La nueva ley de formación vetará a las empresas ‘cazasubvenciones’

Las entidades que pretendan gestionar fondos de formación para trabajadores y parados no podrán vivir exclusivamente de las subvenciones. Es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional de Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. La ley contará con un presupuesto de 1.200 millones de euros para su implantación cuando esté definitivamente aprobada, algo para lo que no hay fecha aún.

La presentación de esta ley se produce en un momento en el que varios casos de fraudes en el uso de subvenciones de formación para el empleo, dentro y fuera de Andalucía, han puesto en cuestión el sistema de reparto de este tipo de fondos. En uno de los informes de la Udef sobre el exconsejero andaluz Ángel Ojeda ya se apuntaba al entramado creado por el también empresario para captar esas ayudas.

La nueva norma incluye controles adicionales. Por ejemplo, el veto a las empresas cazasubvenciones. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha reconocido que se han dado casos de “empresas que se creaban para recibir subvenciones”. Por ello, la nueva norma exigirá que las entidades privadas tengan “autonomía financiera suficiente”. Es decir, “en ningún momento podrán depender exclusivamente de las subvenciones”, según Alonso. Además, “aquellos centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema”.

Los cursos de formación para trabajadores y desempleados tendrán que ofertarse a través de una red de centros oficiales, en la que convivirán públicos y privados. Como medida de control se creará un registro. “Las organizaciones empresariales, los sindicatos, las federaciones de cooperativas o las empresas sólo podrán impartir la formación profesional a través de centros que sean de su titularidad y que estén autorizados como tales”, apunta el Gobierno andaluz.

En la nueva ley, se incluyen algunas de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas hizo sobre el reparto de fondos tras analizar la gestión de la Junta en los últimos años. Se prohíbe ahora que la Administración recurra a las exoneraciones, que permiten a las entidades recibir nuevas subvenciones a pesar de no haber justificado las anteriores ayudas recibidas.

También cambia la forma de repartir los fondos, que se hará por concurso público. “La concesión de subvenciones a los centros privados y de otras Administraciones se realizará a partir de ahora mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva”, según el Gobierno regional. Aunque se exceptúa “las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación”, que sí se podrán realizar a través de “concesiones directas”, “como señala la normativa estatal”.

La ausencia de concursos ha dominado en años anteriores el reparto de este tipo de fondos en Andalucía. La Cámara de Cuentas advirtió en su auditoría: “el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva”. El Gobierno central también ha planteado limitar este tipo de adjudicaciones directas en la normativa estatal.

La Cámara de Cuentas también resaltó que “sólo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad”. Eso también se pretende cambiar ahora con la nueva ley. “Se establece como prioridad las enseñanzas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad”, señala la Consejería de Educación.

El objetivo principal de la nueva norma andaluza es unificar la FP inicial (que se imparte dentro del sistema educativo reglado y va dirigida a los alumnos de entre 16 y 24 años) y la denominada formación para el empleo (dirigida a trabajadores y parados y que es la que está en cuestión tras los fraudes detectados).