Las sanciones por amianto se disparan en el País Vasco

Las indemnizaciones, cada vez más elevadas en los casos de incumplimientos o simple dejación en materia de salud laboral, debieran de hacer reflexionar a las empresas sobre el valor de la prevención, dicen las asociaciones de afectados. “Si no les preocupa el bienestar de sus empleados, algunos van a tener que espabilar si no quieren hacer frente a multas cada vez mayores”, aseguran desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie.

 No les falta razón. Hace 10 días el juzgado de lo social número tres de San Sebastián dictó una sentencia en la que condena a Gerdau Aceros Especiales de Europa y a Cofivacasa, SL —encargada de gestionar las liquidaciones de empresas participadas por la SEPI— a indemnizar con 328.508 euros más los intereses que genere esa cantidad hasta el momento en el que la firma pague, a la familia de Pedro María G. Este empleado de la firma Pedro Orbegozo, en Hernani, empresa que después fue adquirida por Acenor, y más tarde por Sidenor, para finalmente acabar en manos de la brasileña Gerdau, falleció en junio de 2013.

El cáncer de pulmón se lo detectaron en noviembre de 2012. No duró ni siete meses. “La indemnización es una victoria, no cabe duda, pero sin recompensa. Nadie quería todo esto, queríamos a Pedro Mari junto a nosotros”, asegura un ex compañero de trabajo con él de la época de Pedro Orbegozo y que milita en la asociación.

Se trata del mismo juzgado que condenó a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a indemnizar con 410.150 euros a la viuda e hijos de un trabajador fallecido en diciembre de 2012 como consecuencia de un mesotelioma pleural derivado de la exposición al amianto durante su actividad laboral.

Son ya 208 los fallecidos oficialmente reconocidos en Euskadi por esta enfermedad

“Fue la sanción más elevada, y creemos que es la tendencia, es decir, a partir de ahora van a salir cada vez más, y más cuantiosas”, explica un portavoz de la asociación que reclama la constitución de un fondo de compensación que evitaría muchos problemas, el más grave, el de las víctimas que se enfrentan al problema de que la empresa en la que aspiraron las fibras de amianto haya desaparecido del tejido industrial.

En el caso P. M. G. el juez condena a Gerdau porque reconoce que ha habido una sucesión de empresas y cada una de las nuevas asume la responsabilidad de la salud y prevención histórica de sus empleados.

Si la firma ha desaparecido el problema para el afectado y su familia es que no hay a quien reclamar. “A un ritmo de diez o quince sentencias por amianto al año —fuentes de la asociación cifran los casos judicializados en torno al medio centenar— el gasto para las empresas puede acercarse en total a los cuatro millones de euros al año, sólo en indemnizaciones, y eso sin tener en cuenta los recargos de prestaciones, es decir, la sanción a los empresarios que aligera la carga de la Seguridad Social, al tener que asumir los empresarios el coste extra de no haber sido diligentes con la salud laboral.

Tan solo en Euskadi son ya 208 los fallecidos oficialmente reconocidos, una cifra que Osalan eleva a unas 350 personas y que Asviamie triplica. El problema es que se han producido muchos casos de patologías que no se reconocían como laborales. Todos coinciden en que a partir de ahora esa cifra va a subir, si no dispararse. El total de trabajadores con seguimiento sanitario por amianto asciende a 6.521 en Euskadi, aunque la cifra apenas si supone el 25% del que la mayoría de los agentes consideran real.

La sentencia de P.M.G. acredita, como el resto de las de este tipo, que la víctima del amianto trabajó en un entorno en el que ese producto no era tratado como un elemento peligroso, potencialmente cancerígeno, y por lo tanto mortal en muchos casos. A este mecánico de laminación, le Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en abril de 2013, apenas dos meses antes de su fallecimiento.