“Nunca pensamos que pudiera ser un apartamento ilegal”

“Nos han arruinado las vacaciones”, lamentaban ayer cuatro noruegas de 28 años en el 5º 2ª del número 37 de la calle de Atlántida, en la Barceloneta. Llevaban “unas 15 horas” sin agua corriente y un día sin poder salir a disfrutar de la ciudad o la playa. “Tenemos que esperar a que nos llame el dueño del piso. Está buscando un hotel que cueste lo mismo que lo que nos ha cobrado”, explicó Andrea. Volvían de una mañana de compras el pasado miércoles cuando encontraron un cartel en la puerta que decía que el apartamento turístico que habían alquilado carecía de licencia.

Andrea y sus amigas tuvieron la mala suerte de hospedarse en uno de los 35 pisos turísticos ilegales a los que el Ayuntamiento de Barcelona ordenó el cese de la actividad el pasado miércoles. Fue detectado por uno de los equipos del plan de inspección en la Barceloneta, puesto en marcha el pasado lunes como respuesta a las protestas de los vecinos del barrio. Un día después, las turistas seguían allí, pese a que el Consistorio asegura que el cese ha de ser inmediato.

Los vecinos de este edificio afirman que están “contentos” con la medida. “Hace tres años que tenemos gente que viene en manada, pone música por la noche, estropea el telefonillo y hasta patea la puerta cuando se emborracha”, cuenta el presidente de la comunidad, Julio Sánchez.

Pedro Riera y su mujer, de 78 y 83 años, admiten que, al vivir en la primera planta, el alojamiento no les causaba muchas molestias. Aplauden, sin embargo, que se cierren estos apartamentos. “Hace cuatro años tuvimos que gastar 1.500 euros en construir una pared para amainar el ruido que venía de la otra finca, donde hay otro de estos. Mi mujer se iba a otra habitación cada noche porque ni con las pastillas conseguía dormir”, recuerda Riera.

“Me iré con mi dinero a invertir a otra parte”, dice el dueño de un hostal

“Nosotras tenemos hijos y familia en Noruega, no hemos venido en busca de fiesta”, defiende Andrea. Ella y sus amigas han pagado 750 euros por un piso que encontró en Airbnb. “Nunca pensamos que pudiera ser un apartamento ilegal. ¡Es una empresa tan grande a nivel mundial!”, afirma. “Solo queríamos estar juntas y no en habitaciones separadas”.

Calles más arriba, David Osorio recibe a un par de turistas recién llegadas a lo que él presenta como el hostal Be Happy. “Hay algo que os tengo que decir”, anuncia antes de entregarles las llaves. Un equipo de inspección había visitado el día anterior los cinco pisos de los que es inquilino en una finca de la calle de Atlántida. Concluyeron que los realquilaba como apartamentos turísticos sin tener licencia. “Yo alquilo habitaciones, no pisos. Intenté pedir la licencia tres veces, pero siempre me la negaron”, se defiende.

Osorio, de 28 años y responsable del “hostal”, afirma que está “indignado” y “dolido”. “Daba trabajo a cuatro personas y clientes a los negocios del barrio. Ahora cerraré y me iré con mi dinero a invertir a otro lugar”, asegura a las puertas de la oficina que alquiló y nunca llegó a abrir.

Su negocio, que incluye una página web en la que hasta el miércoles se podía reservar pisos de otros titulares, opera desde hace tres años, aunque la sociedad se constituyó el año pasado. Osorio se excusa en que cuando comenzó no sabía que existía un Plan de Usos en Ciutat Vella que prohibía otorgar nuevas licencias. “La dueña de la finca dijo que ella se encargaría. Como vi que no lo hacía, lo intenté yo, pero la Administración nunca nos dio la oportunidad”, se queja.

Ahora, ha decidido marcharse “para siempre” de la Barceloneta y dejar atrás “el acoso” al que, afirma, le han sometido los vecinos durante la última semana. “He tenido que poner cartones en la ventana porque tiran huevos y me toman fotos. A los huéspedes también, y las cuelgan en Internet”, denuncia mientras enseña el cristal roto de una de las ventanas de sus pisos que, asegura, fue obra de unos vecinos. Andrea y sus amigas tampoco se sienten bienvenidas en el barrio: “Por ahora, no queremos saber más de apartamentos turísticos”.