Educación amplía los conciertos con los centros que segregan por sexos

Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas vuelven a estar plenamente bajo el paraguas del sistema educativo público. En realidad nunca dejaron de estarlo, pese a que numerosas sentencias judiciales —la última, del Tribunal Supremo, el pasado julio— habían declarado que los conciertos públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley educativa. La Consellería de Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un leve recorte a la espera de que, como había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, legalizara las ayudas de la Administración a esos centros. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, ya está en vigor y a eso se acogió la Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una orden que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG).

 Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían dictaminado claramente que la anterior ley educativa prohibía la discriminación de los alumnos en función de su sexo. Por tanto, la doctrina jurídica establecida era que los conciertos con los colegios que segregan a niños y niñas, vinculados al Opus Dei, vulneraba la legislación. Tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaron en varias ocasiones que no discutían el derecho de los padres a elegir lo que ellos llaman “educación diferenciada” sino que entendían que la ley no permitía darles amparo económico desde el sistema público.

Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los conciertos y ganando tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes recursos sin resolver. Educación mantuvo unos conciertos que, según datos aportados en su día por los sindicatos y no desmentidos por el Gobierno gallego, suponían para las arcas públicas unos tres millones de euros al año, en medio de una política de recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad educativa. Hasta que, el curso pasado, la avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una medida: el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció que suspendía los conciertos únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que impartían ese nivel, Las Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A Coruña. En los demás niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos perjudicaría a los padres que ya habían decidido escolarizar a sus hijos con ese modelo educativo.

Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los obstáculos legales para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta no tuvo más que esperar a que la norma entrara en vigor. Y la orden publicada este lunes en el DOG restablece los conciertos en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios citados con el argumento de que así lo permite la disposición transitoria segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la Xunta renueva además los conciertos con esos cuatro centros en otros niveles educativos, así como con otro más que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, especializado en Formación Profesional.

La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en el DOG en pleno agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos educativos con centros privados. Con todo, oposición y sindicatos volvieron a arremeter contra la política del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta materia. Para los socialistas, la decisión es una muestra de “sectarismo ideológico radical” del Ejecutivo del PP. El diputado autonómico Vicente Docasar instó además a la Xunta a que “busque la fórmula para que esos cinco colegios vinculados al Opus devuelvan el dinero cobrado indebidamente” durante los últimos años. El también diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación de “declararse en rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce.

El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en conjunto, los conciertos con centros privados sumarán el próximo curso 58 unidades más “mientras en la pública se recorta profesorado”.