La Guardia Civil deshace una trama de venta de contratos falsos en Cádiz

La Guardia Civil cree que los detenidos repetían picaresca. Por eso a esta operación la han llamado Repícaro.No es la primera vez que los agentes y los inspectores de trabajo descubren en Cádiz empresas ficticias que contrataban a gente a cambio de dinero. La nueva investigación repite algunos de los protagonistas que utilizaban el mismo método para defraudar a la Seguridad Social en el entorno de Jerez. En este caso, hay 62 detenidos y 133 imputados. La Administración central cree haber evitado un fraude superior al medio millón de euros.

En la provincia de Cádiz existen 46.000 empresas, 28.700 tienen uno o ningún trabajador Javier de Torre, subdelegado del Gobierno en Cádiz

Estas prácticas se descubrieron en 2010. La Guardia Civil y la Seguridad Social, en una acción conjunta, repetida en 2012, desarrollaron las operaciones Picones y Relisto, en torno a una trama que creaba empresas sin actividad en Jerez y la sierra gaditana. Sus promotores vendían puestos de trabajo inexistentes. Los compradores pagaban por unos contratos para los que no ejercían pero les servían para recibir prestaciones por desempleo, permisos de residencia o maternidad o el tercer grado penitenciario. Algunos de los cabecillas han vuelto a caer en esta Operación Repícaro, con el grueso de implicados en Jerez y Sanlúcar, y con imputados en Madrid, Jaén, Ceuta, Sevilla o Las Palmas.

En este caso se trataba de cuatro empresas fantasma. Dos dedicadas a la limpieza. Otra a la construcción. Y otra en el sector del taxi. En los dos últimos años realizaron 221 movimientos de altas y bajas a la Seguridad Social para 78 trabajadores. La investigación se inició hace un año cuando inspectores de trabajo sospecharon de la irregularidad.

El supuesto cabecilla era un vecino de Jerez que obtenía beneficios en el ofrecimiento de los contratos falsos a desempleados, presos y otros particulares. Cada uno podía llegar a pagar hasta 400 euros. Según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, esta actividad generaba un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y otros conceptos. El fraude, según sus datos, alcanzaba los 584.000 de prestaciones y ayudas cobradas irregularmente, dinero que se va a poder recuperar. La Administración ha sancionado a estas empresas con 537.000 euros, aunque duda de que puedan cobrar estas multas si no es por la vía penal.

“En la provincia de Cádiz existen 46.000 empresas, 28.700 tienen uno o ningún trabajador. Es un volumen muy importante que es difícil de controlar”, detalló De Torre.

Según el último informe de la Guardia Civil, las actuaciones contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social han tenido un impacto económico en España desde 2012 de 9.271 millones. De ahí, que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciara que los resultados de este plan serían remitidos al Congreso para la asunción y estudio de nuevas medidas. En el caso de la provincia de Cádiz la situación es más grave porque algunos de los detenidos han reincidido. Son los que la Guardia Civil ha bautizado como repícaros.