El SOC abre la convocatoria para que las agencias privadas coloquen desempleados

A las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal se les echa trabajo encima en las próximas dos semanas. Después de más de dos años esperando que la Generalitat cuente con ellas para contribuir en la colocación de parados en colaboración con el Servicio Catalán de Empleo (el SOC) el Diario Oficial publica este viernes la orden del Departamento de Empresa y Empleo por el que se destinarán 3,5 millones de euros a la concesión de subvenciones a estas empresas. Finalmente, la partida proviene de fondos estatales y el SOC debe tener lista toda la documentación durante este verano, para comenzar a derivar desempleados a las agencias de cada municipio en septiembre.

El servicio de empleo pagará a las agencias un mínimo de 725 euros y un máximo de 1.600 por parado al que consigan trabajo: el importe dependerá del perfil de la persona (si es más o menos ocupable) y de la duración del contrato. En cualquier caso, los contratos deberán prolongarse por un mínimo de seis meses. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública ayer, en Cataluña hay 770.400 personas sin trabajo, 69.800 menos que el primer trimestre de este año.

Los 3,5 millones que la Generalitat otorgará a las agencias en concepto de subvenciones irán destinados siempre a contribuir a encontrar empleo a parados con dificultades de inserción: personas de entre 30 y 45 años que lleven más de un año y medio sin trabajo, jóvenes sin formación, o mayores de 45 años que lleven seis meses en paro. Del global del presupuesto se ha reservado una partida para inserción de personas discapacitadas o con enfermedades mentales, que cuentan con un alto índice de paro.

La Generalitat pagará entre 725 y 1.600 euros a las agencias por cada parado al que encuentren trabajo

La participación de los privados en la intermediación laboral ha suscitado duras críticas por parte de los sindicatos CC OO y UGT, que entienden encargar la intermediación a las agencias supone privatizar el servicio público. De hecho, los representantes de los sindicatos votaron en contra en el consejo de dirección del SOC que dio el pistoletazo de salida a la colaboración público-privada. Especialmente beligerante fue UGT, que reprochó a la Generalitat “que permita hacer negocio a costa de los parados”.

El Gobierno catalán entiende e insiste en argumentar siempre que tiene ocasión que los acuerdos que está a punto de comenzar a firmar como “un complemento a la intermediación que se seguirá haciendo desde las oficinas del SOC”. Además, deja claro que las empresas privadas de colocación, que pasaron un proceso de homologación, “están y estarán sometidas al control e inspección del SOC”. La directora del servicio público, Olga Capmany, rechaza el término "privatización" y responde que en algunas ocasiones la colaboración será "público-pública, porque se derivarán desempleados a los servicios de empleo municipales.

Y es que entre las agencias de colocación agrupadas bajo la patronal ACACER hay desde empresas de intermediación hasta los citados servicios municipales, escuelas taller o entidades sin ánimo de lucro, como las asociaciones que trabajan con trabajadores discapacitados.