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Los obstáculos a la investigación empañan el aniversario de Angrois

Víctimas y vecinos piden a la Administración más colaboración y menos homenajes

Feijóo con los vecinos de Angrois hace un año, dos días después del accidente.
Feijóo con los vecinos de Angrois hace un año, dos días después del accidente.

La decisión de entregar este año las Medallas de Galicia, máxima distinción autonómica, a las víctimas y héroes del accidente de tren de Santiago justo al cumplirse un año, el 24 de julio, se ha convertido en un problema para el Gobierno gallego. Parte de los afectados no acudirán a recoger el reconocimiento porque se consideran utilizados por los políticos. Y los vecinos de Angrois, que anunciaron que también se ausentarían si el acto se celebra justo en el aniversario, han forzado a la Xunta a aplazar la entrega de su medalla manteniendo el resto, a los equipos de emergencias, en el día 24. Pero tanto las víctimas que sí acudirán a ese homenaje, por entender que es de todo el pueblo gallego, como las que no lo harán coinciden en criticar a las Administraciones por su falta de colaboración con las investigaciones judicial y política del siniestro.

En el tren Alvia siniestrado en la curva de Angrois hace un año viajaban 227 personas, de las que fallecieron 79 y más de 140 resultaron heridas. Más de un centenar de esas víctimas o sus familiares están agrupadas en la Asociación Perjudicados por el Accidente Ferroviario Alvia Santiago (Apafas), la primera en constituirse formalmente y personarse en la causa judicial, mientras que cuatro decenas de ellas forman parte de la Plataforma Víctimas Alvia 01455. Es este segundo grupo, en el que destaca la presencia de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, el que tiene un discurso crítico más político y reclama insistentemente una comisión de investigación parlamentaria, apoyada también pero con menor intensidad por la Asociación mayoritaria. PP y PSOE se oponen recurrentemente con el argumento de que está en marcha un sumario judicial y ya hubo una investigación técnica que determinó que el accidente se produjo solo porque el maquinista del Alvia circulaba despistado, conclusión que no comparte ninguna de las dos asociaciones.

Pero si algo indigna especialmente a ambos grupos de afectados, según coinciden los presidentes de la Asociación, Cristóbal González Rabadán, y de la Plataforma, Jesús Domínguez, son los obstáculos a la investigación del juez instructor, Luis Aláez. Adif y Renfe han retrasado en varias ocasiones la entrega de documentos, lo que obligó a la ministra, Ana Pastor, a reclamar en público a sus subordinados que colaboren con la justicia. El juez también se encontró con el rechazo de la Xunta a aceptar a los tres peritos independientes que había nombrado inicialmente. Dos fueron sustituidos por técnicos autonómicos, cuya independencia es puesta en cuestión por las víctimas.

Ante estos obstáculos, los vecinos de Angrois se han posicionado siempre con los afectados, respaldando sus reclamaciones de investigación. También han recibido todo tipo de homenajes institucionales por toda España. Así que a la hora de recoger las Medallas de Galicia, cuestión en la que las dos asociaciones de víctimas discrepan, los vecinos han optado por no interferir y se limitan a criticar la fecha por considerar, según su secretario, Isidoro Castaño, que ese debe ser “un día de recogimiento y silencio para las víctimas” y no una jornada de homenajes.

Por su parte, los presidentes de ambas asociaciones de víctimas insisten en que es más lo que los une que lo que los separa y ambos dicen comprender y respetar la postura del otro colectivo. “Cada víctima es un mundo”, coinciden los dos.

Malestar también por la Audiencia

D. R.

La instrucción del juez Aláez, que considera que Adif debía haber previsto medidas que paliasen el “previsible” despiste del maquinista del tren, se encontró en noviembre con el rechazo de la Audiencia Provincial de A Coruña. El tribunal levantó las imputaciones que el juez había decretado sobre 22 directivos y técnicos de Adif, decisión criticada por las víctimas.

Tras recabar nuevas pruebas, Aláez volvió a imputar en mayo a 12 de aquellas personas, incluido el presidente de Adif en diciembre de 2011, cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, Antonio González Marín, nombrado por el PSOE. Todos recurrieron y se acogieron a su derecho a no declarar, lo que tampoco sentó bien entre las víctimas.

La Audiencia ha fijado su deliberación sobre estas segundas imputaciones para mañana viernes, apenas seis días antes del aniversario del accidente. Y aunque puede ser que no resuelva aún nada o que su decisión no se conozca hasta varios días después, la elección de la fecha no ha gustado ni a las víctimas ni, en este caso, a la propia Administración.

El cambio de juez instructor hace un mes a petición del propio Aláez y la escasa iniciativa en la investigación del fiscal, Antonio Roma, que respalda la tesis de que nadie en Adif incumplió ninguna norma y de que el maquinista es el único culpable del accidente son otras de las cuestiones que han molestado a los afectados. A su consideración de que la Administración ha entorpecido la instrucción judicial no ha contribuido que, en defensa de Adif, la Abogacía del Estado acusase al juez Aláez de pretender una “inquisición” sobre todo el sistema ferroviario.