616 euros desatan la polémica en Vitoria

“Si alguien comete fraude, es para dar de comer a sus hijos, no para poner dinero en un banco suizo”. Mohammed Satglarhezal tiene 37 años, lleva casi 20 viviendo en España y dos en Vitoria, donde asegura que “nunca” se ha sentido rechazado. Su país de origen es Marruecos, pero no pertenece al 22% de los magrebíes de Álava (1.950 de 8.606) que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Tanto su hermana como sus allegados cobran esta ayuda del Gobierno vasco con la que se trata de garantizar un ingreso mínimo de 616 euros a los más necesitados, sean españoles o no. El pasado julio alcanzó, con 65.568 beneficiarios, su cifra más alta.

Las últimas semanas, este subsidio ha sido objeto de las críticas del PP alavés. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, apuntaba el pasado julio que colectivos como los marroquíes y los argelinos viven “en su mayoría de las ayudas y no quieren trabajar”. Su partido ha apoyado estas opiniones para abrir el debate de que las ayudas sociales, superiores a las del resto de España, crean un efecto llamada entre la población extranjera.

Las asociaciones que trabajan con inmigrantes tildan a Maroto de “xenófobo” y “reaccionario”, y piden que el Ayuntamiento le declare persona non grata.

Los datos del Observatorio Vasco de la Inmigración, de agosto de 2014, desmontan en parte esta teoría, al revelar que el número de inmigrantes en Euskadi descendió en 2013 por segundo año consecutivo. El estudio verifica que el último curso salieron de Euskadi 7.960 extranjeros, reduciendo en un 5,3% el total. El País Vasco es la quinta comunidad con un índice menor de extranjeros por habitantes (un 6,4%).

El Ayuntamiento afirma que la asistencia municipal ha atendido al 59% de los marroquíes empadronados en Vitoria, una cifra que alcanza el 72% entre los nigerianos. El 36,9% de los atendidos durante los últimos seis meses, además, eran inmigrantes sin empadronar o empadronados en el último medio año. Al hablar de la Renta de Garantía de Ingresos, la prestación alcanza a uno de cada cinco magrebíes.

Este servicio de prestación que el PP critica ya se endureció en 2011, cuando la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, impulsada por el PP y PSOE, impuso que solo pudieran acceder a la RGI los ciudadanos que llevaran empadronados más de tres años. Hasta ese momento, era suficiente con seis meses. El PP pedía entonces un mínimo de cinco años para tener derecho a esa ayuda.

“Veníamos a Euskadi porque había más trabajo que en el resto de España, no por la ayuda”, apunta Satglarhezal. “¿Cómo va a crearse un efecto llamada si uno tiene que pagar un piso de 500 euros por lo menos durante tres años para luego recibir la ayuda?”, insiste, al apuntar que los inmigrantes no se quedarán en el País Vasco si no hay trabajo.

El diputado general de Álava y secretario general del PP alavés, Javier de Andrés, ha planteado, además, limitar las ayudas en el tiempo para “no garantizarlas de por vida”. Un estudio hecho para el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) apuntaba que solo el 7% de la población extranjera recibe ayudas por un periodo superior a seis años, “algo que se dispara a un 43% en los autóctonos”.

“No se puede juzgar a todos por lo que hacen unos”. En eso coinciden tanto Satglarhezal como Santiago, un vecino vitoriano de su misma edad que lleva cobrando el subsidio desde hace dos años.

“Desde que cobro la ayuda lo paso peor, porque la gente no hace más que preguntar qué hago con mi vida”, comenta Santiago, que dice que odia el sistema de la RGI por “la falta de atención” que le dan. “Las propias trabajadoras sociales me dijeron que los moros se lo llevan todo. No quiero que me comparen con otros, solo que solucionen mi problema”, asegura este vitoriano que se enfrenta a todo tipo de cursos de formación.

Los perceptores de la RGI, una ayuda que se entrega a todo el que cumpla una serie de requisitos, tiene una serie de condicionantes: tienen que recibir formación del centro vasco de empleo y gestor (Lanbide), y aceptar el empleo cuando se lo ofrezcan. Sathlarhezal asegura que con el más mínimo error se la puede quitar: “Un amigo se quedó un día más de lo convenido en Marruecos y le quitaron un año de ayuda”.

Aunque se cumpla lo estipulado, los fraudes pueden darse por falta de control. Ninguno de los receptores oculta que existan. “Hay gente que no se esfuerza por salir adelante, pero ocurre en todas las nacionalidades”, aseguran fuentes de Lanbide. Santiago reconoce que a veces él está más “atento a buscar trabajo” que el propio centro. Por eso, no ven complicado que alguien pueda saltarse la normativa, al existir poco control.

El nivel de fraude en estas subvenciones es solo del 1%, según el Gobierno vasco

El Gobierno vasco asegura que la bolsa de fraude detectado no superó entre 2012 y 2013 el 1% de los beneficiarios y que, de las 11.050 prestaciones que fueron suspendidas por irregularidades, el 90% fueron recuperadas al subsanar errores o negar indicios.

Sathlarhezal es especialmente crítico con el foco que se ha puesto en los magrebíes en la capital vasca. Álava no es siquiera la provincia donde los inmigrantes del norte de África perciben más RGI. El 28% de los magrebíes empadronados en Bizkaia cobran la ayuda del Gobierno Vasco. En Álava, a su vez, los subsaharianos ascienden, asimismo, al 28%.

El colectivo magrebí es el tercero que más ayudas recibe en toda Euskadi, después de los autóctonos y los de Sudamérica (un 16% de este grupo cobra la RGI), aunque porcentualmente es el primero. Satglarhezal siente que a ellos se les ataca más que a los demás, y que el mensaje crea un rechazo acaban sintiendo incluso sus hijas, nacidas en España.