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El juez rechaza desimputar a dos excargos implicados en el ‘caso Calatrava’

Esquerra Unida se persona en la causa, ampliándola al exsecretario de Turismo, Luis Lobón

El juzgado de Instrucción 5 de Castellón ha rechazado desimputar a Fernando Benzo, exresponsable de la oficina de Santiago Calatrava, y a Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, de la causa abierta por presuntas irregularidades en la contratación y adjudicación del Centro de Convenciones, el proyecto del arquitecto valenciano diseñado para Castellón.

Ambos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia, habían solicitado al tribunal el archivo de la investigación. La petición ha sido rechazada, por lo que continúan imputados en la investigación, junto a Calatrava y al exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), Javier de Diego. Todos ellos, salvo el arquitecto, han declarado ya ante el tribunal. Calatrava lo hará el próximo 2 de septiembre.

El Centro de Convenciones fue encargado por la Generalitat al arquitecto en 2008 y pagó 2,7 millones por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, a pesar de que el proyecto presentado excedía el presupuesto de 60 millones fijado por el Gobierno valenciano.

Querella de EU

Esquerra Unida (EU) presentó ayer una querella para personarse en la causa. La denuncia va dirigida contra Calatrava, Fernando Benzo, Eusebio Monzó y, en este caso, también contra el ex alto cargo de la Generalitat Luis Lobón. El grupo considera que en el proyecto se han podido cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y defraudación a la hacienda pública estatal.

El escrito presentado ante el juzgado es similar al que EU llevó ante la fiscalía en 2011 y que fue archivado. El diputado de EU, Ignacio Blanco, señala que la querella está “perfectamente documentada” con el expediente completo del encargo. Así, se ha aportado la correspondencia mantenida entre el despacho de Calatrava y los responsables de la SPTCV que evidencia las discrepancias entre el proyecto presentado por el arquitecto y las características del encargo. Entre otras cosas, han aportado el escrito de necesidades que supuestamente remitió el Ayuntamiento de Castellón a Calatrava y que incluiría unos nuevos requisitos que implicaba un aumento considerable de la superficie donde debía levantarse la obra.