El PP vincula el caso de los ERE con el de los cursos de formación

El portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado que el caso de los ERE y el de los cursos de formación están “vinculados” porque “los actores son los mismos” y el dinero fue otorgado con el mismo procedimiento, informa Efe. Sanz ha dicho que el fraude en la formación va camino de convertirse en un caso “aún más escandaloso” que el de los ERE ya que “se estaría hablando de un montante económico de 4.000 millones”, ha asegurado Sanz sin dar más detalles sobre este cálculo.

“Los ERE, la formación y [Ángel] Ojeda tenían el mismo modus operandi, a través de fondo de reptiles y de subvenciones sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia competitiva. Eran ayudas extraordinarias directas, saltándose todos los procedimientos”, ha argumentado Sanz tras cifrar en 55 millones la cantidad defraudada por el exconsejero Ojeda —el último informe policial lo sitúa en 49,8 millones—. Sanz ha considerado “de extrema gravedad” que la Junta siguiera concediendo ayudas a Ojeda “aún a sabiendas de denuncias judiciales que alertaban de las irregularidades que se venían cometiendo”.

En este sentido, Sanz se ha apoyado en una ayuda de 113.341 euros firmada por el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas a Prescal, una empresa vinculada a Ojeda. “Esto demuestra que desde la Junta no solo se apoyaba a esta empresa sino que los casos de la formación y de los ERE constituyen un fraude generalizado, masivo y continuado del dinero de los parados”, ha precisado Sanz, quien ha añadido que la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido —cuñada de Ojeda— otorgó 5,3 millones a sociedades del exconsejero.

El popular ha asegurado que de los 102 expedientes avocados a Florido 99 están pendientes de justificar (que suman ayudas por 25,8 millones) lo que, en su opinión, significa que el Gobierno andaluz y su presidenta, Susana Díaz, tienen “una gran responsabilidad por inacción y falta de colaboración” para resolver este asunto. “La Junta no tiene ningún interés en exigir responsabilidades”, señala.

Sobre la petición al Gobierno de una “vía exprés” jurídica para recuperar el dinero público defraudado, Sanz ha recordado que la Junta “tiene un procedimiento administrativo de apremio, por lo que no se lo tiene que pedir a nadie”.