Quiroga cree que hay personas que quitan la RGI a quien la necesita
Obvia que la administración debe pagar a todo el que cumpla los requisitos
La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha asegurado este miércoles ayer que hay personas que no debieran recibir la principal ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que la falta de control de la administración sobre estos casos hace que quienes realmente necesitan esos apoyos se queden fuera por falta de recursos. En una entrevista en Radio Euskadi, la máxima responsable de los populares en la comunidad autónoma se ha sumado al carro de las declaraciones del PP centradas en la necesidad de reformar la legislación vigente para aumentar el control de los perceptores de ayudas.
Lo hizo olvidando que la RGI no se deniega por falta de recursos, sino únicamente por no cumplir con los requisitos establecidos por ley. Para Quiroga, hay ocasiones en las que la “dejación de la administración hace que no se controle que personas que no tendrían que estar recibiendo la RGI la estuvieran recibiendo; ¿eso qué quiere decir? Que hay otras que no las pueden recibir porque los recursos son limitados, no llegan para todos”.
Se hizo eco así de algunas críticas ciudadanas. Esa percepción está alejada de la realidad y, sobre todo, de la legalidad en el caso expuesto por la parlamentaria del PP, el de la principal ayuda social, la RGI, la más cuantiosa.
Sin negociar con ETA
La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha echado este miércoles más sal a la herida de sus pésimas relaciones con el PNV. Aseguró que “hoy no se habría acabado” con ETA, si se hubiese seguido el camino del diálogo y la negociación que planteaba PNV.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Quiroga afirmó que sus palabras en las que aseguró que, si fuera por el PNV, ETA seguiría matando, es la “constatación de una reflexión de la realidad” que ha vivido “durante todos estos años”.
A su vez, negó que el Gobierno del PP bloquee la 'vía Nanclares' y destacó que, si presos como Ibon Etxezarreta —que participó en el asesinato de Juan María Jáuregui— gozan de permisos, es porque cumplen la Ley y se trata de “una realidad” que se da con el Ejecutivo de Rajoy.
La presidenta popular añadió que, “afortunadamente”, se está en otro momento en la sociedad vasca. “Cada día nos damos cuenta del sinsentido que ha sido la existencia de ETA, del dolor que se ha provocado para nada y que hemos vivido una pesadilla que no se tiene que volver a producir”.
¿Es posible que un perceptor quite la RGI a otro por falta de recursos? No. Si el Servicio vasco de Empleo lo deniega no es por falta de fondos o porque hay ya muchos perceptores, sino porque no se cumple el listado de requisitos. Esto se debe a que la RGI es un derecho subjetivo exigible por ley, según el artículo 12 de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. En la práctica, implica que la administración está obligada a concedérsela a todo aquel que cumpla los requisitos legales —por ello, en la última reforma, de 2011, se retocó el apartado de requisitos de acceso para endurecerlos—. Si se le acaban los recursos presupuestados, no puede denegarla, tiene que dotar esa partida de más fondos para atender a esa demanda. Prueba de ello son los esfuerzos económicos realizados el pasado año en Euskadi: el presupuesto final para la RGI y el complemento de vivienda, que también es un derecho subjetivo, excedió en 110 millones el dinero inicialmente reservado a pagar las prestaciones, alcanzando los 435 en total.
La actual presidenta de los populares participó en el debate y en la elaboración de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social aprobada por el Parlamento en diciembre de 2008, un texto en el que se recogió que la RGI sería un derecho subjetivo. Ella elaboró junto a su compañera Laura Garrido las enmiendas de su partido a la ley y presidió la comisión de Trabajo y Acción Social, cuyos miembros se encargaron de negociar la norma que sirve hoy de base para las tres ayudas sociales comunes en toda Euskadi.
Quiroga ha insistido en que hay que reformar la ley para fomentar los controles y “garantizar que se aplica de forma correcta”. El consejero de Políticas Sociales, Juan María Aburto, rechazó este martes reabrir el debate sobre una ley que ya fue reformada en 2011 fruto de un acuerdo entre PSE y PP y cuyos cambios aún están siendo puestos en práctica. Quien incitó el debate en 2011, y quien lo ha vuelto a activar esta vez, el alcalde de Vitoria y parlamentario del PP Javier Maroto, ha criticado este miércoles de nuevo a Aburto y aseguró que él está con la “mayoría social”, la que es partidaria de un sistema basado en la “solidaridad sin abusos”.
La concejal vitoriana de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, dio a conocer un encuentro con Aburto en el que le propusieron cambios en la ley. Según Domaica, “en algunas el consejero no se mostró en desacuerdo”.
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