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Garitano extiende en 14 municipios su plan foral de paz y convivencia

Gipuzkoa concede este año 120.000 euros para “recuperar la memoria histórica”

Martín Garitano en junio de 2013 la presentación de su plan de paz en San Sebastián.
Martín Garitano en junio de 2013 la presentación de su plan de paz en San Sebastián.

El plan de paz y convivencia de la Diputación de Gipuzkoa, presentado hace ahora poco más de un año y del que el Gobierno foral de Bildu no ha ofrecido detalles de su evolución ni qué resultados ha deparado, se despliega por un total de 14 municipios del territorio que está llevando a cabo “iniciativas para recuperar la memoria histórica” con la intención de “aclarar el pasado, curar las heridas [que ha dejado la violencia] y construir una nueva convivencia”, asegura la directora foral de Derechos Humanos, Marina Bidasoro. Entre los Ayuntamientos implicados en este programa se encuentran San Sebastián, Mondragón, Rentería, Zarautz, Lasarte-Oria, Tolosa, Hernani, Azpeitia, Orio, Urnieta y Getaria, todos gobernados por Bildu, además de Irún, en manos del PSE, y de Elgoibar y Hondarribia, con alcaldes del PNV.

La Diputación de Gipuzkoa ha concedido este año ayudas por un total de 120.000 euros para desarrollar su “programa de convivencia” en los municipios. Es una suerte de banco de pruebas a escala local donde el Gobierno de Bildu quiere asentar su estrategia de convivencia y normalización.

El denominado Plan de Derechos Humanos, Recuperación de la Memoria y Convivencia, un documento de 53 páginas que Garitano hizo público en junio de 2013, aboga por alcanzar una situación de “normalización” mediante la aplicación de instrumentos judiciales, como “las leyes de amnistía e indulto, investigación, procesos judiciales y sentencias penales”, y otros de orden político, como “las indemnizaciones, reconocimientos morales y los homenajes a la memoria de las víctimas”.

Los objetivos

El Plan de Derechos Humanos, Recuperación de la Memoria y Convivencia de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, aboga por aplicar los principios que inspiran la “justicia transicional”, entre los que cita “las leyes de amnistía e indulto”, para avanzar hacia una reconciliación en Euskadi que permita “sanar las heridas” y “tomar en cuenta el daño causado a todas las víctimas sin distinciones, ni clasificaciones ofensivas”.

 Entre las soluciones que recoge dicho plan figura la aplicación de una justicia transicional que permita “realizar el tránsito de una situación de conflicto a un tiempo de paz”, siguiendo el modelo aplicado en países con “conflictos armados” como Irlanda, Suráfrica, Yugoslavia, Chipre, Argentina, Chile o Perú.

Los partidos de la oposición consideran que los pasos que ha dado el equipo de Garitano en esa dirección han sido inapreciables. Rafaela Romero, portavoz del PSE en las Juntas de Gipuzkoa, opina que el plan “no tiene contenido” y que su aplicación se reduce a “una política de subvenciones”. “Tiene muchas carencias, porque no existe un reconocimiento a todas las víctimas de la violencia. Garitano ha preferido seguir recibiendo en el palacio foral a grupos afines a la izquierda abertzale, como Segi, o mostrar su apoyo a los presos de ETA”, afirma la socialista.

Un portavoz del PNV opina que el plan está “en vía muerta”, salvo las acciones “puntuales” que se están haciendo en algunos municipios y de las que “no sabemos nada”. Este partido tiene previsto interpelar al diputado general en el próximo pleno de Política General de septiembre por las acciones que se han concretado hasta ahora.

La Diputación organizó en octubre del año pasado un seminario sobre la aplicación de la “justicia transicional” en Euskadi, en la que se debatieron asuntos como el apoyo a las víctimas, los casos de tortura o la política penitenciaria. Esta misma semana, Garitano ha firmado un decreto por el que concede a Irati Olega una beca de 10.000 euros para que realice un curso posgrado en el Instituto de Justicia Transicional en la Universidad del Ulster (Irlanda).

En paralelo, subraya Bidasoro en un escrito remitido por la Diputación, los municipios continuarán “trabajando en la recuperación de la memoria histórica”. Otros, como Gabiria, Zumarraga, Aia, Zizurkil, Elgeta, Ataun, Soraluze, Legorreta, Villabona, Ormaiztegi y Ordizia, se centrarán en dinámicas de participación ciudadana con la finalidad de “darse cuenta de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el territorio desde la Guerra Civil hasta la actualidad”. “Es recomendable llegar a un acuerdo político entre todos en los ayuntamientos y que nos esforcemos en dejar al margen la rentabilidad política”, subraya la responsable foral de Derechos Humanos.