Alaya elude a un exconsejero aforado en su nueva causa sobre la formación
La juez ultima el envío del ‘caso ERE’ al Supremo y pregunta al fiscal al respecto
La juez Mercedes Alaya ha sorteado la imputación del diputado aforado y exconsejero de Empleo andaluz Manuel Recio en su nueva causa sobre los fondos de la formación para desempleados, por la que acusa a la Junta de Andalucía de otorgar 950 millones en subvenciones entre 2008 y 2011 que permanecen “sin justificar”. En su último auto, la magistrada ha imputado al exconsejero Antonio Fernández por malversación y prevaricación continuados, como máximo responsable de las exoneraciones que permitieron a las empresas e instituciones no justificar el gasto de las subvenciones para la formación durante cuatro años (2008-2011).
Sin embargo, Fernández abandonó el Ejecutivo en marzo de 2010, por lo que las dos últimas resoluciones de exoneración correspondieron a su sucesor en el cargo, el diputado socialista Manuel Recio. Este ex alto cargo es aforado y Alaya no podría investigarle, ya que las pesquisas corresponderían al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Alaya achaca a Fernández haber contravenido la Ley de Subvenciones para permitir que los receptores siguieran recibiendo subvenciones desde la Junta. La juez menciona expresamente los ejercicios 2010 y 2011, pero elude citar al titular de la Consejería de Empleo en esos años. Desde entonces, el Gobierno andaluz no ha vuelto a conceder ayudas para cursos de formación.
Hace dos meses Alaya imputó a 25 ex altos cargos miembros del consejo rector de la agencia pública Idea entre 2001 y 2008, y evitó imputar a cuatro cargos aforados: los dos expresidentes de Idea José Antonio Viera y Francisco Vallejo y los antiguos vocales del consejo Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, diputados en el Congreso y el Parlamento andaluz.
Mientras, Alaya incluye entre sus “hechos indiciarios” la concesión de una subvención a la fundación pública Faffe para la formación de los 1.800 parados que dejó el cierre de la empresa de automoción Delphi en 2007. Fernández está imputado por haber permitido dicha subvención, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en 2008 y con el visto bueno de la Intervención General. En su auto, la juez evita mencionar esta decisión política, de la que participaron varios miembros del Gobierno que hoy son diputados aforados, incluidos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El fondo de la nueva causa sobre la formación reside en estas exoneraciones de la Junta, que eximieron a los entes receptores de las subvenciones de la obligación de justificarlas por la falta de funcionarios para supervisar el gasto. Mientras que la juez interpreta que los responsables incurrieron en malversación y prevaricación tras recibir un informe de la Guardia Civil, la Junta defiende estas resoluciones. La presidenta, Susana Díaz, dijo en Telecinco que Alaya “no habla de fraude”, sino de exoneración, una práctica que su Gobierno eliminó el año pasado. “Nada exime a los receptores de justificarlas a partir de ahora. Hubo un atasco de trámites administrativos y no puedes perjudicar al administrado”, precisaron fuentes del Ejecutivo autónomo para justificar estas resoluciones.
Por otra parte, la juez ha culminado la investigación sobre la rama político-financiera del caso ERE, que afecta a siete cargos aforados —los expresidentes Chaves y Griñan y cinco exconsejeros—, y la semana que viene remitirá esta instrucción sobre el diseño del fondo al Tribunal Supremo. Alaya pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre el tribunal competente que debe instruir esta rama, y el ministerio público señalará previsiblemente al Supremo, dado que hay señalados dos diputados a Cortes. De este modo, Alaya se inhibirá la próxima semana tras un año de análisis de la parte político-financiera y remitirá la exposición razonada al tribunal, cuando la causa acumula ya 201 imputados.
La magistrada acusa, mientras el fiscal reclama prudencia
El examen a las ayudas públicas a los cursos de formación para desempleados desde la Junta andaluza ha generado cinco investigaciones judiciales en cuatro provincias (Sevilla, Málaga, Granada y Almería), incluida la causa de las facturas falsas sobre el sindicato UGT. Mercedes Alaya analiza el procedimiento desarrollado por la Consejería de Empleo, y ha imputado al exconsejero Antonio Fernández por malversación y prevaricación.
La Cámara de Cuentas subrayó en enero irregularidades administrativas y la Fiscalía Superior andaluza apuntó a la posible comisión de delitos, sin concretarlos. Eso sí, destacó el “manifiesto desorden” en la concesión de las ayudas y el incumplimiento de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas hizo ya en 2004. La clave ahora es si los responsables de Empleo prevaricaron o malversaron fondos públicos cuando convirtieron la excepcionalidad en norma y eximieron a cientos de empresas e instituciones de la obligación de justificar las ayudas. La ley subraya que para la exoneración deben concurrir “circunstancias de especial interés social”.
Ayer fuentes de la Fiscalía Superior mostraron cautela: “Las exoneraciones pueden generar responsabilidades contables, penales o administrativas, pero requiere un análisis sosegado”. Las ayudas se concedieron por importe de 950 millones y aún no han sido justificadas, pero la dimensión de cuánto dinero fue defraudado está aún por determinar. Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, estima “excesivo” ver una prevaricación continuada. “No digo que no la haya, digo que no está reflejado en el auto”. Mientras que Alaya sostiene que las exoneraciones vulneraron la ley estatal de Subvenciones, la Junta esgrime que están amparadas por la ley andaluza de la Hacienda Pública.
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