La normativa urbanística entierra el plan de viñedo de Jerez

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) hace inviable el plan especial de viñedo diseñado por el gobierno municipal de Jerez (PP) para reconvertir más de 7.000 hectáreas de la mano del turismo enológico. La legislación no impide que un propietario rehabilite de manera individual una casa de viña y la convierta en un hotel rural, un restaurante, una granja escuela o una pequeña bodega, pero sí prohíbe, como pretendía el Consistorio, que la Junta dé el visto bueno a un marco urbanístico global que permita a cada viñista poner en pie su proyecto sin necesidad de pedir permiso previo a la Administración autónoma.

“La cuestión jurídica es insalvable”, admitió este lunes el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Federico Fernández, quien sí se mostró optimista de cara a buscar “alternativas” que den “una solución al sector en el corto plazo”. Fernández se esforzó en explicar que a priori la norma ya permite que un inversor tramite un plan de actuación en su viña en el plazo de “tres meses”. “A partir de ahí, se pueden buscar más fórmulas para acortar los plazos”, añadió.

Pero esta vía no convence a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, quien responsabiliza a la Junta de “haber firmado el certificado de defunción del plan de viñedo” y se llega a preguntar “por qué no se cambia la ley” si ambas Administraciones están de acuerdo en que la iniciativa “es buena”. “Al final, quedará algo del plan porque habrá que salvar la cara, pero será un sucedáneo, un plan descafeinado”, dijo Pelayo.

El gobierno de Jerez presentó al sector vitivinícola el plan meses atrás. Abrió la puerta a que los 1.500 titulares de viñas del marco pudieran relanzar turísticamente sus tierras suprimiendo toda la tramitación urbanística inicial. El plan municipal era incompatible con la LOUA, pero el Consistorio dio a conocer su proyecto sin mencionar esa irregularidad. La consejería advirtió entonces de la ilegalidad y el Ayuntamiento tampoco frenó una iniciativa que solo llegó a anular cuando la Junta inició un contencioso en el juzgado.

Pelayo lamentó tras la reunión que la ley se convierta “en un rodillo que se cargue el campo” y desde la consejería, en un tono más conciliador, insistieron en destacar que la reconversión que plantea el Consistorio es posible, pero “proyecto a proyecto”. “Eso supone que hay que animar viñista a viñista y que cada uno tenga que tramitar su proyecto, su agua, su luz y pagarlo individualmente”, protestó la alcaldesa.

La magnitud del proyecto municipal también varía en función de quien lo defienda. Pelayo da por hecho que los 1.500 viñistas del marco quieren y pueden costear la rehabilitación de sus casas de viña, las organizaciones agrarias reducen esa cifra a 300 y fuentes de la Junta hablan de “un bluf”. “En el último año no se ha presentado en la Consejería un solo proyecto”, destacan las mismas fuentes, sin reparar en que desde 2013 los viñistas siguen con interés el desenlace del fracasado plan de reconversión.