La memoria varada de Lemóniz

La central nuclear de Lemóniz es un agujero entre acantilados. Un precipicio por el que se ha despeñado la historia de la propia planta y de uno de los episodios más significativos del archivo criminal de ETA. Una mole de hormigón abandonada, compuesta por 11 edificios, los que todavía siguen en pie, comida por la maleza, y de cuya paralización definitiva se cumplen este 2014 30 años, los que han pasado desde que el primer Gobierno de Felipe González aprobase la moratoria de las nucleares. Pero Lemóniz murió antes, agonizó hasta 1982 por la confluencia de un activísimo movimiento antinuclear y una feroz campaña de ETA.

La planta y otras instalaciones de Iberduero (ahora Iberdrola, propietaria de la central y para la que hablar de ella sigue siendo un tabú, se excusa un portavoz), entre subestaciones eléctricas, transformadores, torres de alta tensión y oficinas, sufrieron más de 300 atentados, entre ellos, cinco mortales, los de los ingenieros jefes José María Ryan, en 1981, y el del que le sucedió, Ángel Pascual, en 1982, tras el cual la compañía decidió paralizar las obras, que habían arrancado en 1972, con un coste de 210 millones de euros. Además, tres empleados en las contratas de construcción, Alberto Negro, Andrés Guerra y Ángel Baños, murieron tras la explosión de dos bombas.

“Lemóniz es una batalla ganada por ETA y por la izquierda abertzale”, defiende el historiador Raúl López Romo, autor del libro Euskadi en duelo, sobre la central. El también profesor de la UPV sostiene su afirmación por la capacidad de la banda de fagocitar un movimiento, el antinuclear, en un primer momento de marcado carácter pacífico, además de amplísimo — “las movilizaciones contra Lemóniz son unas de las más importantes en cuanto a número de participantes que ha habido en Euskadi en la segunda mitad del siglo XX, solo comparables a las de la amnistía de 1977 y a las de la reconversión industrial”, recalca— pero el cual oscila, según se intensifica la campaña de la banda terrorista, hacia postulados próximos a ésta.

López Romo pone como ejemplo el apoyo de los comités antinucleares a los atentados perpetrados por ETA, “no he encontrado ninguna crítica hacia estos”, además de que las muertes de los militantes de la banda en relación con Lémoniz, cinco etarras fallecieron, “son acompañadas por la publicación de esquelas en la prensa en los que el movimiento los califica de compañeros”. El historiador subraya que, sin la violencia, Lemóniz se habría terminado de construir y habría funcionado porque las movilizaciones sociales no hubiesen bastado para paralizar la planta, un extremo, que sin embargo, no comparte Javier Olaverri, exparlamentario de Euskadiko Ezkerra, formación contraria a la central nuclear.

“En la paralización confluyen varios factores, primero, el movimiento social. En todos los municipios había charlas, actividades y esta presión era insostenible para el Gobierno y para Iberduero”, recalca Olaverri, que además recuerda que la energía nuclear en aquellos años, finales de los 70 y principios de los 80, atraviesa una crisis, y se abandona la construcción de las mismas en varios países. El abogado sostiene también que Iberduero no supo gestionar a nivel político e institucional un apoyo a sus planes, y añade, como último elemento, la violencia de ETA.

Lemóniz, que hasta 1996 estuvo custodiada por 300 guardias civiles y cuyo mantenimiento costaba entonces 12 millones de euros anuales, resulta para López Romo un paradigma del terrorismo. “Terrorismo es sembrar el terror y es lo que aquí sucedió, ETA mató a Ryan y a Pascual, y en ambos casos, tras al atentado, al día siguiente ningún trabajador acudió a su puesto. Esto es terrorismo; matar a una persona y conseguir atemorizar al resto”.

Javier Barrondo, ingeniero jubilado de la central, tuvo que identificar junto a otros compañeros el cadáver del que había sido su jefe, Ryan, después de que apareciese muerto tras unos días secuestrado con un tiro en la cabeza. Del asesinato de Pascual se enteró en Alemania, en un viaje de trabajo, “en el hotel había un camarero español, cuando oímos que habían matado a un ingeniero de Lemóniz le pregunté por si recordada haber oído algún nombre. El primero que le di fue el de Pascual, pero me dijo que no le sonaba. Mi mujer, cuando conseguí hablar con ella por la noche, me lo confirmó”.

Barrondo y sus compañeros se acostumbraron a mirar debajo del coche por si les habían colocado una bomba y a cambiar de itinerario cuando iban a trabajar, también a recibir cartas con el anagrama de ETA, el hacha y la serpiente, en las que les acusaban de ser “enemigos de la patria”. Fueron años de miedo, de verse a las tres de la mañana, despierto, sentado en el borde de la cama y “pensado en por qué me cambiaría de trabajo, con un niño pequeño y otra en camino”.

El ingeniero recalca el cruce de sentimientos de los trabajadores, el saber que formaban parte de uno de los proyectos más importantes de la época, de estar cumpliendo su sueño profesional, aderezado con el temor de poder ser el siguiente. “El ser humano es egoísta y acababas haciendo clasificaciones, viendo qué puesto ocupabas en la lista, pensabas antes que a por mí, irán a por...”. La compañía recolocó a los trabajadores, muchos dejaron la empresa, en otros proyectos. Barrondo acabó siendo jefe de personal.

El fantasma de Lemóniz aparece entre los árboles según se avanza por la carretera que une Armintza y Bakio. Una señal reza “Área restringida bajo vigilancia electrónica. Prohibida la entrada” en la puerta de acceso. Parado en el arcén del acantilado que bordea la planta, un turista belga hace fotos y una pintada con el anagrama de la banda decora la pared de una subestación próxima. El perímetro de la central, vallado, deja entrever, a través de los agujeros hechos en las alambradas oxidadas, el rastro de los últimos que se han interesado por la planta, ladrones comunes en busca de cable de cobre, la Ertzaintza contabilizó en 2013 cinco robos y dos intentos en lo que va de año.