A propósito de un innecesario calzador

Los eufemismos a los que conduce la corrección política, que probablemente no tengan otra intención que intentar expresar ideas y demostrar realidades sin que nuestro interlocutor, poco avezado a sufrir críticas, se moleste, crean innecesarias confusiones y así, permite creer que la aplicación literal, cursi y torticera de una palabra convierta una actuación rechazada en una propuesta pactada.

Algo así está ocurriendo con la llamada adaptación del planeamiento redactado en su día por los arquitectos Corell y Monfort para el Ayuntamiento de Valencia sobre el ámbito del Cabanyal-Canyamelar; planeamiento que, si bien fue aceptado en el ámbito valenciano por la mayor parte de las instituciones oficiales (salvo honrosas excepciones) y por una parte no desdeñable de los profesionales de la planificación urbanística, en cuanto salió de nuestras endebles fronteras solo cosechó sorpresas por su audacia destructiva, por la nula implicación de la sociedad en un proceso de trasformación urbana como el que se planteaba y por la inoperancia de unos planteamientos urbanísticos que no tenían ya cabida en el gobierno y tratamiento de la ciudad consolidada: todo esto empezó a pasar hace ya más de quince años. Las razones que se adujeron en su momento para oponerse a las propuestas planificadoras del Ayuntamiento de Valencia sobre el Cabanyal-Canyamelar hacían referencia a la idea de estructura urbana y al mandato legal de su conservación; a la innecesariedad de una operación de reforma urbana ajena a un tejido social y a una trama urbana que ya habían expresado con anterioridad, y han ratificado con creces en estos últimos tres lustros, su compromiso con el progreso de la ciudad; a la necesidad de conservar un patrimonio cultural reconocido por las más altas instituciones autonómicas y estatales. Sobre la base de estas razones los argumentos contrarios a la aplicación del planeamiento han pesado tanto que, de una forma u otra, con el concurso de autoridades que se comprometieron o de otras que al dejar pasar el tema facilitaron el ejercicio de la justicia, y con una actuación vecinal digna del mayor reconocimiento público, la aplicación del plan no ha sido posible, aunque la batalla se haya cobrado ya numerosas víctimas en forma de vecinos que han claudicado y vendido sus propiedades, de notorios edificios que han sido derribados en un ejercicio probablemente contrario a la legalidad prescrita por el propio planeamiento cuestionado y en un aumento escandaloso de las condiciones de degradación.

Tras complejas y variopintas interpretaciones de un acuerdo suscrito entre no se sabe muy bien que representantes del Ayuntamiento, de la Generalitat y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, constituidos en una comisión negociadora cuya composición y deliberaciones parecen guiadas por un oscurantismo caduco y antidemocrático, se ha presentado en el pasado mes de julio una nueva versión del planeamiento, esta vez redactada por el arquitecto Mifsut para la Oficina Cabanyal-Canyamelar. La llamada adaptación del planeamiento está en estos momentos en exposición pública y sobre ella se pueden y se deben formular todas las alegaciones que resulten pertinentes.

Y es aquí cuando la utilización de palabras con doble intención y muchos significados no hace sino dilatar unas soluciones que cada día son más urgentes. Adaptar el planeamiento aprobado por el Ayuntamiento y calificado como expoliador por el Ministerio de Cultura no consiste en disminuir, en mayor o menor grado, la afección sobre la estructura urbana del Cabanyal-Canyamelar sino en eliminarla. Algo tan sencillo y tan elemental que habrá sido, sin duda, debatido en esa comisión sin que se haya sido capaz de explicar con claridad a los diversos dirigentes y actores políticos: equívoca corrección política.

El análisis de la adaptación del planeamiento no aguanta ni un breve asalto de un combate de principiantes. Nadie concibe que las alturas de la edificación se otorgaran en su momento y se otorguen ahora tan a la ligera como para permitir oscilaciones de más de un 200% sin tener la mínima trascendencia sobre la trama urbana; que se planifiquen paredes medianeras en la ciudad consolidada con cerca de nueve metros de altura, que se articule la solución edificatoria con inmuebles de 8 ó 25 metros de profundidad en función exclusiva de estar al sur o al norte de la avenida prolongada, que no se reintroduzca una interpretación del concepto de parcelación histórica para los nuevos edificios que se planifican, que no haya resultado ninguna protección urbanística para los edificios residenciales antes condenados a la piqueta, que no se prevea ninguna reconstrucción de los inmuebles ilegalmente derribados, que se proteja la Lonja de Pescadores pero no las viviendas de la Marina Auxiliadora, etc. Pero estos temas quedan no solo para las alegaciones, sino también para todas las instituciones importantes que tendrán que revisar e informar la llamada adaptación del planeamiento. En todo el documento de adaptación subyace un ruido imposible de ocultar: el reconocimiento, parcial y todavía no definitivo, pero reconocimiento, de que las cosas se estaban haciendo mal.

Se ha dicho recientemente que la adaptación del planeamiento va en la buena dirección, lo que evidencia que todavía no ha llegado a su destino: alguien puede estar pensando que ha conseguido colar con calzador la avenida en el Cabanyal. Sin embargo la corrección política a la que antes aludíamos tiene otro significado: La Generalitat y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tienen que decirle al Ayuntamiento que tire el calzador, que no deshilache más el tejido del Cabanyal, que renuncie a inventos raros y que ajuste de forma sencilla, eficaz y eficiente la planificación del barrio a lo que se le está demandando.

José Ignacio Casar Pinazo es arquitecto