno valenciano en 1999.

La denuncia de la fiscalía se centra, sin embargo, en su etapa al frente de Sanidad, en 2006 y 2007, donde presuntamente ensayó el mismo esquema corrupto y con los mismos compañeros de fechorías que en la causa de las ayudas al Tercer Mundo, el llamado caso Cooperación.

Una sombra de 15 años

El primer contrato que Augusto César Tauroni recibió del exconsejero Rafael Blasco fue hace 15 años, cuando éste dirigía la breve consejería de Empleo en el Gobierno de Eduardo Zaplana. Tauroni hizo un sistema informático para la consejería al que bautizó como Tauro.

La suerte de ambos corrió desde entonces pareja, según la Fiscalía Anticorrupción, hasta su reciente condena. Blasco fue saltando ininterrumpidamente de cartera en el Gobierno valenciano desde entonces, 1999, hasta 2011. Y el empresario Tauroni fue cambiando de sector o, más bien, de ámbito de especialización siguiendo su estela y recibiendo sus adjudicaciones.

La denuncia de Esquerra Unida de la que ha partido la fiscalía para judicializar las sospechas recoge contratos concedidos directamente o a través de supuestas empresas pantallas a Tauroni por parte de Blasco como consejero de Bienestar Social, Territorio y Vivienda (desde Vaersa y el Instituto Valenciano de la Vivienda) y Sanidad.

Después de solicitar varias prórrogas en la investigación y de interrogar a numerosos testigos, Anticorrupción ha judicializado unos hechos que no solo afectan al exconsejero sino también, según las fuentes consultadas, a su sobrino Sergio Blasco, director gerente del Hospital General Universitario de Valencia. Éste figuraba en otra denuncia presentada por Esquerra Unida, en la que señalaba la existencia de una supuesta trama delictiva vinculada al sector sanitario cuyas empresas habrían captado 31 millones de euros de las Administraciones valencianas.

Anticorrupción ha unido ambas ramas aparentemente delictivas en su denuncia, que podrían acabar formando la cuarta pieza separada del caso Cooperación.

En los dos años que dirigió la consejería, Blasco habría concedido directamente o a través de empresas interpuestas adjudicaciones millonarias a sociedades vinculadas a Augusto César Tauroni, el amigo del exconsejero que ha sido condenado también a ocho años de cárcel en el caso Cooperación como codirector de la red. Entre los mayores contratos de Sanidad se cuentan los relacionados con la revisión y gestión del sistema informático de historias clínicas Abucasis, que superaron los cinco millones de euros. Los cambios en la aplicación fueron, además, polémicos, porque dieron lugar a numerosos fallos informáticos y a quejas generalizadas entre los médicos.

La controvertida política de contratación de Blasco —en junio de 2007, siendo consejero en funciones con escasas perspectivas de repetir en el cargo, concedió adjudicaciones por importe de cinco millones de euros—, le llevó a enfrentarse con el responsable de informática de Sanidad, Alfonso Jiménez, especialmente por el caso de Abucasis. Blasco finalmente relevó a Jiménez y lo sustituyó por Marc Llinares, al que después se llevó a la Consejería de Solidaridad y ha terminado compartiendo su destino con una condena a cuatro años de cárcel en el caso Cooperación.

Tanto Alfonso Jiménez como su hermano Eloy, que era el director general de la Consejería de Sanidad, han declarado en la fiscalía durante los meses en que ésta ha estado investigando los hechos.

Junto a estas adjudicaciones presuntamente captadas por Tauroni (que lleva en prisión desde febrero desde 2012) y su entorno la fiscalía ha denuncia otra trama también vinculada aparentemente a la familia Blasco, que tendría como cabeza visible a Francisco Escandell Vila. Un electricista que figura como apoderado, administrador o socio de seis empresas vinculadas a millonarias adjudicaciones sanitarias. Escandell Vila, como Tauroni y los Blasco, es también de Alzira.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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