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OPINIÓN

Una cuestión personal y familiar, en efecto

Jordi Pujol no puede limitarse a pedir excusas: debe responder ante los afectados, toda la ciudadanía catalana

Que el papel lo aguanta todo lo prueba el hecho de que, desde que Jordi Pujol hizo pública su confesión el pasado mes de julio, los ciudadanos catalanes han tenido oportunidad de leer las más diversas interpretaciones, así como las más variopintas previsiones acerca de los efectos de la autoinculpación.

No han faltado quienes, fieles a su costumbre de endosar al enemigo exterior (esto es, a España) cuantos problemas, dificultades o aspectos negativos se puedan producir entre nosotros, han atribuido “al autonomismo” tanto el hecho de que el expresidente de la Generalitat no encontrara el momento de regularizar su situación fiscal, como el supuesto enriquecimiento ilícito de sus hijos a través de comisiones ilegales, sin, por descontado, tomarse la molestia de explicitar qué nexo causal vincula estructura autonómica del Estado y las mencionadas conductas. A partir de tan injustificada premisa, nada más fácil, contra toda evidencia, que afirmar que la revelación de Pujol no solo reafirma el proceso hacia la independencia emprendido en Cataluña sino que incluso le proporciona renovadas fuerzas.

Pero ha habido una interpretación tal vez más merecedora de análisis desde el punto de vista político. Es la llevada a cabo por Artur Mas, pretendiendo restarle trascendencia a lo ahora conocido a base de considerarlo una cuestión estrictamente “personal y familiar”. No hará falta insistir en lo que ya han señalado diversos analistas respecto a la dimensión ineludiblemente pública del comportamiento de Jordi Pujol. Aunque no es la primera vez que el actual presidente de la Generalitat privatiza determinados comportamientos incómodos, considerándolos una mera cuestión personal que debe quedar al margen del escrutinio y el eventual reproche de los ciudadanos.

Así, cuando en alguna ocasión se le ha observado —tanto a él como a otros políticos de diferente color ideológico, todo hay que decirlo— la aparente contradicción de que defendiera para las escuelas públicas y concertadas un determinado modelo de inmersión lingüística mientras mandaba a sus hijos a escuelas privadas en las que no se seguía dicho modelo, la respuesta ha sido del mismo tenor: “es una cuestión personal”. Nada que objetar a la respuesta si no fuera porque lo inverso es imposible, y cuando alguien —hemos de suponer que por razones personales tan respetables como las de Artur Mas— ha intentado que en el modelo se introdujera alguna rectificación, por pequeña que fuera, de inmediato ha recibido por parte de quienes no parecen quererlo para sus propios hijos severos reproches de marcado carácter político, como el de poner en peligro la convivencia en Cataluña, conspirar contra la supervivencia del catalán y cosas parecidas.

Si no quedamos enredados en las anécdotas, comprobaremos que estamos ante una concepción de la cosa pública en la que es el poderoso el que decide acerca de qué rinde cuentas y acerca de qué tiene derecho a guardar silencio. Incluso es también él quien determina el momento para cada cosa (això no toca). En este sentido, Mas es, como él mismo ha reconocido, un digno hijo político de Pujol.

Alguien podría pensar que, al hacer pública una carta abierta a toda la ciudadanía catalana informándole y pidiendo perdón por los hechos, éste estaba reconociendo que su comportamiento iba mucho más allá de lo estrictamente personal. Pero repárese en que el reconocimiento tiene un cierto parecido con el llevado a cabo, hace un par de años, por el anterior Jefe del Estado tras sus escandalosas andanzas africanas. Se diría que Jordi Pujol se ha mirado en el espejo del rey Juan Carlos y ha llegado al convencimiento de que, como él, se trataba de pasar el trago de aparecer en público, reconocer lo ocurrido, pedir perdón y prometer que no se repetirá.

Ahora bien, las excusas pueden satisfacer a quienes consideren que la única recriminación que cabe plantear a determinadas personas es la de haber incumplido la obligación de ejemplaridad a la que vienen obligadas en función del destacado lugar que ocupan en la sociedad. Pero la ejemplaridad no puede en ningún caso sustituir a la responsabilidad. Por ello, no basta con pedir excusas: hay que responder ante los afectados, que en este caso es toda la ciudadanía catalana, pues es a toda ella a la que, como mínimo (posibles enriquecimientos ilícitos al margen), se engañó de manera continuada y persistente a lo largo de décadas.

Finalmente Jordi Pujol —tras un mes remoloneando y arrastrado por la totalidad de los partidos— comparecerá ante el Parlament, no sin antes haber presentado una denuncia contra los responsables de haber vulnerado el secreto bancario andorrano, en una actitud calificada con toda justicia por Joan Herrera como indecente pero que, en todo caso, acredita la concepción de lo público y de lo privado (incluyendo en este último apartado a la familia) que el expresidente tiene. El dinero de los Pujol solo a los Pujol compete, se diría que piensa. Lo mismo que parecía pensar, por cierto, respecto a la Generalitat hace años, cuando, con el silencio cómplice de quienes hoy lo repudian, planeaba una sucesión dinástica al frente de la presidencia de la institución. Bien mirado, para Jordi Pujol, Cataluña por entero ha sido siempre una cuestión personal y familiar.

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona.