Sanidade da tres meses para cambiar de hospital a los pacientes de Povisa

El concierto de sanidad privada más caro de España continuará en vigor durante los próximos 10 años. El Sergas y Povisa firmaron ayer la renovación por ocho años más dos de prórroga de un convenio nacido en 1993 para atender en el hospital privado vigués a la población que la red pública era incapaz de asumir, y que cuesta 75 millones de euros anuales a las arcas autonómicas. Cuando falta oficialmente menos de un año para que entre en funcionamiento el nuevo hospital de Vigo, la Xunta asume que seguirá necesitando del apoyo del centro del Grupo Nosa Terra.

El nuevo convenio, del que solo se han desvelado algunos detalles, sustituye la adscripción de tarjetas sanitarias por zonas geográficas por un sistema de libre elección, y en vez de establecer un canon por cada paciente efectivo lo hace por cada tarjeta asignada: 540 euros anuales, haga o no uso del hospital. La cartera de servicios no sufre alteraciones y se establece un máximo de 139.000 pacientes, aproximadamente los mismos que tiene en la actualidad. Pero la capacidad de cambiar de hospital será limitada, ya que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo restringirá a un período de tres meses que se abrirá antes de este sábado y finalizará el 30 de noviembre. Además, fuentes del hospital han asegurado a tres miembros del comité de empresa que la Xunta le garantiza un mínimo de 120.000 pacientes. Las restantes condiciones del cambio se conocerán esta semana, cuando el Sergas publique la correspondiente resolución.

El nuevo concierto especial, que entró en vigor ayer mismo, coincide con el despido de 12 empleados del hospital, algunos con hasta 10 años de antigüedad. La razón esgrimida por el Grupo Nosa Terra es la supuesta vinculación de sus puestos de trabajo con el anterior concierto, que seguía en vigor bajo sucesivas prórrogas. “Es indignante que una empresa con 11 millones de beneficios esté despidiendo gente”, lamentó la portavoz del comité empresa, María Xesús Neira.

Solo en lo que va de 2014, el hospital propiedad del empresario José Silveira Cañizares multiplicó por más de cuatro sus resultados, que pasaron de 2,4 millones al cierre de 2012 a 11,3 millones de euros, y aumentó su cifra de negocio de 99,7 a 102 millones. Ello es debido, entre otras causas, al incremento de la factura al sector público y a las sentencias de dos litigios presentados contra el Sergas, relacionados con un exceso de actividad entre 2001 y 2005 por atender un volumen de pacientes superior al máximo fijado en el convenio que firmó con la Xunta en 2000, según figura en el informe de gestión de la sociedad remitido al Registro Mercantil.

El comité de empresa denunció que, a pesar de los despidos, durante julio y agosto se contrató, y en peores condiciones, a “bastantes personas”, lo que Neira atribuye a la intención de precarizar el empleo en el hospital. La portavoz del comité denunció que no solo “hay un déficit de personal”, sino que se han empeorado las condiciones laborales mientras la empresa se niega a negociar un nuevo convenio colectivo.

El intento de la empresa de sustituir el convenio colectivo por el del sector fue el motivo de una huelga que paralizó distintos servicios del hospital en el verano de 2013. Durante el paro, que se desconvocó tras fallar la justicia en contra de la intención de Povisa, la Xunta se desentendió de los pacientes, al argumentar que era un conflicto interno en una empresa privada. La compañía, mientras, no solicitó derivaciones para los casos más graves ni subcontrató con otros hospitales al entender que no estaba previsto en el concierto.

Además de criticar la actitud de la empresa, María Xosé Neira responsabilizó en última instancia a la Xunta y al Sergas de los despidos. “Todo esto es culpa del PP, con su política de recortes”, acusó, y recordó que los problemas laborales en Povisa “son un perjuicio para los usuarios porque merman la calidad de la atención”. La portavoz del comité criticó que se permita a una empresa “despedir mientras gana importantes sumas”, buena parte de ellas procedentes de fondos públicos, y lamentó que la Inspección de Trabajo y los jueces “miren para otro lado y permitan que se incumplan sentencias”.