El fiscal ve prevaricación y tráfico de influencias en la depuradora de Borriol

El fiscal instructor de la investigación penal abierta por el escándalo de la depuradora de Borriol atribuye posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas en el proyecto de la depuradora de Borriol al todavía diputado provincial y alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, y al exalcalde de Borriol y exdiputado provincial, Adelino Santamaría. Así consta en un decreto firmado en el que se insta al fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, a querellarse contra ellos y contra dos hijos de Martínez, su socio, un funcionario y un empleado del socio de Martínez.

El fiscal abrió una investigación después de que el edil de Compromís en Borriol destapara los intereses que Martínez, entonces vicepresidente primero de la Diputación, tenía sobre el proyecto que él mismo gestionaba en la corporación provincial. El ahora diputado sin competencias proyectó la obra afectando a una parcela cuya propiedad comparte con sus hijos y por la que iba a recibir, por la expropiación, 51.000 euros por unos terrenos que habían sido valorados en 3.000. El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, siempre se ha desvinculado del escándalo y asegurado que desconocía la propiedad de ese solar. El fiscal instructor concluye que tenía “perfecto conocimiento”.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, destituyó de forma fulminante a Martínez como su número dos, le retiró la cartera de infraestructuras y sacó su solar del proyecto asegurando que no era necesario para la depuradora. El diputado de Compromís, Enric Nomdedéu, decidió llevar el asunto a la Fiscalía asegurando la “connivencia” entre ambos diputados y la posible existencia de tráfico de influencias.

Ahora, el decreto del fiscal instructor (que todavía debe ratificar el fiscal jefe con la querella), confirma la mala praxis y evidencia los intentos de Francisco Martínez para ocultar su nombre en el proceso, así como los vínculos con su socio, Raúl Babiloni. El proyecto de la depuradora sigue en pie en los solares de Babiloni y la Diputación prevé aprobarlo esta semana.

El fiscal recoge los intentos del diputado del PP para borrar su rastro de Franvaltur (la empresa familiar poseedora del polémico terreno): “Otorgó poderes notariales a Luis García del Campillo, empleado de Babiloni y persona de su confianza, quien, a su vez, efectuó en la misma fecha nuevo apoderamiento a favor de Babiloni”. Fue este quien ‘negoció’ con el ayuntamiento.

El decreto del fiscal va más allá y propone una nueva investigación sobre el urbanismo de Vall d’Alba ante la “evidente sospecha” de que Martínez ha podido beneficiarse como alcalde. En el escrito se recuerda que el político está vinculado, además de a Franvaltur, a otras dos sociedades (Gestintur y Prodever) y que estas tienen numerosas titularidades inmobiliarias en Vall d’Alba, “por lo que surge la evidente sospecha de que algunas propiedades de las sociedades puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas de aquel ayuntamiento”. “Es por ello que, a los efectos de investigar la posible actuación urbanística de las tres sociedades y de Francisco Martínez sobre los terrenos que aparecen en ellas aportados y de los titulares, se interesa se deduzca testimonio de los correspondientes particulares a los efectos de incoar diligencias de investigación penal, en principio, para averiguar la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas a funcionarios”, recoge el decreto del fiscal instructor.

Enric Nomdedéu ha manifestado en un comunicado que espera que el presidente de la Diputación "tome de forma urgente decisiones políticas tanto por el tema de la depuradora como de las nuevas diligencias de investigación sobre Martínez y sus empresas".