El Gobierno andaluz multará a los anunciantes en cadenas sin licencia

El Gobierno andaluz se ha propuesto acabar, de una vez por todas, con los canales pirata, que según el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) acaparan la mitad del espacio radioeléctrico de las televisiones locales. Y lo va a hacer dándoles “donde más les duele”, en palabras del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios: prohibiendo la publicidad en dichas cadenas. Según ha adelantado el consejero tras la firma del acuerdo alcanzado por la mesa del sector audiovisual, la Junta multará a aquellas empresas y Administraciones que se anuncien en emisoras que carezcan de licencia. “Es la mejor manera para combatir este fraude”, ha asegurado Jiménez Barrios. Además, se sancionará a todas aquellas entidades u organismos que contribuyan a la existencia de estas emisoras y se reforzarán las inspecciones.

Las nuevas medidas para “un mayor control” de las emisiones ilegales quedarán plasmadas en la futura Ley Audiovisual de Andalucía, que el consejero espera que llegue al Parlamento a finales de este año. En ella —que se elaborará, al igual que el plan de ordenación, en base a las propuestas hechas por los colectivos que integran dicha mesa—, el Gobierno andaluz prohibirá la publicidad en los canales pirata y establecerá multas para los anunciantes. “Las sanciones serán lo suficientemente importantes”, se ha limitado a precisar el consejero. “Sabemos que la mejor vía para acabar con estas cadenas es impedirles que hagan negocio”, agrega Jiménez Barrios tras reiterar que la ley del Gobierno central es “insuficiente” para frenar a estas empresas. “Si no se daba este paso iba a ser casi imposible acabar con una de las grandes lacras del sector”, afirma la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández.

Pero el cerco de la Junta va más allá. Además de la publicidad, como apunta Fernández, otra de las principales vías de financiación de los canales pirata son los ingresos derivados del servicio de tarificación adicional. Otro aspecto que también contempla abarcar en su ley el Gobierno andaluz. Según explica el director general de Comunicación Social, David Javier García, la normativa contemplará sanciones para aquellas empresas o Administraciones que contribuyen a la existencia de estas cadenas, los bautizados colaboradores necesarios. En este grupo, como ha enumerado García, entran tanto las compañías que ofrecen el servicio telefónico, los Ayuntamientos que permiten la colocación de un poste o el arrendador del local desde donde emiten. “El Gobierno va a hacer todo lo que está en su mano para acabar con esta práctica”, apunta García. “Debemos conseguir que este tipo de empresas no sean rentables”, agrega la presidenta del CAA, quien confía en que estas medidas contribuirán a reducir en poco tiempo el número de emisiones ilegales.

Ya en su último informe, el Consejo Audiovisual alertaba a las Administraciones de la consolidadión de las cadenas pirata (50,3%) en la comunidad y les reclamaba una mayor implicación. Además, reconocía la dificultad para actuar. Así lo ha confirmado el titular de la Dirección General de Comunicación Social, el órgano competente. “Hay que tener en cuenta que desde que se denuncia hasta que el juzgado da la autorización para entrar en el recinto y prescintar los equipos puede pasar hasta un año y medio”, explica García. “A esto se suma, que quitar el prescinto no es un delito”, agrega. Por ello, tras la actuación, la empresa denunciada cambia el nombre de la sociedad y continua emitiendo. Pese a ello, García recuerda que se han llegado a cerrar varios canales y que la empresa Vit Channel, una de las más importantes, acumula multas por valor de 3,18 millones de euros.

A la bateria de medidas para acabar con las emisiones ilegales, el texto acordado por los colectivos abarca un centenar de propuestas “para ordenar e impulsar un sector estratégico en Andalucía”, que suma más de 2.000 empresas y 35.000 empleos directos. Entre otras medidas, el documento persigue evitar el cierre de las emisoras locales y que se privaticen o externalicen servicios públicos; velar por el buen funcionamiento de los medios y por su transparencia; potenciar la producción propia y establecer incentivos y bonificaciones fiscales, sobre los tributos autonómicos, que afecten al sector audiovisual.