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La nueva norma modera la polémica y el caos en el urbanismo valenciano

La LOTUP reduce discrepancias entre PP y oposición, pero persiste el desacuerdo

Vista aérea de urbanizaciones en Canet d' en Berenguer en una imagen de archivo.
Vista aérea de urbanizaciones en Canet d' en Berenguer en una imagen de archivo.

El agente urbanizador nació en 1994 de la mano de una innovadora norma aprobada por los socialistas en su última etapa en la Generalitat, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Es la figura de un adjudicatario privado al que se otorga la responsabilidad de desarrollar el planeamiento, la distribución de beneficios y cargas y la cesión de suelo aprovechable a la Administración. Pretendía acabar con la penosa imagen de barrios sin urbanizar. Pero su uso y abuso, sobre todo tras la aprobación por el PP de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) en 2005, lo convirtió en una especie de caballo de Troya de la especulación desaforada. El resultado han sido, como en una foto en negativo, urbanizaciones sin barrio, millones de metros cuadrados incluidos en programas de actuación integrada (PAI) de improbable desarrollo y una debacle financiera y social.

El mantenimiento del agente urbanizador es una de las cuestiones que ha separado en la negociación de la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) al PP de Esquerra Unida y Compromís, que lo consideran una atribución excesiva de potestades públicas a empresas privadas. También les ha separado, por motivos similares, que se consagren las denominadas actuaciones territoriales estratégicas (ATE), que permiten reducir tramitaciones para proyectos de especial envergadura.

Como es lógico, el agente urbanizador, cuyo mecanismo extiende la LOTUP a la edificación (sobre solares sin construir que dificultan completar la ciudad consolidada), no ha sido un obstáculo en el acercamiento de posturas del PP con el PSPV-PSOE. La nueva ley, eso sí, introduce más restricciones a la actuación del agente urbanizador, una vez detectados, con los desastres del urbanismo depredador, su problemas de corrupción, su capacidad de coacción sobre los propietarios de los terrenos, el encarecimiento arbitrario de los costes de urbanización, la falta de información y la vulneración de garantías que recoge la ley de Contratos.

La nueva ley, impulsada por la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y aprobada por las Cortes Valencianas el pasado día 17 con los votos del PP, la abstención de los socialistas y el voto en contra de EUPV y Compromís, ha reducido las discrepancias del Consell con la oposición. Entre otras cosas, como destacó el diputado socialista Francesc Signes, porque deroga cinco leyes y dos reglamentos para aclarar la maraña de normas urbanísticas que dejó esparcidas la fiebre inmobiliaria.

Simplificar la legislación, apostar por el desarrollo urbano equilibrado, la ciudad consolidada y la rehabilitación, introducir garantías de transparencia y racionalizar los instrumentos de planeamiento, con la diferenciación entre planes generales estructurales, competencia de la Generalitat, y planes pormenorizados, que corresponden a los ayuntamientos, son las principales aportaciones del texto legal. Eso dio pie a que el diputado del PP David Serra calificara hiperbólicamente de “vanguardista” la ley y vaticinara que será ejemplo para otras comunidades autónomas e incluso para la UE.

Sin embargo, la “catastrófica” situación del urbanismo valenciano, como la describió Signes, no se resolverá por arte de magia. Quedan disposiciones y reglamentos por modificar y la propia LOTUP presenta problemas para el PSPV-PSOE, como la insuficiente coordinación de los informes que concurren en un proyecto urbanístico o la posibilidad que da la ley de dispensar de obligaciones a las dotaciones privadas. La legalización de viviendas anteriores a 1975 y, en general, de construcciones fuera de ordenación, es otro aspecto polémico.

El PP no aceptó incluir varias enmiendas propuestas por los socialistas a iniciativa del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, para hacer más flexible la norma y que no solo fueran objeto de ordenación las viviendas en suelo no urbanizable ya “consolidadas” o sin expediente disciplinario. Rebeca Torró, concejal de Urbanismo de Ontinyent, donde el problema de los chalés irregulares es notable, proponía hablar de viviendas “existentes” en suelo no urbanizable, dejando fuera las construcciones en suelo protegido.